Con el nuevo esquema de segmentación de tarifas anunciado por Massa, que, además tener en cuenta la situación socioeconómica de los usuarios, añade como criterio el nivel de consumo que realizan los hogares, prevé un ahorro de $500.000 millones en subsidios energéticos, en un año a valores actuales; el equivalente a un punto del PBI. Todo en función de arrimarse a las metas fiscales dictadas por el Fondo Monetario.

De la noche a la mañana se incluyó un tope de consumo subsidiado en la boleta, que en el caso de la electricidad es de 400 kW mensuales (la tarifa plena se aplicará sobre el excedente). Se trata de un límite no muy difícil de superar considerando que una heladera con freezer enchufada 24 x 7 utiliza en el mes 68,04 kW y un termotanque eléctrico prendido únicamente 4 horas por día gasta 129,20 kW y estamos hablando de tan solo dos electrodomésticos. Por lo tanto, se agregan nuevos hogares al grupo poblacional que deberá afrontar aumentos del orden del 200% en la luz y el 90% en la factura de gas.

Entonces, las familias con menor poder adquisitivo optarán por no utilizar calefacción en invierno ni aire acondicionado en verano, dos artefactos de alto consumo eléctrico. Sin ir más lejos, un caloventor conectado 6 horas por día representa un gasto de 159,10 kW mensuales y un aire acondicionado de 2.200 frigorías la misma cantidad de tiempo consume 107,39 kW. Como si la población trabajadora no tuviera ya suficientes dificultades para llegar a fin de mes en medio de esta crisis, ahora también deberá privarse de las pocas “comodidades” que logró adquirir con el fruto de su esfuerzo diario y resignar el derecho a resguardarse del frío y de las altas temperaturas adentro de su casa.

Que los millonarios que nos gobiernan, como Sergio Massa, manden a ahorrar energía a los sectores populares bajo el pretexto de “cuidar los recursos” es sencillamente agraviante. Como si los trabajadores le tuviéramos que agradecer al gobierno que destine millones en subsidiar a los capitalistas del sector, a libro cerrado, desconociendo los costos reales de producción y distribución de luz y gas. Y, ahora, que el FMI demanda recortar esas trasferencias, tengamos que pagar nosotros el pato de la boda asumiendo los aumentos en la boleta.

A su vez, el superministro adelantó que sancionarán vía DNU un régimen especial para fomentar exportaciones de hidrocarburos, de modo tal que las petroleras puedan sacar más provecho de sus ventas al exterior, donde se paga aproximadamente USD 100 el barril de crudo. Esto, con el objetivo de acumular divisas en momentos donde la crisis de las reservas cuestiona seriamente alcanzar la meta de los USD 5 mil millones fijada por el FMI. Ahora bien, y aunque se desconocen los pormenores de la medida, esto generará más presión sobre precios internos del combustible, ya que las empresas hidrocarburíferas exigirán equiparar con los precios internacionales el petróleo destinado a las refinerías locales. De hecho, la escasez de gasoil y la pérdida de divisas por importación coincidió con grandes exportaciones de crudo que hubiera servido para producirlo en Argentina; y todo eso a cuenta de Ieasa e YPF.

Lo cierto es que las improvisaciones del gobierno en pos de llegar a la próxima revisión del Fondo con las metas cumplidas difícilmente logren el propósito deseado porque se trata de un acuerdo a todas luces incumplible. Aún así, el rumbo adoptado plantea mayores ataques al bolsillo popular -con subas en los servicios públicos y el combustible- y  nuevos episodios de crisis al interior del oficialismo. Sin ir más lejos, los cambios en la segmentación de tarifas difundidos por Massa suscitaron la renuncia del secretario de Energía, Darío Martínez.

Debemos entonces salir a las calles en defensa del salario y para que dejen de descargar este régimen inviable de subsidios y tarifazos sobre las espaldas de la clase trabajadora.

 

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