La media sanción en Diputados al acuerdo con el FMI dio cuenta de un agravamiento de la crisis política entre los partidos del régimen y al interior del bloque oficialista. En ese sentido, merece detenerse en el accionar de La Cámpora, cuyos legisladores votaron en contra del Memorándum, sin embargo, garantizaron que saliera de manera favorable dando quórum a la sesión. Una maniobra al servicio de no ser ellos quienes paguen los costos políticos de un pacto tan ruinoso, ahora bien, en su comunicado no dejan dudas de que son partidarios de rescatar esa deuda ilegítima pero “en otros términos”.

En primer lugar, la inconsistencia política del supuesto rechazo por parte del kirchnerismo al acuerdo arribado con el Fondo se vio a todas luces con la mera ausencia de Máximo Kirchner en la sesión pero con la presencia de los demás diputados camporistas para garantizar el quórum y que el proyecto prospere. A su vez, todos ellos se negaron a tomar la palabra en el recinto para argumentar su disidencia, y, menos todavía mostraron intención alguna de llamar a enfrentar semejante entrega.

Si bien La Cámpora se encarga de enumerar en su comunicado las graves consecuencias que acarrea dicho acuerdo, tales como la pérdida de la soberanía nacional, los vencimientos impagables pos 2025, las trabas al crecimiento y el aumento de la inflación, no propone ningún rumbo de acción para combatir todos estos ataques, quedando reducida a la más absoluta impotencia. A su vez, la crítica kirchnerista al ajuste y a la reforma previsional que exige el FMI resulta una impostura, ya que no denunciaron en tiempo real el ajuste en 2021 que permitió sobrecumplir las metas de déficit fiscal, y, además, sus legisladores votaron la nueva movilidad jubilatoria, que desindexa los haberes previsionales de la inflación, lo cual implicó una caída real del poder de compra de los mismos. Sin ir más lejos, es la cristinista Fernanda Raverta al frente de la Anses quien ejecuta la confiscación a los jubilados, así como también los tarifazos anunciados en el gas estarán a cargo de Federico Bernal, interventor de Energas, también del riñón kirchnerista.

Por otra parte, amerita detenernos en el contenido del comunicado, el cual aclara explícitamente que “este análisis no implica de modo alguno el desconocimiento de la deuda”. Solo reprocha que los funcionarios argentinos a cargo de la negociación fueron demasiado “amables” con el FMI y que con un poco más de firmeza se hubiera logrado eliminar la sobretasa y ampliar los plazos de repago teniendo en cuenta el carácter ilegal de la deuda asumida, donde el propio Fondo reconoció en su evaluación ex-post que en 2018 se prestó más dinero de lo que permite el estatuto del organismo y que el crédito tuvo como destino financiar la fuga de capitales. No obstante, a pesar de describir lo fraudulento de la hipoteca contraída por Macri, el kirchnerismo no cuestiona su pago, afirmando renglón seguido que “Argentina debería restituir el capital al FMI”.

El comunicado va más lejos cuando se jacta de que “nuestra fuerza política siempre tuvo que hacerse cargo de pagar las deudas que tomaron los gobiernos de signo político e ideológico opuesto” luego señalar que “el endeudamiento en moneda extranjera sin precedentes en la historia alcanzó un punto de inflexión escandaloso con la estatización de la deuda de los principales grupos empresarios concentrados argentinos en 1982”. Es decir, el kirchnerismo reconoce el origen espurio de la deuda externa argentina, sin embargo se enorgullece de ser “pagador serial” descartado impulsar una investigación sobre la misma.

Esto, sin mencionar que miente cuando afirma solo haber pagado deuda tomada por gobiernos de color político opuesto: se olvida de la deuda contraída bajo el menemismo, al cual pertenecía Néstor Kirchner, en ese entonces gobernador de Santa Cruz. Incluso, cuando La Cámpora denuncia en su texto que “la convertibilidad (establecida por el gobierno de Menem en 1991) fue apoyada por el organismo (FMI), culminando en una crisis institucional, económica, social y política sin precedentes” está incurriendo en un acto autoincriminatorio.

Capítulo aparte merece el párrafo final del texto: “el reconocimiento de la deuda obliga a abordar el tema más importante, quién va a pagar esta deuda contraída de forma tan irregular, cuando, además, buena parte de la misma fue fugada del país”. Acá la hipocresía no podría ser más grande; el kirchnerismo luego de 2003 se aprestó a pagar la deuda externa -sin dudas contraída de forma irregular ya que sus orígenes se remontan a la dictadura genocida- con la plata del pueblo, endeudando a la Anses y al Banco Central dejándolos en bancarrota. Tampoco hubo dudas sobre quién pagaba la deuda cuando Alberto Fernández dilapidó las reservas para cumplir con cada uno de los vencimientos del FMI, con el silencio cómplice de Máximo Kirchner y compañía.

Un fragmento curioso es cuando se presenta a Néstor Kirchner como el modelo del “buen negociador” en contraposición al equipo de Guzmán, haciendo referencia al pago en efectivo por USD 10 mil millones al FMI en 2005 y al megacanje con los bonistas ese mismo año. Es preciso aclarar que lejos de haber significado un revés para el capital financiero en favor de Argentina, en el primer caso se utilizó un tercio de las reservas del BCRA en pos de engrosar los bolsillos del Fondo, y, por su parte, el mentado canje benefició a los acreedores otorgándoles el cupón PBI con lo que terminaron cobrando más del 100% por bonos comprados a precio de remate tras el default del 2001.

Como vemos, el kirchnerismo nos propone seguir los pasos de Néstor y Cristina en el gobierno, cuando lo cierto es que en esa década se drenaron las divisas del país al servicio del pago de la deuda, culminando en una crisis de reservas cuando el descenso de los precios de las commodities repercutió en una menor entrada de dólares, cuyo corolario fue la introducción del cepo cambiario en 2011 y el reclamo patronal de preparar las condiciones para un nuevo ciclo de endeudamiento.

El kirchnerismo es muy claro respecto de que no pretende romper con el FMI. En ese sentido su comunicado aclara “el problema no es firmar sino qué firmar”, creando la ilusión de que se podría haber obtenido un acuerdo en otros términos, pero omite que el Fondo negó uno a uno los pedidos que realizó Guzmán en la negociación porque el organismo es consciente de que el gobierno no tiene plan B: si no acepta sus condicionamientos cae en default. La Cámpora tampoco tiene plan B, con lo que difícilmente hubiera logrado una restructuración en mejores condiciones. Su descargo escrito, entonces, no pasa de la maniobra para contener a una base progresista y es síntoma de la crisis política que envuelve a la coalición oficial, que no hará más que profundizarse dado que el pacto con el Fondo avivará los choques sociales, con la clase obrera y también al interior de la propia burguesía, y lejos está de despejar el fantasma del default y garantizar un flujo de capitales al país. En síntesis, el sendero adoptado profundiza el saqueo y anuncia un nuevo fracaso.

La única fuerza política que ofrece un rumbo alternativo es el Frente de Izquierda, que plantea romper con FMI y repudiar la deuda usuraria. Solo desde ese lugar se puede ejercer una oposición consecuente al plan de ajuste que se viene, apostando sin vacilaciones a que intervengan las mayorías populares para derrotar esta ofensiva e imponer su propio programa.

 

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