Se produjo finalmente el canje de deuda en pesos por el 85% de los vencimientos correspondientes al tercer trimestre del año. De este modo se logró aplazar para junio, julio y septiembre de 2023 compromisos del Tesoro por $2 billones. Como señuelo, Economía le ofreció a los acreedores un bono atado tanto a la inflación como a la evolución del dólar oficial, lo cual agrava significativamente el peso de ese endeudamiento. A medida que crecen las presiones devaluatorias, el gobierno se ocupa de darle cobertura a las posesiones en pesos de la banca y los fondos de inversión.

El gobierno se vio forzado a realizar dicho canje porque los vencimientos a corto plazo se habían tornado impagables. Lo cual, a priori, desmiente el relato sostenido por el oficialismo de que contraer deuda en pesos sería inocuo. Ahora bien, el problema reaparecerá el año que viene de manera agravada debido a los mecanismos de indexación incluidos en los nuevos instrumentos, lo cual despeja la posibilidad de que esa hipoteca pueda ser licuada mediante una devaluación. Pagos sumamente abultados para el 2023, que -como no pueden ser afrontados por medio de emisión monetaria, porque sería sideral y choca con las restricciones impuestas por el FMI- afrontarán apelando a un mayor ajuste del gasto público y refinanciando esos vencimientos con intereses cada vez más onerosos. Así las cosas, el Frente de Todos encarará el proceso electoral absolutamente condicionado por la voluntad de los especuladores.

El 50% de los títulos que entraron en el canje está en manos de organismos estatales como el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, cuyas tenencias están sujetas -como dijimos en un artículo anterior– a un “reperfilamiento compulsivo”. Recordemos que ambas entidades salieron a la compra masiva de bonos del Tesoro en función de revalorizarlos frente a la ola vendedora, lo cual es otra forma de financiar la corrida. El gobierno no tiene ningún reparo en destinar la plata de los jubilados para sostener un andamiaje de deuda en pesos completamente usurario, como tampoco lo tiene a la hora de comprometer el patrimonio del BCRA para ofrecerle un reaseguro de compra a los tenedores de títulos públicos.

El oficialismo pone sus prioridades en evitar que los bancos y los fondos de inversión sigan migrando al dólar e intenta contentarlos con un sinfín de prebendas. El seguro de cambio ofrecido en el canje para los instrumentos en pesos da cuenta de ello. Cabe destacar que, mientras el gran capital cubre sus carteras frente a la estampida inflacionaria o una posible devaluación, el ingreso de los trabajadores no cuenta con el mismo beneficio y se pulveriza día a día al calor de la suba de precios irrefrenable. Hay indexación automática en los bonos que posee el capital financiero pero no en  las paritarias ni en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que estableció Alberto Fernández al iniciar su mandato.

A su vez, el intento de contener lo más posible la corrida cambiaria y una devaluación en regla añadiendo mayores incentivos a la compra de deuda en pesos no solo produce costos usurarios para el país sino que además difícilmente logre su cometido. Las posibilidades de mantener a raya la cotización oficial del dólar son cada vez menores debido al estado ruinoso de las reservas, donde las de libre disponibilidad se hallan en rojo (USD -5.907 millones según la consultora FMyA) y el saldo neto comprador del Banco Central en lo que va de agosto viene siendo negativo en USD 840 millones. Por otra parte, las nuevas concesiones a los exportadores para que liquiden divisas -como el “dólar soja”- no terminan de satisfacer a sus destinatarios.

El sinnúmero de estímulos a los acreedores concedidos por el gobierno para que no se desplome el esquema de endeudamiento montado alrededor del Tesoro también apunta a cumplir con el tope de emisión monetaria impuesto por el FMI y cubrir el déficit fiscal mayormente con deuda. Sin embargo, la emisión extraordinaria del Banco Central a partir de junio, dirigida a recomprar bonos CER en medio de la corrida y amortiguar su caída, llevó a la autoridad monetaria a absorber esos pesos circulantes colocando más Leliqs. Así, el stock de deuda del BCRA pegó un salto, con lo que “los pagos de intereses de los pasivos remunerados treparon en julio a $263.119 millones, lo que representó un incremento de $79.529 millones respecto de los niveles de junio” (BAE, 8/8), provocando, paradójicamente, mayores niveles de emisión monetaria. Este gasto representó $1,4 billones en lo que va del año, duplicando, por ejemplo, todo el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación.

Como vemos, el rumbo económico del gobierno está completamente empantanado y cada improvisación oficial golpea sobre las condiciones de vida de los sectores populares. Los trabajadores debemos intervenir con un programa de salida, centrado en el repudio de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI, para no seguir pagando esta crisis.

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