Por decisión de Alberto Fernández, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Magdalena Odarda, renunció a su cargo. El reclamo fue transmitido a la funcionaria por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien había compartido con aquella la fórmula del Frente de Todos para la gobernación rionegrina en 2019.

Aunque Odarda fundamentó su salida en razones de índole personal, es indudable que existe un trasfondo político. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, sectores empresarios y los diarios Clarín y La Nación venían haciendo una sistemática campaña contra la lucha por la tierra de las comunidades indígenas, en especial la mapuche, y acusaban a la titular del Inai de tolerancia con esos reclamos.

Diego Frutos, líder de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, enfrentada a la toma mapuche en esa localidad, sostuvo: “considero que la renuncia responde a que finalmente el presidente tomó nota de la gravedad de la pérdida de la propiedad privada y la soberanía nacional. De todos modos, la considero tardía” (La Nación, 19/8).

Lo que está en juego es el control de la tierra y los recursos naturales. A mediados del año pasado, el Congreso prorrogó hasta 2025 la ley 26.160 que establece un programa de relevamiento territorial de las parcelas ocupadas por pueblos indígenas, y que suspende los desalojos. Ese relevamiento, sin embargo, apenas avanza debido al lobby de los grandes capitalistas y los gobernadores. Así lo denunciaba en enero la Confederación Mapuche en el caso de Neuquén. En Jujuy, la Red Puna sostiene que de 300 comunidades con personería, solo a 30 se le asignaron los títulos de propiedad correspondientes, y en muchos casos no se les reconoció la totalidad de los territorios, que suelen coincidir “con zonas donde se pretenden instalar proyectos mineros” (Agencia Tierra Viva, 16/2).

La gestión de Odarda impulsaba una línea de negociaciones y mesas de diálogo con las comunidades indígenas, sumando a las autoridades políticas y los empresarios, temerosa del impacto desestabilizador de la línea abiertamente represiva de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que condujo a la muerte de Santiago Maldonado, durante el desalojo de Gendarmería en la Lof Cushamen en Chubut, y de Rafael Nahuel, durante la represión en Mascardi. Aquellos hechos pusieron al rojo vivo la región patagónica.

Odarda, quien fue senadora de la Coalición Cívica y posteriormente resultó expulsada de esa fuerza por Elisa Carrió, presentó su integración posterior al Frente de Todos como una vía para avanzar con una agenda que se ha revelado como un fracaso para resolver las problemáticas de los pueblos indígenas. Su renuncia delata una impotencia política.

Uno de los grandes focos de debate se refiere ahora a la realización del gasoducto Néstor Kirchner, cuyo trazado incluye a algunas comunidades. El gobierno neuquino, obligado a cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que suscribe la Argentina, impulsa una ronda de consultas para hallar un consenso, que de todos modos se circunscribe a aquellas que tienen personería jurídica. Los Pichetto y compañía rechazan la política del gobierno neuquino, partidarios de avanzar sin mayores consideraciones. En cualquier caso, ambos bandos son tributarios de los grupos capitalistas que se benefician con la obra.

La salida de Odarda viene precedida por el desplazamiento del titular de Parques Nacionales, Lautaro Erratchú, por parte del ministro de ambiente, Juan Cabandié, después de las presiones del gobernador neuquino Omar Gutiérrez y los grandes medios de comunicación por la declaración como sitio sagrado mapuche del volcán Lanín, dominado por las empresas turísticas.

Los promotores de la campaña contra los pueblos indígenas denuncian la apropiación de tierras por parte de las comunidades para encubrir a los verdades apropiadores, como Benetton, multinacional que posee casi un millón de hectáreas, la mitad de la superficie de Tucumán (Télam, 19/2). La campaña antimapuche es la coartada de un operativo de entrega de la tierra y los recursos naturales a los grandes capitalistas. Con los cambios en el área, el gobierno nacional da un nuevo impulso a estos sectores.

Un verdadero desarrollo del país no vendrá de la mano de la entrega de las riquezas al gran capital y el imperialismo, sino de un gobierno que ponga los resortes claves de la economía bajo dominio de los trabajadores.

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