La autoproscripción de Cristina Kirchner, después de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, abrió amplias especulaciones acerca del futuro electoral del peronismo y el significado político de su decisión.

Por lo pronto, en lo inmediato el principal beneficiario es Sergio Massa, que podrá continuar gerenciando el ajuste desde Economía sin tener que lidiar con esa pretendida oposición interna que ensayó el kirchnerismo ante Martín Guzmán. Esto, habiendo rechazado llamar a una movilización callejera (ni hablar de los que prometían “parar el Estado” como la conducción de ATE capital), es una señal de subordinación a la agenda que impone el FMI, que no se verá alterada por este fallo. La propia vice viene de elogiar en sus apariciones públicas el desempeño del ministro, quien desde su desembarco ya se “ahorró” 1,7 billones de pesos del gasto fiscal comparado con el mismo período del año pasado.

Muchos infieren incluso que si el plan Massa efectivamente logra sortear el verano sosteniendo las metas del Fondo y aminorando la inflación, el tigrense emergería como candidato natural del Frente de Todos. Pero ese camino es muy escabroso. El propio líder del Frente Renovador lo sabe, y por eso hasta el momento refuta toda intención de encabezar la boleta presidencial.

Más allá de como termine la historia el renunciamiento de CFK a su candidatura hoy tiene un significado concreto: dejarle el camino a Massa que es quien aplica de modo directo el ajuste del FMI. Quizás también le sirva para establecer una negociación con la Justicia.

— Gabriel Solano (@Solanopo) December 7, 2022

Precisamente por eso, habrá que seguir los acontecimientos para ver en qué redunda todo esto. Objetivamente, deja una puerta abierta a una negociación con la Justicia. Esto reafirma el carácter lúgubre de la política capitalista, y pone sobre la mesa la arbitrariedad de tener a los jueces decidiendo quién puede o no ser candidato, algo que rechazamos de plano. Las conspiraciones judiciales tienen como base una corrupción real, que involucra a quien fuera dos veces la primera mandataria, pero es evidente la parcialidad del Poder Judicial que deja impune tantos negocios con la obra pública y la patria contratista, como las que implican a Macri.

Para los trabajadores esto solo puede tener una solución política, peleando por una alternativa propia para echar a quienes nos gobiernan y gobernaron hundiendo a la población en la pobreza; nunca por parte de una Justicia cuyo carácter de clase y contrario a las necesidades populares está fuera de los cuestionamientos cruzados de ambos bloques de la grieta que se disputan los sillones de jueces y magistrados.

Otra de las posibilidades es el desenvolvimiento de un “operativo clamor” para que Cristina sea finalmente postulada a la presidencia, una senda en la que ya se embarcaron algunos sindicalistas adeptos como Daniel Catalano de ATE Capital o Sergio Palazzo de La Bancaria. La única ventaja con la que cuentan es que, por el momento, nadie pareciera ser quien agarre la papa caliente -a excepción de Alberto Fernández, que es descartado de forma casi unánime por el peronismo. De nuevo, el proceso político estará condicionado por el devenir del plan de ajuste y sus resultados.

La izquierda debe jugar en este cuadro un papel autónomo. La denuncia de la parcialidad de la Justicia no puede en ningún caso soslayar la corrupción de los gobiernos kirchneristas, que tuvo sus peores caras en la defensa mafiosa de los negociados de la tercerización laboral en el ferrocarril que se cobró la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra y otro medio centenar con la Masacre de Once. La centralidad política que adquiere esta guerra de carpetazos es una muestra de la descomposición de todo el régimen político. Más que nunca, desde el Partido Obrero levantamos la necesidad de echar a los políticos capitalistas, y para ello es necesario construir un gran movimiento popular liderado por los trabajadores.

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