No debería ser difícil concluir que la quita de subsidios a las 32 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires se inscribe en el ajuste pactado por el gobierno nacional con el FMI. La reducción del déficit fiscal que forma parte del “entendimiento” con el Fondo se traducirá inevitablemente en tarifazos y boletazos, entre otras cosas. Es que contra lo que se dice, la reducción del déficit que debe lograr el gobierno es significativa. Si se quitan los ingresos extraordinarios del año pasado, el déficit fiscal primario ronda el 4% y debe reducirse al 2,5% -casi un 40%. Además, la fuente de financiamiento de ese déficit sufrirá un ajuste aún mayor, ya que el entendimiento también establece que la asistencia del BCRA al Tesoro debe reducirse del 3,7% actual al 1%. La necesidad de raspar la olla se impone como imperiosa.

En el caso concreto de las 32 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, el monto de subsidios ronda los 13.000 millones de pesos, de los cuales el Estado nacional desembolsó el 55% en 2020 y aproximadamente el 80% en 2021. La administración de Alberto Fernández alega que esos subsidios deberían ser desembolsados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ya que esas líneas circulan solo en territorio porteño, una ciudad que además sería “rica”. Más allá de ese exabrupto se omite deliberadamente que esas líneas de colectivos son usadas también por los 4 millones de bonaerenses que todos los días concurren a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires. Un aumento del boleto impactaría en estos millones de trabajadores y no en los ricachones, que como todo el mundo sabe se moviliza por otros medios.

Hay que advertir, además, que un aumento de estas 32 líneas será solo el anticipo de un incremento generalizado. Es que, por las características del transporte en la Ciudad, donde realizan recorridos similares las líneas que vienen de provincia y las que no, una suba del boleto que afecte solo a las segundas llevará a que las primeras concentren todos los pasajeros. De este modo hay dos alternativas: o estas 32 líneas van a la quiebra o el aumento se generaliza al conjunto del transporte de colectivos. Ajuste del FMI de por medio, es obvio que la alternativa que se efectivizará será la segunda.

Los funcionarios del gobierno justifican la quita de subsidios invocando argumentos “federales”. No puede ser, dicen, que en el interior se pague un boleto de 60 pesos y en el AMBA de 18. La comparación, claro, es para justificar el aumento en el AMBA y no para reducir el precio del boleto en el interior. Pero, además, omiten que esa reducción de los subsidios en la Ciudad no se usará para bajar el boleto en el interior, sino que será destinado a cumplir las metas con el FMI para el pago de la deuda. Correntinos, tucumanos, porteños y bonaerenses no tienen intereses opuestos sino un enemigo común: el FMI y los gobiernos que pactan con él.

Un punto para destacar es que en el debate nadie cuestiona los subsidios que reciben las empresas de transporte, tanto en la zona metropolitana como en el interior del país. Los costos que éstas declaran no solo están inflados para justificar los subsidios, parte de los cuales vuelven a los funcionarios bajo la forma de coimas y retornos. Junto con ello los costos están determinados por la gestión capitalista de la economía. Un ejemplo es lo que sucede con el combustible, que se mueve al compás de los precios internacionales y no de los costos locales en pesos. Otro tanto sucede con los neumáticos, cuyo precio permiten a las empresas embolsarse beneficios extraordinarios. Ante esto, una medida elemental sería la apertura de los libros de las empresas para verificar exactamente sus costos y ver sus beneficios. Que son significativos lo prueba el proceso de concentración que se ha ido ejecutando en el último período, quedando en manos de pocas empresas la inmensa mayoría de las líneas.

Cuando los funcionarios del gobierno nacional dicen que la quita de subsidios no debería llevar a un aumento del boleto, porque el gobierno de Larreta podría hacerse cargo de los subsidios, simplemente eluden su propia responsabilidad. Si el PRO y Larreta son la derecha, y lo son, pasarle los colectivos es para que hagan lo único que saben hacer. El “Macri hacete cargo” para justificar en el pasado la transferencia del subte terminó en que Macri se hizo cargo y aumentó un 125% la tarifa del subterráneo.

Mientras los gobiernos quieren avanzar en los tarifazos, y solo se pelean por ver quién paga el costo político de aplicarlo, los choferes de colectivos sufren una gran flexibilidad laboral por parte de las empresas. Esta presión capitalista, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, ha convertido a la UTA en una olla a presión a punto de explotar, como se pone de manifiesto en paros desde abajo en distintos puntos del país y también en la zona metropolitana.

Llamamos a rechazar el boletazo que preparan los Fernández, Larreta y el FMI, y le oponemos un programa de reorganización integral del transporte público, que comience con la apertura de los libros, un plan de inversiones en colectivos, ferrocarril y subte, y la satisfacción de los reclamos de los trabajadores del sector.

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