El arribo de Massa al ministerio de Economía se encuentra, todavía, atravesado por grandes incertidumbres e imprecisiones. Se anunció un ajuste de magnitud contra los trabajadores, pero no hubo especificaciones sobre en qué consistirá más allá de una segmentación tarifaria significativamente más agresiva de la que se preveía. En materia financiera habría novedades tanto para la deuda en dólares como en moneda local.

Por un lado, se prometieron unos 1.200 millones de dólares de parte de organismos internacionales, es decir, nuevo endeudamiento para un país agobiado por sus compromisos de deuda externa y sobre el cual no se dijo ni la tasa ni plazos. El nuevo ministro hace gala de sus vínculos con Wall Street para, a lo Caputo, condenarnos a una hipoteca aún mayor que la que ya sufre nuestro país.

Vale la pena detenerse a analizar los anuncios respecto de la deuda en pesos. En primer lugar porque la necesidad de encarar medidas sobre el tema desde la primera conferencia de prensa implica el reconocimiento de un problema grave, cuando tanto el kirchnerismo como el resto del FdT consideraban que el endeudamiento en moneda local era inocuo y que no generaría ningún conflicto a futuro. Eso ha llevado a que durante el gobierno de los Fernández la deuda pública argentina (sumando la deuda en dólares y calculando la deuda en pesos al tipo de cambio oficial) haya alcanzado su récord histórico y atraviese serios riesgos de default.

El gobierno acumula vencimientos fuertes para los próximos meses: en agosto de $621.037 millones, en septiembre de $1.112.585 millones y en octubre, $801.928 millones. Los rumores acerca de una reperfilamiento de la deuda en pesos hacen bajar cada vez más los precios producto de que los tenedores buscaban desprenderse de esos bonos. Por si fuera poco, no alcanza con el sostenimiento de los precios actuales de los bonos ya emitidos, sino que el gobierno tiene la necesidad de que a la hora del vencimiento los acreedores estén dispuestos a recibir más bonos en lugar de cobrar los pesos que vencen, lo que llevaría a una emisión de magnitud que de seguro se trasladaría a los precios y acrecentaría la presión inflacionaria.

En este sentido, Massa anunció el último miércoles que se ofrecería un canje voluntario a los acreedores para que cambien los títulos próximos a vencer por bonos con vencimientos el año que viene, con el objetivo de despejar los próximos meses y evitar más presión sobre el dólar, el destino al que recurrían los pesos emitidos.

En la conferencia de prensa se habló de una adhesión del 60% del canje como algo exitoso, cuando en realidad ese porcentaje es el que tienen los distintos organismos del Estado. Se quiso presentar como un preacuerdo con los acreedores lo que solamente es un reperfilamiento compulsivo a las distintas dependencias estatales.

A los acreedores privados, sin embargo, les ofrecerían un bono dual, donde llegado el vencimiento puedan elegir la mejor tasa entre la inflación y la devaluación. Se trata de un bono al que suscribirían sin saber su rendimiento final, pero con la certeza de que no perderán por aumento de los precios o la depreciación del peso, lo que sea mayor.

Este premio no sería suficiente para el mercado, que por un lado le exige más garantías de ajuste al gobierno pero por el otro le marca la cancha para que los bonos venzan todos antes de las elecciones, para quedar exentos del riesgo ante un eventual cambio de gobierno. Este pedido también sería cumplido: “Para los títulos que vencen en agosto, Finanzas ofrecería un bono a junio de 2023; para los que vencen en septiembre, el canje sería por otros títulos a julio de 2023 y, finalmente, los que expiran en octubre pasarían a septiembre del año que viene” (Clarín, 4/8).

En un contexto de una inflación que roza los tres dígitos y de corrida cambiaria, darle a los acreedores la posibilidad de indexar la deuda es una política suicida del gobierno, que barre con la oportunidad de licuar la enorme hipoteca en pesos mediante una devaluación. Durante el gobierno del FdT los instrumentos atados a la inflación representan más de la mitad de la deuda emitida.

Lo que es claro en este terreno vale para la política más general del gobierno: la búsqueda de contentar al capital se hace sobre mayores beneficios, sea una tasa más alta, exenciones impositiva o una devaluación, mientras se preparan nuevos ataques a los trabajadores de la mano de un salto inflacionario o un tarifazo.

Enfrentar estos ataques es una tarea de primer orden para la clase obrera. El camino para eso parte de un paro nacional y un plan de lucha que promueva una intervención en la crisis, para que la paguen los capitalistas.

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