El reciente entendimiento con el FMI repercutió de inmediato en el plato de comida de la población trabajadora. Conllevó el lanzamiento de un nuevo dólar agro que incluye al maíz, lo cual encareció el alimento balanceado del ganado y eso ya se trasladó en los precios de mostrador en las carnicerías, afectando a los consumidores.

Los mayores beneficios obtenidos por el complejo maicero a la hora de exportar, tras el incentivo cambiario otorgado por el gobierno, se tradujo en un aumento de la tonelada de maíz en el mercado interno. Eso elevó los costos para alimentar el ganado, impactando inmediatamente en el precio de Hacienda. Así las cosas, en las carnicerías la subas llegaron al 20% en los últimos días. Como vemos, el resultado de la negociación de Sergio Massa con el FMI terminó de romper la promesa realizada por Alberto Fernández cuando asumió sobre que regresaría el asado a mesa de los argentinos.

Esto, en un cuadro donde el poder de compra de los salarios del sector privado registrado, medido en kilos de carne, se encuentra casi 10 kg por debajo del promedio de los últimos 10 años, según los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. A su vez, el consumo de carne vacuna per cápita, proyectado para el 2023, es 9,7 kg inferior al del 2001. Ahora, el oficialismo le concede al agro un nuevo tipo de cambio preferencial, como vía para destrabar el desembolso del Fondo, que acentúa la brecha entre los ingresos populares y el precio de la carne. Se trata de una medida criminal, en un país donde una persona muere cada diez horas por desnutrición.

Ni qué decir que este premio a los especuladores no revertirá la crisis de reservas, puesto que la fuga de capitales persiste al amparo del poder político, y, a su vez, los resultados de la medida son transitorios. Como ocurrió con el dólar soja I y II, cuando finalice el estímulo las agroexportadoras dejarán de liquidar y se reanudarán las prácticas de acopio a la espera de una devaluación. Lo cierto es que esta iniciativa improvisada acrecienta la fortuna de las cerealeras, mientras perjudica el bolsillo del pueblo trabajador, ilustrando qué intereses sociales defiende Massa.

Cabe destacar que el gobierno se beneficia de la inflación creciente porque con ella aumentan los ingresos provenientes de impuestos inflacionarios como el IVA. Sin ir más lejos, la recaudación tributaria de julio tuvo una caída real del 4,3% en términos interanuales a causa de la sequía, pero lo recabado mediante el IVA subió 11,9% real en el mismo período. Lo anterior evidencia, por un lado, que la presión fiscal del país recae sobre las espaldas de los trabajadores, y, por otro, que el alza inflacionaria funciona como un mecanismo para transferir recursos desde las mayorías populares hacia las arcas del Estado. Finalmente, es la población trabajadora la que paga las consecuencias de acercarse a las metas fiscales del FMI, siendo víctima tanto del ajuste sobre el gasto social como de la confiscación que implica este impuesto regresivo.

Solo el Frente de Izquierda plantea recomponer los salarios para enfrentar la carestía, afectando las ganancias patronales. Y, en particular, la lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll es la que está integrada por las luchadoras y luchadores del movimiento piquetero, que son vanguardia en la pelea contra el hambre en Argentina, sosteniendo a pulmón los comedores populares en los barrios y ganando las calles por alimentos y trabajo genuino.