El mismo gobierno que el martes último sostuvo que va a ir a buscar a los “zurdos de mierda” hasta el último rincón del planeta, venía, una semana antes, de declarar que “la UIF -Unidad de Información Financiera- no está para perseguir opositores” (el diario Clarín le atribuye la frase a Santiago Caputo). Y consecuentemente, el gobierno desplazó del organismo a su titular Ignacio Yacobucci, por presentar al organismo como querellante en causas de corrupción como la que afecta al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, acusado por lavar dinero del juego y quien protagonizó el “affaire” del “yate gate”, o las causas como Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta Cristina Fernández.

Para reemplazar a Ignacio Yacobucci, el gobierno designó al fiscal Paul Starc, exfuncionario de Daniel Scioli cuando este ocupaba la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Starc fue designado con el mandato explícito de “no querellar en causas de corrupción”. Está claro que la movida forma parte de los pactos con el PJ para lograr que prospere en el Congreso la agenda del gobierno, plasmada en las sesiones extraordinarias, incluyendo la designación de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, la reforma electoral y el resto de la agenda antiobrera. La movida también afecta al macrismo, porque los voceros del gobierno se encargaron de destacar que Yacobucci presentó la UIF como querellante en causas contra el peronismo pero no así en las causas contra Macri, como la causa “correo”. El mileísmo quiere retomar el control de las causas que pretende impulsar y las que no, de ninguna manera dejar de influir en la justicia para avanzar en la persecución de opositores políticos.

La acusación de lavado de la UIF contra el Polo Obrero

Ahora bien, como titular de la UIF, Yacobucci impulsó el pedido de elevación a juicio, nada menos que por lavado de dinero, contra Eduardo Belliboni, María “Tango” Dotti y otros compañeros del Polo Obrero, una verdadera infamia y un absurdo de parte de un gobierno que impulsó un blanqueo masivo de capitales en el que ingresaron todas las mafias del país, desde el narcotráfico hasta la trata de personas o la venta de armas. ¿Retirará el gobierno la querella de la UIF también de esta causa? En realidad, la intención de avanzar en la persecución contra los compañeros nada menos que utilizando la causa de lavado de dinero fue pergeñada por la propia Patricia Bullrich, que anunció la denuncia por lavado en forma pública mucho antes de que estuviera presentada en la justicia. La idea de denunciar por lavado al Polo Obrero agrega cargos a las acusaciones actuales sin sumar hechos nuevos; en efecto, para la UIF, la acusación de defraudación que se hace al Polo sería también de lavado porque luego se reutilizaron los fondos. En realidad, la defensa del Polo Obrero contestó a estas acusaciones con gran cantidad de pruebas mostrando en qué se invirtieron los recursos de los convenios, pruebas que nunca fueron siquiera analizadas por el Juez. Pero con el antecedente del impulso de Bullrich a la denuncia de lavado, es probable que el gobierno siga influyendo sobre la justicia para que criminalice al Polo Obrero bajo esta figura, aunque para ser coherente debería retirar a la UIF de la causa judicial. Los pactos que va tejiendo el peronismo, entregando conquistas populares a cambio de lograr protección o al menos neutralidad judicial del gobierno, no alcanzan a las organizaciones independientes que impulsamos a fondo la lucha contra el gobierno.

Pero las contradicciones que abre el cuadro de crisis política en el gobierno son un elemento importante para tener en cuenta a la hora de encarar la lucha contra la causa infame que impulsaron Bullrich, Pollicita y Casanello contra el Polo. Yacobucci se fue de la UIF denunciando abiertamente al gobierno por su política de retirarse de las querellas de las causas. ¿Adónde va ahora Yacobucci? Nada menos que a la secretaría de Javier Carbajo, integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación penal. Se trata de la sala integrada por el citado Carbajo junto a Hornos y Barroetaveña (ahora será reemplazado por Borinsky), que entiende en la causa contra el Polo Obrero. Es la sala que rechazó revisar los procesamientos dictados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dejándolos firmes sin dar derecho a apelación (ver aquí). Como se ve, las camarillas judiciales están metidas hasta el fondo operaciones políticas en favor de sectores patronales, sea el macrismo, el mileísmo o inclusive, aunque en menor medida, el peronismo.

La UIF, una agencia del imperialismo que persigue “selectivamente” el lavado

La UIF forma parte de una red de agencias internacionales, del mismo nombre, que se extiende por gran parte del mundo. Las UIFs intercambian información sobre lavado de activos, y son responsables de impulsar en cada país las normativas del Gafi. El Gafi es un organismo internacional que está, como todos ellos, bajo control de las potencias imperialistas. El Gafi impulsa año tras año modificaciones en las reglamentaciones sobre lavado de activos y especialmente sobre la persecución del “terrorismo” y su financiación. Bajo estos parámetros, ha ido impulsando cambios en la legislación argentina para hacer cada vez más abarcativo el delito de lavado, impulsando también cambios en el concepto de “terrorismo”, en las sucesivas “leyes antiterroristas” (impulsadas en primer lugar bajo los gobiernos kirchneristas). Las sucesivas modificaciones son una muestra cabal del sometimiento de todos los gobiernos que ha tenido nuestro país al imperialismo.

Bajo la acusación de terrorismo, entendida como un delito que tiene el objeto de “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, se cataloga a grupos u organizaciones como terroristas a piacere de las necesidades políticas de los Estados Unidos y Europa. La etiqueta de terrorista no alcanza, por supuesto, a los bombardeos terroristas por excelencia del imperialismo o el Estado genocida sionista.

En el caso argentino, la arbitrariedad extrema de un Gafi al servicio del imperialismo se manifiesta en que este organismo evitó poner a Argentina en la lista gris de quienes incumplen las reglamentaciones por lavado, en el año 2024. En 2024 el gobierno nacional impulsó y aprobó con todas las fuerzas políticas de la burguesía (y el voto en contra del Frente de Izquierda) un blanqueo de capitales que no exigía ningún requisito para blanquear enormes sumas en negro, muchas provenientes de negocios ilegales. Esto al Gafi le pasó por el costado, pero su brazo ejecutor en la Argentina, la UIF, sí considera que es importante investigar por lavado a los responsables de los comedores populares del Polo Obrero en Bajo Flores.

La hipocresía de un régimen en descomposición.

Causa contra el Polo Obrero: la UIF redobla la apuesta acusando de lavado de activos

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