Políticas

3/9/2020

El Frente de Todos solo tiene represión para los trabajadores sin vivienda

La orientación represiva es la única oferta ante la crisis de vivienda y la pobreza en ascenso.

El crecimiento acelerado de las ocupaciones de terrenos al calor del agravamiento de la crisis económica y social, agudizada por la pandemia, ha dado lugar a todo tipo de intervenciones y manifestaciones del gobierno, y sus principales interlocutores, al respecto, mientras se impone con fuerza una orientación represiva y punitivista sobre miles de trabajadores y desocupados empujados a la miseria absoluta.

Se trata de un fenómeno que se destaca en la provincia de Buenos Aires, con una mayor densidad poblacional y demanda habitacional insatisfecha, pero que se extiende a lo largo y ancho de todo el país, dándose procesos de ocupaciones en las zonas periféricas de las principales ciudades, donde se encuentran tierras fiscales sin uso o terrenos privados ociosos destinados a la especulación inmobiliaria y emprendimiento privados suntuosos.

Sólo en la provincia de Buenos Aires se calcula que las ocupaciones de terrenos abarcan a una superficie territorial de unos 43 kilómetros cuadrados. Es lo que algunos medios medios dieron a conocer como el distrito n° “136” de la provincia, ya que tamaña superficie es equiparable a la de un distrito del Conurbano bonaerense, similar a distritos como Lanús, San Isidro, Hurlingham, entre otros. En esta provincia, en lo que va del año, van registradas 1.801 denuncias judiciales por ocupaciones, 868 intervenciones represivas y 524 detenciones (Infobae 2/9).

A nivel nacional se estima que el déficit habitacional alcanza a más de 3,5 millones de familias que no cuentan con una vivienda adecuada o conviven hacinadas. Los casos se agravan en las provincias del noroeste y el noreste argentino y, por supuesto, en la zona del Gran Buenos Aires.

La Tolerancia Cero de quienes gobiernan

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, es quizás quien más ha cristalizado la posición oficial del gobierno nacional y provincial frente al crecimiento de las ocupaciones de tierras, para quien “La ley es muy clara: la toma de tierras es un delito y como tal tenemos que garantizar a los bonaerenses el pleno derecho a la propiedad privada”.

Berni hizo gala de su orientación represiva en un spot publicitario que busca sacar rédito político de un supuesto combate a la “delincuencia”. El ministro también ha dejado en claro que no se trata de un outsider de la política oficial sino que sus actos son respaldados por el gobernador Kicillof, de quien no dudó manifestar que recibe “instrucciones muy claras” para proceder con las ocupaciones: “El que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso”. Además agregó que “el gobernador entiende y comprende la situación como yo, sino ya me hubiera echado a patadas”.

Con quien se pretendió establecer un falso contrapunto es con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien opinó ante los medios, respecto a las ocupaciones, que “ese no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional”. Pero la realidad es que la respuesta del gobierno nacional en materia habitacionales es prácticamente nula. Programas como el Argentina Construye no prevén ninguna solución para la población pobre y/o precarizada y sólo contemplan un eventual plan de viviendas que alcanza al 1% de la demanda habitacional. Incluso la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, ya había manifestado que “Lo que está sucediendo respecto de las tomas […] tiene que ver con situaciones más delictivas que con situaciones reales de necesidad”.

En lo que sí se ha avanzado, en cambio, es en el reforzamiento represivo y en la instrucción de desalojos exprés de los más violentos. La propia Frederic estaría enviando por orden de Alberto Fernández unos 4.000 efectivos de Gendarmería Nacional a la provincia de Buenos Aires, para colaborar en estas tareas. Resulta que muchas veces se trata de ocupaciones en terrenos de jurisdicción federal, donde los municipios y la provincia no pueden actuar. La fuerza creada para “garantizar la seguridad fronteriza del país” ahora será puesta al servicio de reprimir a las familias obreras, garantizando los límites y fronteras de… los terrenos fiscales y ociosos.

Es lo que solicitan los intendentes del Conurbano sur bonaerense, quienes reunidos en el distrito de Presidente Perón –sede de la principal ocupación actual de la región- exigieron un pronunciamiento claro y contundente del gobernador y el presidente en la línea del comunicado que dieron a conocer a los medios, donde manifiestan que “Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”.  Kicillof les acaba de dar su respaldo manifestando, en una reunión con los intendentes, que “las usurpaciones no sólo son ilegales sino que además producen situaciones injustas”.

El presidente Alberto Fernández tampoco se privó de dar a conocer su punto en el programa “A dos voces”, donde manifestó ante el requerimiento de los periodistas que “la ocupación no es algo legalmente permitido […] la usurpación está castigada en el Código Penal”. Sobre políticas de acceso a la vivienda sólo declaró “buenas intenciones”, para pasar de inmediato a hablar del “megaplán de seguridad” que anunciará este viernes 4 y luego elogiar a Sergio Berni por la ayuda brindada a Néstor Kirchner para “resolver el problema” de los “piquetes en cada esquina”, cuando asumieron el gobierno en 2003. Estamos hablando del mismo Berni responsable de la desaparición y muerte de Facundo Castro y de las aberraciones cometidas por la Bonaerense en toda la provincia.

Sofi Bordone, Ojo Obrero Fotografía.

La vida, la libertad y la propiedad

El ministro Berni trata de resumir la situación del “delito” y las ocupaciones bajo el lema de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Pero él y su gobierno son los menos indicados para hablar del tema, cuando se multiplica el reclamo por el Fuera Berni como resultado de la muerte de Facundo Castro a manos de la Bonaerense y decenas de jóvenes son asesinados y golpeados brutalmente por las fuerzas represivas en todo el país; cuando las barriadas obreras y carenciadas son saturadas con gendarmes y efectivos policiales, ciberpatrullaje y todo tipo de medidas represivas para cercenar la libertad de expresión y organización de la juventud y los trabajadores, y cuando el derecho a la propiedad de una pequeña parcela para edificar una vivienda se convierte en derecho un prohibitivo. Como reza el refrán “dime de qué te jactas y te diré de que adoleces”.

Mientras el gobierno nacional allana el terreno represivo con su política de desalojos, a lo que también debemos sumar las declaraciones de Sergio Massa para represaliar a los ocupantes, la oposición patronal de Juntos por el Cambio plantea una modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para que los fiscales tengan la potestad de ordenar desalojos sin la orden de un juez: lo que ocurre en la práctica cuando los intendentes no denuncian las ocupaciones para evitar las dilaciones judiciales y actuar en “flagrancia”.

Las necesidades populares no pueden esperar en el cuadro de la crisis actual, sin precedentes. La población trabajadora le ha perdido el miedo a la represión a conciencia de que no tiene nada que perder bajo las actuales condiciones. Los trabajadores y desocupados, con nuestras organizaciones, debemos avanzar en la pelea por un Banco de Tierras disponibles, que concentre las tierras ociosas e improductivas, para destinarlas a programas de vivienda que satisfagan la creciente demanda habitacional y de acceso irrestricto. Para esto es necesario empadronar y actualizar las necesidades habitacionales en todo el país. Se trata de un programa que debe ir atado al impulso de la actividad de la construcción y la obra pública, con trabajo genuino y bajo convenio, y financiado con los recursos provenientes de afectar a los grandes capitalistas y sus fortunas y al no pago de la deuda externa.