La balanza comercial dejó en enero un saldo negativo de casi 500 millones de dólares, sumando presión devaluatoria en un cuadro de caída de las reservas internacionales del Banco Central y escasez de divisas para satisfacer las necesidades de la economía nacional. Esto sucede a pesar de las trabas que el gobierno impone a las importaciones, lo cual afecta la actividad industrial e incluso repercute con mayor inflación. No podemos seguir siendo los trabajadores quienes pagamos los platos rotos del fracaso de los políticos capitalistas y el programa del FMI.

Según las cifras difundidas por el Indec, el primer mes de 2023 cerró con un intercambio comercial deficitario en 484 millones de dólares, producto sobre todo del desplome de las exportaciones agrarias: en cantidades se contrajeron un 45%. Aquí incide la sequía, que impactó en los cultivos de invierno (que se comercializan ahora) como el trigo, pero también la propia política oficial que con el dólar soja por un lado adelantó liquidaciones el año pasado y por otro genera ahora retención de granos a las espera de nuevas ventajas cambiarias.

Más grave es el panorama si atendemos que a la par las importaciones siguen en baja, como resultado de los obstáculos que fija el gobierno sobre las compras al exterior, pero como de todas maneras el precio de las mismas se incrementó su valor superó a lo importado hace un año atrás. Este empeoramiento de los términos de intercambio, sumado a la gruesa brecha cambiaria, adosan mayor presión alcista sobre una inflación ya inaguantable: en enero los precios mayoristas de importación promediaron una suba del 8,5%.

Otro efecto de estas restricciones se refleja en el indicador de actividad económica que también difundió el organismo de estadística, el cual selló en diciembre el cuarto mes de contracción (con caída fuerte de la industria manufacturera y el comercio). Son las consecuencias de las políticas recesivas del programa fondomonetarista del gobierno, que adosa también recorte del gasto público (incide tanto la obra pública como el menor poder adquisitivo de la población) y altísimas tasas de interés que desincentivan el crédito comercial e industrial.

Estos números agregan interrogantes cuando estamos promediando un verano cruzado por la corrida cambiaria. El gobierno dilapidó reservas financiando esta estampida al dólar para contener los tipos de cambio paralelos, al tiempo que gatillaba solo en enero unos 1.200 millones de dólares en intereses de deuda externa.

Este parasitismo compromete incluso las propias metas de acumulación de reservas que impone el FMI, debido a lo cual Massa está dedicando su estadía en la cumbre de G20 en India para suplicarle que flexibilice las obligaciones trimestrales, pero manteniendo la misma meta anual. No es que espere un vuelco en la situación, sino que -al igual que hizo el año pasado- apunta a suplir la fuga de divisas a base de seguir endeudando al país, con organismos multilaterales de crédito, usando yuanes del swap para pagar las importaciones desde China, entre otros intentos que hunden a la Argentina en una carga de intereses usurarios cada vez mayor.

Las consecuencias de este rumbo ruinoso son descargadas sobre la población trabajadora. La depreciación del peso acelera la inflación, cuando de Massa a Larreta y Kicillof se esfuerzan por imponer -con la complicidad de la burocracia sindical de la CGT y la CTA- un techo del 60% en las paritarias, mientras que la banca y los fondos de inversión están cubiertos con bonos de deuda atados al IPC o linkeados al dólar. El capital agrario, que le tomó el tiempo al gobierno y presiona por otra edición del dólar soja, acopia la cosecha como reserva de valor. Las petroleras tienen contratos con precios dolarizados, por lo que una devaluación brusca dispararía nuevos tarifazos. Y así de seguido.

Apuntemos por último que con este panorama es de esperar que se redoble el ajuste. Esto porque el derrumbe de las exportaciones deprime fuertemente la recaudación impositiva en concepto de retenciones, complicando el cumplimiento de la meta fiscal del Fondo. Serán las jubilaciones, los salarios y los programas sociales, además de la salud y la educación, los que carguen con los recortes en el gasto público para complacer a Washington. La oposición derechista de Juntos por el Cambio y Milei se limita a vaticinar un escenario de desmadre para forzar a que sea el gobierno peronista del Frente de Todos quien haga el trabajo sucio y pague el costo político de esta senda antipopular, ya que en definitiva no tiene ningún programa alternativo; se dividen precisamente en torno a cómo imponer a los trabajadores semejante ofensiva.

Para terminar con la fuga de divisas y la desvalorización permanente de la moneda nacional es necesario echar a los políticos capitalistas y reorganizar la economía priorizando las necesidades sociales y de desarrollo nacional. El Frente de Izquierda Unidad tiene el desafío de patear el tablero y organizar una campaña política movilizando a los luchadores por una salida de los trabajadores a la crisis, antagónica a lo que nos proponen quienes nos han gobernado en las últimas décadas.