Frente a las dificultades para comprar divisas y el mayor peso de las importaciones sobre la balanza comercial, el Banco Central reforzó las restricciones cambiarias: hasta el 30 de septiembre, las empresas no podrán acceder al dólar oficial si sus importaciones superan en un 5%  a las de 2021. El objetivo de la medida es preservar los dólares para arrimarse a las metas de acumulación de reservas impuestas por el FMI.

Sucede que las importaciones en mayo alcanzaron los U$S 7.870 millones, marcando un nuevo récord histórico, y para junio se estima que llegarán a los U$S 9.000 millones. Por un lado, asistimos a una disparada en los precios internacionales en algunos rubros de importación, especialmente la energía. A su vez, en el caso de los bienes de capital y las piezas y accesorios para bienes de capital el crecimiento sustancial se dio en las cantidades importadas (del 39,1% y del 35,8% interanual respectivamente). Que esto último no se traduzca en mayores niveles de inversión pone en evidencia las maniobras que llevan adelante de las patronales importadoras, las cuales se valen de la brecha cambiaria para sobrestockearse (al dólar oficial), no en función de incrementar la producción sino para dolarizarse a costa de las reservas del país.

Cristina Kirchner, en su discurso del 20 de junio, se refirió a esto definiéndolo como un “festival de importaciones” y denunció la complicidad de algunos juzgados que fallan siempre a favor de las importadoras permitiéndoles que eludan las restricciones. Sin embargo, son maniobras de larga data que recién ahora CFK elige mencionar, encubriendo así todo un régimen de saqueo centrado en el rescate de la deuda usuraria. Carga las tintas sobre las importaciones como si fueran el principal obstáculo para acumular reservas, omitiendo que en el 2021, por ejemplo, hubo un superávit comercial de U$S 14.750 millones, el cual se evaporó mediante otros mecanismos de fuga.

A su vez, es incapaz de combatir estas artimañas empresariales puesto que defiende el control privado del comercio exterior. Por el contrario, opta por “sentarse a escuchar propuestas” de Melconian, un vocero por excelencia de la clase capitalista responsable de estas prácticas. Sus declaraciones solo apuntaban a endurecer las trabas a las importaciones en pos de cumplir con los lineamientos del Fondo.

En ese sentido, es preciso señalar que el reforzamiento del cepo que preconiza tuvo efectos profundamente recesivos bajo su mandato presidencial. A fines de 2008, fruto de la merma en el ingreso de dólares ante la caída del precio de la soja, el gobierno triplicó la cantidad de licencias no automáticas desalentando las importaciones industriales; con lo que el PBI industrial, que venía creciendo desde 2004 a razón de un 7,5% anual, comenzó a hacerlo en un 0,6% entre el 2008 al 2015. A su vez, las restricciones cambiarias desde aquel momento a esta parte fracasaron en su objetivo de robustecer las reservas, ya que se mantuvo intacta una política al servicio de la fuga de capitales bajo todas sus formas.

Al mismo tiempo, CFK reivindicó haber sido la autora en el 2011 de aquella disposición en la que patronales que solicitaban dólares del BCRA para importar debían acreditar exportaciones por un valor equivalente. Para ello citó el caso de la empresa fueguina Newsan, que a partir de esa resolución incorporó a la fabricación de electrodomésticos con insumos importados la exportación de langostinos y pescado. Ahora bien, no solo que la iniciativa no tuvo ninguna incidencia en la balanza comercial, dado que muchas firmas importadoras se asociaron a otras exportadoras ya existentes para eludir la restricción, sino que el ejemplo mencionado no hace más que reafirmar la inserción semicolonial y primarizante de Argentina en el mercado mundial.

Lo cierto es que ningún gobierno ha modificado la matriz importadora de la industria nacional, donde priman las armadurías de componentes importados -muchas veces filiales de empresas multinacionales-, lo cual aparece con claridad en las fábricas que operan en Tierra del Fuego o en la rama automotriz. De esta manera, la balanza comercial industrial es siempre deficitaria; sin ir más lejos, según un informe elaborado por Fada, la actividad automotriz finalizó el 2021 con un rojo de U$S 3.628 millones en su balance cambiario, y fue de U$S 5.023 millones en el rubro maquinaria.

La solución no es incorporar nuevas trabas recesivas ni exportar más materias primas como recomienda Cristina, sino avanzar en el control obrero del comercio exterior. Solo así podemos terminar con los ardides patronales, y, a la vez, reinvertir la renta exportadora en un proceso de industrialización real que desarrolle la cadena de valor y sea fuente de trabajo genuino; en el camino hacia una planificación económica dirigida por los trabajadores al servicio del interés mayoritario. Lo opuesto es el sometimiento al FMI que defienden todas las ramas del peronismo y la oposición patronal.

 

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