El informe del directorio del FMI sobre el resultado del megacrédito otorgado en 2018 al entonces gobierno de Mauricio Macri fue saludado por el actual oficialismo, pero en realidad incrimina a todo el régimen de saqueo que impera en nuestro país, incluyendo al propio Fondo. Todos ellos deben ser puestos en el banquillo de los acusados.

La sentencia de que el programa fondomonetarista fracasó en su objetivo de que Argentina recupere la confianza de los centros del capital financiero internacional, y el reconocimiento de que el préstamo terminó financiando la fuga de capitales, fue interpretada por el gobierno del Frente de Todos como un aval a su planteo de que el organismo debería tener en cuenta esta “autocrítica” y contemplar un trato más benevolente en la negociación para llegar a un acuerdo de repago de los 45.000 millones de dólares desembolsados. Además de una quimera, es una confesión de que rescatan una deuda fraudulenta.

La “evaluación ex post” que publicó el FMI observa en concreto que la gestión macrista debería haber encarado una reestructuración de la deuda con los privados e instaurado un control de capitales para evitar la salida de divisas, y achaca que no hubo medidas para apaciguar la inflación más allá de fijar altas tasas de interés y ajustar el gasto público para frenar la emisión monetaria (ambas recomendadas por el organismo).

En declaraciones a medios radiales, Martín Guzmán se jacta de que esas fueron precisamente las iniciativas de su gobierno. No obstante, ni el canje de deuda suscrito con los bonistas resolvió la insolvencia del país, ni los sucesivos endurecimientos del cepo cambiario impidieron la fuga de capitales. Ni siquiera después de dos años de jugoso superávit comercial se recompusieron las reservas del Banco Central. Por lo demás, lo cierto es que también se intentó contener la inflación a base de ajuste fiscal y acelerado endeudamiento en pesos (para evitar emisión), sin resultado alguno en la dinámica alcista de los precios.

En realidad, los programas fondomonetaristas, las crisis de deuda y la fuga de capitales son indisociables. La función del FMI como “acreedor de última instancia” es precisamente otorgar créditos que actúen como garantía de pago de las hipotecas nacionales a costa de un monitoreo de políticas de ajuste y de favorecer los negocios de las multinacionales imperialistas. El default de 2001 fue el resultado de la implementación de los sucesivos “rescates” del FMI. Hoy el cronograma de repago que se intenta acordar con el organismo tiene como única premisa generar las condiciones para que el país vuelva al mercado de crédito internacional a endeudarse en dólares para devolverle lo que adeuda al Fondo Monetario; de ninguna manera apunta a que se cancele dicho monto “con crecimiento”.

Este círculo vicioso explica que todos los gobiernos de las últimas décadas hayan ido incrementando el endeudamiento nacional a pesar de pagar religiosamente los vencimientos, hasta llegar al actual récord histórico de deuda pública luego de que desde la asunción de Alberto Fernández hayan crecido los pasivos en 40.000 millones de dólares. Los controles cambiarios fijados en el último mandato de Cristina Kirchner, repuestos por Macri hacia el final de su gestión tras la corrida que siguió a su derrota en las Paso, y reforzados hasta hoy, nunca tuvieron otro fin que pagar la deuda y por eso son contrapuestos a cualquier perspectiva de ahorro nacional en función de invertir en un desarrollo económico y social.

El punto es la falsedad de la premisa de la que parten todos los actores involucrados: que Argentina sufre de una escasez de divisas o una “restricción externa”. Por el contrario, Argentina genera mucho más de lo que debe. Un reciente informe del Indec arroja que en el tercer trimestre de este año nuestro país registró un excedente (capacidad de financiamiento) de 3.338 millones de dólares, a la par que un egreso de capitales de 3.465 millones. Así, los activos que la burguesía criolla tiene invertidos en el extranjero o afuera del sistema financiero local superan los 413.000 millones de dólares, muy superior a todo el PBI anual del país y a los pasivos (incluyendo la deuda externa pública y privada).

Así las cosas, el gobierno intenta eximirse por los resultados del programa que en estos momentos negocia con el Fondo, pidiendo que las futuras evaluaciones no carguen las tintas únicamente sobre el Poder Ejecutivo sino que hagan extensivas las responsabilidades al Congreso, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil en general. En otras palabras, pretende adjudicar al pueblo trabajador las consecuencias de lo que se firme. Esto cuando el ajuste lo pagan los jubilados, la clase media ni siquiera puede comprar pasajes en cuotas para viajar al exterior, pero el gran capital no cesa de fugar sus ganancias. Incluso, parte del esquema de estímulos a la desplomada inversión extranjera (en el tercer trimestre fue negativa) incluye la flexibilización del cepo para las grandes firmas exportadoras.

El FMI, el imperialismo que lo conduce y la burguesía nacional son los agentes principales del saqueo de las riquezas del país, en un régimen sostenido por todos los gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas pagando serialmente las deudas para dejar a su término una hipoteca mayor. No hay salida al declive de la economía argentina sin romper con esta orientación social.

https://prensaobrera.com/politicas/el-chubutazo-es-mas-que-una-advertencia

https://prensaobrera.com/politicas/a-que-viene-la-cautelar-de-lozano-para-suspender-los-pagos-al-fmi