El gobierno acaba de anunciar el lanzamiento de un millón de créditos a “tasa cero” para monotributistas, que van de $90.000 a $150.000, como parte de su política de “estimulo” al consumo, en las vísperas de las elecciones de medio término. El Estado reedita una medida ineficaz que agrava el endeudamiento de los trabajadores, sin un horizonte próximo de recuperación económica.

La oficialización de la misma se dio en el marco de una conferencia de prensa de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, quienes plantearon que la misma sigue el espíritu de los 560.000 créditos otorgados en 2020, durante la cuarentena y las mayores restricciones a la actividad económica y al trabajo.

Recordemos que, en aquel entonces, el gobierno descartó a la mayoría de monotributistas del acceso al IFE o a estímulos económicos directos a cambio de “créditos blandos”, que no hicieron más que postergar las dificultades económicas de un sector que incluye a cientos de miles de trabajadores precarizados y cuentapropistas.

Los créditos en cuestión serán de hasta $90.000 para la Categoría A (más baja), $120.000 para la categoría B y hasta $150.000 para el resto de las categorías, pagaderos en 12 cuotas, con un periodo de gracia de 6 meses.

La “facilidad financiera” no hace más que ocultar una trampa ya que si contemplamos los 18 meses de plazo para pagar, para el caso de la Categoría A, más de la mitad de los prestado por el Estado se iría en el pago de los sucesivos vencimientos del monotributo. Algo similar a lo que ocurre con el resto de las categorías. El Estado presta para que le paguen los impuestos.

No solo eso sino que el gobierno habilita a que se usen estos créditos para pagar las deudas de los créditos contraídos en el 2020, para lo cual el descuento será automático. No queda claro qué pasaría con la mora del crédito para cubrir la mora del crédito anterior. Se trata de una bicicleta financiera contra los bolsillos de los trabajadores que se ven obligados a tomar estos créditos para cumplir con sus obligaciones, pero no tienen idea de cómo van a pagarlos en el futuro próximo.

El “impulso” del gobierno para los “sectores medios” es puro humo. Es más de lo lanzado hace algunos días con el Ahora 24 y 30. El dinero aportado no alcanza para satisfacer ninguna necesidad a mediano plazo, sino más bien para pagar las cuentas y las deudas con el Estado, desde donde recientemente se les quiso cobrar un aumento retroactivo del impuesto. Los montos representan, en promedio, una suma levemente superior al valor de una canasta familiar para un mes, por lo que siquiera representa una oportunidad para realizar ninguna inversión en herramientas o insumos para el trabajo.

El gobierno, con su política de ajuste, ha liquidado el poder adquisitivo de los trabajadores y sectores medios. Gran parte de los monotributistas son trabajadores de reparto o prestadores de salud precarizados bajo esta modalidad, quienes han visto recortados sus ingresos con el avance de la inflación y la disminución, relativa, de los ingresos que perciben. Lo mismo vale para los profesionales, autónomos y cuentapropistas, cuya prestación de servicios ha disminuido conforme se desenvuelve la crisis económica, se pierden empleos y caen los salarios.

La salida para impulsar la economía de los trabajadores debe partir del correcto encuadramiento laboral de quienes realizan tareas en relación de dependencia y una recomposición general de los salarios para que estos cubran una canasta familiar. El seguro económico, equivalente a la canasta básica, para quienes se encuentren sin ingresos, junto a la bonificación total del impuesto. Y cobertura inmediata de las obras sociales para el conjunto de los monotributistas.

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