La renuncia de Antonio Pronsato, quien fuera funcionario de Enarsa y tuviera en sus manos la tarea de organizar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, ha golpeado duramente al elenco oficial. Ha abierto en él otro flanco de crisis, que envuelve a varios funcionarios e incluso a sectores de la clase capitalista. Es que se trata de un proyecto estratégico, con el que el gobierno de Alberto Fernández buscaría aminorar el impacto de la crisis mundial en Argentina, y que a su vez está ligado a la espina dorsal de la política económica del oficialismo, que es cumplir con el acuerdo con el FMI.

El gasoducto, que de concretarse cubriría el tramo entre Vaca Muerta y Salliqueló, ha sido promovido por el gobierno nacional a través de un decreto el pasado mes de febrero. Fue presentado por la propaganda oficial casi como una vía hacia la independencia energética del país, que traería consigo la creación de miles de puestos de trabajo. Y que permitiría ir dejando atrás los estragos causados por el aumento internacional de los precios de la energía. El Ente Regulador del Gas (Enargas) estima que su puesta en pie provocaría un ahorro “en el corto plazo” en materia de subsidios de US$ 1.000 millones anuales, “a la vez que generará un impacto positivo en la balanza comercial energética por alrededor de US$ 1.800 millones” (Télam, 30/5). Sin embargo, la construcción del gasoducto en sí, en el marco de la política oficial, está muy lejos de llegar a los objetivos que se propone y además terminó por dar cuenta del enorme atraso que impera en la infraestructura del país, puesto que el sistema de gasoductos actual es el mismo desde hace medio siglo.

Pronsato, un hombre de perfil técnico, abandona su cargo en el marco de un recrudecimiento de las disputas al interior de la coalición oficialista, que han calado hasta en las carteras relacionadas a la política energética. Algunos señalan que ya habría amagado con abandonar su cargo en otras ocasiones, solo que esta vez procedió a hacerlo a sabiendas de que la obra no llegaría a concretarse para el próximo invierno. Otros sostienen que ha abandonado el barco por miedo a una futura posible judicialización, en la cual los actuales funcionarios gubernamentales le soltarían la mano.

La licitación está empantanada debido a un conjunto de factores que van desde esos encontronazos entre funcionarios, pasando por disputas intercapitalistas, hasta por los límites que existen para financiar el proyecto en un cuadro de ajuste fiscal. Pronsato ha definido a Federico Basualdo (titular de la subsecretaría de Energía Eléctrica) y a Federico Bernal (interventor de Enargas), ambos pertenecientes al riñón K, como “chicos que se pelean por cargos” y se quejó de que Agustín Gérez (presidente de Integración Energética Argentina) haya salido de gira por Rotterdam para “hablar sobre hidrógeno verde” cuando arrecian los conflictos. Desde el punto de vista del proyecto, solo se llevaron adelante algunas licitaciones preliminares, aunque las de mayor peso han ingresado en una parálisis y no han visto la luz.

El contrato con Tenaris Siat, a la que se ha adjudicado la provisión de tubos y otorgado un acceso especial a divisas para financiar su producción, todavía no se ha firmado. Para que estos materiales se entregaran la adjudicación debería estar terminada para junio. Tampoco se pudo destrabar la cuestión de los efectos sobre el medio ambiente, porque el Organismo de Desarrollo Sustentable de la provincia de Buenos Aires (Neuquén, Río Negro y La Pampa, que son las tres provincias restantes involucradas, ya dieron su visto bueno) solicitó un cómputo de los costos del proyecto antes de evaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Además, han emergido inconvenientes con respecto a los permisos que se requieren para atravesar los territorios sojeros, que no se han preparado. Al manifestarse la renuncia ni siquiera estaba conformada la unidad ejecutora de la obra. Las válvulas, los caños y los electrodos para soldar las piezas de la estructura deben importarse, lo que entra en contradicción con el cepo al dólar impuesto en función del pago de la deuda.

La Cámpora salió a tratar de disimular la crisis. Sus voceros han dicho que el episodio de Pronsato fue “inflado”, que el responsable del impasse es Alberto Fernández, y niegan un parate del proyecto. Desde el Instituto Patria, una usina ideológica K, se ha propuesto en su momento que la empresa norteamericana Halliburton juegue un papel determinante (lo que no prosperó) en la construcción del gasoducto; es decir que ofrecen como salida una mayor injerencia del capital imperialista. Esto colocó en un primer plano la cuestión de las presiones cruzadas entre los grandes jugadores que a nivel internacional se disputan los mercados, luego de los resquemores producto de que no prosperara el principio de acuerdo arrimado en 2020 por el gobierno con la china Power. Techint aparece como la gran beneficiada de la pulseada, adjudicándose una megaobra y con acceso al tipo de cambio oficial, ante las protestas de las pymes del sector.

Con todo, cualquier pretensión de levantar el gasoducto se halla completamente condicionada por el carácter fondomonetarista de la política del gobierno, que es compartida por albertistas y camporistas. Lo que prima en Argentina es una gigantesca huelga de inversiones, que cuestiona toda posibilidad de abrir un curso de desarrollo para el país. Las petroleras, en todo caso, están dispuestas a desenvolver un proceso más o menos así solo en la medida en la cual el gobierno permita una mayor libertad para girar dividendos al exterior y si se impone una reforma laboral que aumente de manera considerable la tasa de ganancia. Por el momento, están haciendo pingües negocios exportando crudo, en detrimento del mercado interno y configurando un escenario de desabastecimiento; una política que acicatea las tendencias inflacionarias que el gobierno viene alimentando hace tiempo con los tarifazos implementados y con su rumbo económico en general.

Para terminar con la inviabilidad oficial y el parasitismo de los capitalistas, hace falta desarrollar una verdadera política energética dirigida por los trabajadores, acorde a las necesidades sociales y productivas del país.

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