Hugo Sigman, dueño del laboratorio encargado de la producción local de la vacuna de AstraZeneca, aún debe 3,4 millones de las 22,4 que el Estado nacional compró en 2020 y de las cuales se pagó prácticamente la totalidad. La prioridad, sin embargo, no parece ser completar las entregas: según medios de comunicación, luego de terminar las primeras 150 millones de dosis extenderá la fabricación a unas 100 millones más destinadas a cumplir sus compromisos con otros países. Es decir que dentro del nuevo lote, a producirse en su planta en la provincia de Buenos Aires adquirida con financiamiento del Estado nacional, no se incluirían vacunas para Argentina.

No es el único compromiso que tiene. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) -de la mano del gobierno nacional y con Carla Vizzotti a la cabeza- recientemente le otorgó los permisos para la producción de la vacuna latinoamericana contra el coronavirus de ARNm, tecnología utilizada por Pfizer y Moderna, junto a un laboratorio brasilero. El acuerdo sería similar al de la vacuna de AstraZeneca, es decir que se produciría el principio activo en territorio nacional y luego se completaría en Brasil. Que el zoom de la OPS haya contado con la participación de toda la comitiva encargada de vacunas de Alberto Fernández da cuenta del sostén de este para los acuerdos privados en torno al desarrollo de la vacuna, contrario al prácticamente nulo apoyo para los científicos e investigadores de universidades e institutos nacionales. De allí parte que Vizzotti haya introducido como jefa de Gabinete del Ministerio de Salud a Sonia Terragona, exsocia de Sigman y su esposa en la Fundación Mundo Sano.

Los medios también indican que Sigman busca hacerse del negocio de la producción local de la vacuna Sinopharm, por lo que habría influido en su aprobación exprés para menores de 3 a 11 años, dada aun con las reservas de la Sociedad Argentina de Pediatría, quien celebró los alentadores resultados pero exigió al Ministerio la evidencia de los últimos estudios. La reciente designación de Juan Manzur al gabinete de ministros también cobra importancia, sobre todo teniendo en cuenta la relación de amistad y negocios que mantiene con Sigman, que le valió en 2009 -cuando Manzur se desempeñaba como ministro de Salud- la entrega del monopolio de la compra del Estado de la vacuna contra el H1N1 producida por mABxience por un periodo de 10 años, en el contexto de la pandemia de gripe porcina.

De esta manera, el gobierno asegura la supervivencia del negocio de los privados con las distintas vacunas a costa del desarrollo nacional de una propia. A su vez, la aparición de Sigman en los Pandora Papers demostró las enormes regalías que obtuvo a partir de décadas de negociados con el Estado nacional, que se ensancharán con los nuevos acuerdos propiciados por sus amigos en el poder. Lo mismo se repite para el resto de la industria farmacéutica, que durante la pandemia recolectó ganancias multimillonarias gracias al aumento de los precios de los medicamentos, en algunos casos llegando hasta el 1500%. Gracias a eso es que los trabajadores de Argentina pagamos el precio de los fármacos 4 veces más que en Brasil o Estados Unidos, incluso siendo país productor de muchos de ellos.

Las ligazones del Estado con las farmacéuticas son las que le impiden al gobierno llevar a fondo un plan de contención de precios de los medicamentos, como el que discute por estas horas el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti. El posible congelamiento de aumentos sería por 90 días, pero los pulpos farmacéuticos ya se están enfrentando a la medida y, aparentemente, su aliado Manzur también. Con esa orientación colocó a Natalia Natalia Grinblat en la subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica dentro del Ministerio de Salud, que de ahora en adelante se encargará de mediar las discusiones en torno a la incorporación de medicamentos de alto costo a la cobertura de prepagas y obras sociales.

El camino opuesto es el que marcan los investigadores y científicos nacionales, que siguen reclamando inversión para desarrollar sus proyectos mientras el gobierno hace oídos sordos, empujándolos a cerrar contratos con los privados. Es por eso que la apuesta tiene que ser al desarrollo nacional de una vacuna contra el coronavirus en los institutos y universidades nacionales, a través de la centralización del sistema de salud, la estatización de toda la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores y la liberación de las patentes. Apertura de los libros contables de las empresas productoras de medicamentos para evaluar sus costos y garantizar una producción de medicamentos al servicios de las necesidades obreras. Aumento del presupuesto para salud, ciencia y técnica.

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