El proceso de renegociación de las deudas externas de las provincias entró en un verdadero laberinto. Los gobiernos de Buenos Aires y Mendoza volvieron a prorrogar el plazo para la aceptación de la propuestas de canje, mientras que el de Neuquén tampoco logra reunir la mayoría necesaria para sellar la reestructuración. Los bonistas aprietan, y cuentan a su favor con el “exitoso” canje de la deuda nacional que firmaron con Martín Guzmán, que satisfizo gran parte de sus exigencias en cuatro recules consecutivos.

La posibilidad de que las provincias caigan en una catarata de defaults se acrecienta con la devaluación, que agiganta el peso de las deudas suscritas en dólares. Por otra parte, mientras el gobierno nacional cierra las escasas ventanillas disponibles para la compra de billete estadounidense, reforzando el cepo cambiario, aspira a reducir igualmente la salida de divisas por el pago de los vencimientos de los distritos.

Axel Kicillof postergó hasta el 9 octubre el período de negociaciones por los casi 7.150 millones de dólares, por séptima vez. No está claro cómo piensa lograr una mayor adhesión de los acreedores a su oferta, que implica una pequeña quita del 7% del capital, del 55% de los intereses y tres años de gracia. Buenos Aires incumplió ya el pago de dos bonos, por lo que solo la negociación en curso evita la declaración de default. Si el diálogo se empantana, el gobierno bonaerense deberá cancelar 140 millones de dólares para no caer en cesación de pagos. Tiene antecedentes en capitulaciones de este tipo, ya que a principios de año terminó retrocediendo en chancletas y pagando en efectivo 277 millones al fondo Fidelity.

El gobierno mendocino de Rodolfo Suárez tampoco logró alcanzar el 75% de adhesión al canje, necesario para activar las cláusulas de acción colectiva y reestructurar casi 600 millones de dólares. El mandatario cuyano ni siquiera aspira a tocar el capital de la deuda, sino solo una reducción del 40% de los intereses y un estiramiento de los vencimientos. Ante el fracaso, su ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, ya adelantó que podrían adelantar los plazos de pago. En última instancia, evalúan cerrar el canje con el 66% que aceptó, y dejar el otro tercio en las condiciones actuales. Mendoza también incumplió un vencimiento de intereses, a pesar de que ya lleva cancelados en el año 2.360 millones de pesos.

Neuquén también está en apuros. El esquema que entró en crisis es el de atar el pago de deuda a las regalías petroleras. Es lo que pretende ser abandonado por el gobernador Omar Gutiérrez, con el canje de más de 900 millones de dólares, reduciendo además un poco los intereses y postergando plazos. Pero no concitó apoyos entre los bonistas. Para intentar destrabar, Gutiérrez y los mandatarios de Chubut, Mariano Arcioni, y Tierra del Fuego, Gustavo Melella, están debatiendo una estrategia común, ya que los tres distritos patagónicos emitieron bonos que afectan los ingresos por regalías. Esta táctica no resuelve nada, porque de hecho Chubut solo busca un “reperfilamiento” -estirar plazos de vencimientos-, sin modificar siquiera los intereses, ni menos cambiar este mecanismo de cobro asegurado para los bonistas.

Juan Schiaretti sigue pagando sus vencimientos mientras renegocia 1.700 millones de dólares -de los cuales más de 700 vencen el año próximo-, y a su vez apunta a instaurar en Córdoba su propio método para poner los recursos provinciales como garantía de repago, sea la recaudación propia y la coparticipación. La Rioja, Río Negro, Salta, Jujuy y Chaco también iniciaron procesos para reestructurar.

El panorama es de un quebranto generalizado de las finanzas provinciales. Si la recaudación propia cayó en términos reales un 10% interanual en Buenos Aires, en Mendoza acumula una reducción del 16%. Las regalías petroleras también se contrajeron por la caída de los precios internacionales y el parate de la producción. Estos menores ingresos tributarios se complementan con el menor reparto de fondos coparticipables, los cuales desde el inicio de la pandemia cayeron mensualmente entre un 11 y un 25%, debido fundamentalmente al derrumbe del consumo, ya que el IVA registró una caída del 18,5%.

En este cuadro se inscribe la pelea por los fondos de la coparticipación federal. Alberto Fernández buscó hacer de la necesidad una virtud, ya que el recule del gobierno ante el motín de la Bonaerense -que derivó en la transferencia de 1 punto de lo que recibía la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia- es presentado como parte de una agenda “federalista”. En San Juan, el presidente anunció que apunta a un nuevo esquema de coparticipación, pero sin dar mayores detalles. La disputa esconde que lo que está detrás es un ajustazo del gasto del Estado nacional, para cumplir con los preceptos del FMI.

Los gobernadores están en la palma de la mano de los bonistas.