El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA ha presentado un informe que evalúa el incremento de la crisis social en la última década. El estudio afirma que las consecuencias de la pandemia agravaron un cuadro preexistente, donde ya van diez años de estancamiento económico en el cual avanza la pobreza y retroceden cada vez más las condiciones de vida de las mayorías populares.

Los datos arrojan que el 44,7% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, alcanzando el 56,6% en el conurbano bonaerense. A su vez, en el 47,9% de los hogares el ingreso percibido resulta insuficiente. Por su parte, el 9,8% de los habitantes del país son indigentes, cifra que sube al 13% en el conurbano bonaerense y al 15,7% si nos referimos a los menores de 17 años. En este caso, la pobreza y la indigencia están medidas por el acceso a la Canasta Básica Total y a la Canasta Básica Alimentaria respectivamente.

Ahora bien, más allá de los ingresos, existen otras dimensiones de la vida social sobre las cuales se mide la pobreza, como son las privaciones de derechos tales como el acceso a la vivienda, a la salud, a los servicios básicos y a la seguridad social. El estudio da cuenta que el 60% de la población se ve alcanzada por alguna carencia no monetaria de este tipo.

Para empezar, el 30% de los hogares no cuenta con servicios básicos, como agua de red o cloacas. El déficit habitacional es del 22% en el país. Además, el 30% de las personas en edad escolar presenta problemas en el acceso a la educación, mientras el 26,6% de los hogares ha padecido privaciones en el acceso a la alimentación y a la salud. La situación es tan desesperante que el 55,4% de la población argentina se ve obligada a recurrir a algún tipo de asistencia estatal para poder sobrevivir.

 

Así las cosas, ha ido en aumento el porcentaje de pobreza multidimensional, es decir, la cantidad de hogares donde coexiste una carencia monetaria con otra no monetaria. La misma llega al 42% en el territorio nacional. La pobreza multidimensional se agrava en el conurbano bonaerense, afectando al 54% de los hogares. Esta situación reviste extrema gravedad en la juventud, donde el porcentaje asciende al 60% entre los menores de 17 años y al 43% en la franja etaria entre los 18 y los 29.

Lo mismo ocurre con la pobreza estructural, que abarca a quienes combinan una carencia monetaria junto a tres dimensiones de derechos vulnerados. La misma mide 24% en el país y 30% entre los niños y adolescentes hasta 17 años de edad. Esta vulneración de derechos que padecen los más jóvenes conduce a que el 10% de los chicos entre 5 y 15 años se vean obligados a trabajar en las áreas urbanas, llegando al 20% en las zonas rurales.

 

El telón de fondo de esta crisis social de magnitud en la destrucción del empleo y la extensión del trabajo precario. El informe refleja que el 30% de los trabajadores no cuentan con un empleo registrado, mientras que 2.700.000 millones no tienen trabajo. La desocupación en Argentina se halla en el 14,2%.

Los datos configuran una realidad alarmante que fue edificada y agravada gobierno tras gobierno. A modo de ejemplo, el índice de pobreza era del 33,6% en 2018, del 39,8% en 2019, alcanzando el 44,7% para finales del 2020. Por otra parte, el déficit en el terreno de la alimentación y de la salud para los hogares llegaba al 19% en 2015, aumentando 7 puntos para 2019. A su vez, la pobreza multidimensional estaba en el 30% en el año 2010 y ha registrado un aumento de 10 puntos hasta el día de hoy. La pobreza estructural también incrementó, medía 16% en 2010 y hoy se halla en el 24%.

Sucede que las distintas fuerzas políticas que han dirigido el país -y que hoy forman parte del oficialismo y la oposición patronal- han gobernado para la misma clase social, la burguesía. Por lo tanto, no han dudado en descargar las sucesivas crisis capitalistas sobre las espaldas del pueblo, a costa de despidos, rebajas salariales y un aumento en la carestía. Su eje rector ha sido el rescate de una deuda usuraria y fraudulenta, en detrimento de las necesidades populares.

Alberto Fernández persigue estos mismos intereses. Prioriza alcanzar un acuerdo con el FMI aplicando su receta de ajuste, atacando a los jubilados, a la salud y a la educación. Sin ir más lejos, en medio de un recrudecimiento de la pandemia, no destina los recursos para robustecer el sistema de salud ni para otorgar asistencia económica alguna en función de que la gente pueda quedarse en su casa, y, de este modo, reducir la circulación.

A su vez, es promotor de los topes salariales, mientras echa leña al fuego de la inflación por medio de naftazos, tarifazos y habilitando que las empresas aumenten los precios, pulverizando el ingreso de la población. En ese sentido, ha sido el oficialismo, junto a las cámaras empresarias y las burocracias sindicales, quienes han sellado un salario mínimo que seguirá significando un tercio de la canasta de pobreza. Por otro lado, el decreto presidencial de prohibición de despidos ha sido letra muerta a la luz de los 235.381 empleos que se han perdido durante el 2020, según datos del Afip. A tal punto llega la política antipopular del gobierno, que pretende dar de baja a 50.000 trabajadores que viven de un plan social, cuyo monto no alcanza a cubrir la canasta de indigencia. A esto, hay que agregar que protege a rajatabla los negociados de los pulpos inmobiliarios contra el derecho a la vivienda de las mayorías.

Las múltiples dimensiones de la pobreza en ascenso deben ser combatidas por medio de un programa de los trabajadores. El mismo debe contemplar un salario mínimo de $61.000; la prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desocupación; prohibición de rebajas salariales; un seguro al desocupado de $40.000; jubilación equivalente a la canasta de la tercera edad y aumento de emergencia de $15.000; paritarias libres e indexadas a la inflación; estatización de toda empresa que cierre, despida o rebaje salarios. Triplicación del presupuesto de salud y educación. Planes de vivienda con mano de obra de los vecinos desocupados, bajo convenio.

Se deben retrotraer los precios sobre la base de la apertura de los libros de toda la cadena comercial para evaluar costos; abajo los tarifazos en la luz y en el gas en puertas; estatización bajo control obrero del comercio exterior para que los precios internos no estén acoplados a la suba de los precios internacionales. Estatización bajo gestión obrera de los hidrocarburos y de toda la industria energética para dar paso a un plan de desarrollo nacional y creación de empleo. Ruptura con el FMI, repudio de la deuda usuraria y estatización de la banca bajo control obrero en pos de concentrar el ahorro nacional en las necesidades sociales. A su vez, es necesaria la aplicación de un impuesto progresivo al gran capital de carácter permanente.

Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que nos gobiernan y nos gobernaron en las últimas décadas. En definitiva, para derrotar a quienes nos empobrecen y que finalmente llegue “desde el fondo del tiempo otro tiempo” tiene que abrirse paso una alternativa política de los trabajadores.