Alberto Fernández viajó a Neuquén para inaugurar el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que conectará Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires en su primera etapa, hecho que presentó como el comienzo de una era de progreso del país, en que quedaría atrás el déficit energético y más todavía haría luego de Argentina una plataforma exportadora de hidrocarburos “por 200 años”. Nada más ni nada menos. Claro que, como todo con este gobierno, es una promesa devaluada.

El sistema de gasoductos en el país es prácticamente el mismo desde hace medio siglo, muestra de un pobre desarrollo en infraestructura. El gobierno de Macri ya había planificado y convocado a licitación para conectar Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Salliqueló, pero la corrida que siguió a su derrota en las Paso de 2019 enterró el proyecto. La actual gestión había llegado en 2020 a un acuerdo con el gigante Power China para la financiación del mismo, que luego no prosperó. ¿Habrá habido presión del imperialismo yanqui? Hoy el beneficiario es Paolo Rocca y el grupo Techint, que se quedó con un contrato por 600 millones de dólares para la provisión de los tubos del gasoducto.

Se planea que la obra, que se licitaría en las próximas semanas, esté terminada para el próximo invierno. Ello permitiría arrimar a abastecer la demanda nacional, aminorando los cuellos de botella que se generan hoy por la limitada capacidad para transportar el gas producido desde la cuenca neuquina (ya que para almacenarlo el mismo debe ser licuado y Argentina carece de plantas que lo hagan). En un año en que los precios de importación de gas se han quintuplicado y se estima que podría insumir hasta unos 6.000 millones de dólares -motivo por el cual las cámaras industriales avizoran una temporada invernal con cortes de suministro-, la cuestión es estratégica. Pero este no es el único factor que pone topes a la extracción de hidrocarburos.

La limitación principal es la huelga de inversiones de las compañías petroleras, cuyos desembolsos se encuentran por debajo de los registrados durante el mandado de Macri. La misma producción tanto de gas como de petróleo cayó en febrero, y los anuncios de nuevas inversiones en Vaca Muerta apenas permitirían compensar la rápida declinación de los pozos, que por tratarse de yacimientos no convencionales exigen nuevas perforaciones permanentemente. Por lo demás, el descenso sostenido de la extracción gasífera en las cuencas convencionales (especialmente la austral) contrarresta los incrementos que venía registrando la formación neuquina.

Cuando el mes pasado ministro Martín Guzmán viajó a Houston a promocionar ante las principales petroleras del mundo las inversiones en nuestro país, la respuesta unánime que recibió fue que la primera condición es estar exentas del cepo cambiario. Desde el gobierno deslizaron la posibilidad de flexibilizar las restricciones para permitirles un mayor acceso a dólares a precio oficial para que giren utilidades al exterior (ya cuentan con un régimen de cierta permisividad), pero ello choca con las cláusulas del FMI que pautan un incremento de las reservas internacionales del Banco Central como garantía de repago de la deuda.

Ahora el secretario de Energía, Darío Martínez, declaró que tienen previsto abrir una nueva edición del Plan Gas para cubrir las mayores cuotas de producción que permitiría el gasoducto, lo cual en medio de una altísima cotización internacional redundará probablemente en una mejora de lo que paga el Estado a las petroleras. Esto cuando ya estamos ante un dislocamiento de la política energética: mientras se pone en marcha un esquema de tarifazos y naftazos sucesivos, trascendió que las distribuidoras de gas acumularon en los últimos dos años una deuda por 15.000 millones de pesos con la estatal Ieasa -dos tercios concentrada en Metrogas y Camuzzi Sur (Econojournal, 21/4); un mecanismo que copiaron a las privatizadas de luz que tampoco pagan buena parte de la energía a Cammesa. Son cifras que engrosan las partidas de subsidios públicos que el Fondo exige reducir drásticamente.

Que el gasoducto no resolverá la crisis económica puede anticiparse por lo que sucede con el petróleo. Las compañías (tanto nacionales -PAE, Tecpetrol, Vista- como extranjeras -Chevron, Exxon-) están haciendo un negocio extraordinario exportando crudo a un precio que duplica el del mercado interno y con ínfimas retenciones, mientras Raizen-Shell se queja de que tiene un 15% de capacidad ociosa en sus refinerías (La Nación, 24/3) e YPF debe importar combustibles (medido en cantidades, en marzo se importó un 64% más que el año pasado, según Indec).

Por lo demás, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez reclamó abiertamente al presidente la extensión de la concesión del oleoducto a la empresa Oldelval -que transporta el crudo la cuenca neuquina hasta Bahía Blanca-, que vence en 2028 pero ya suspendió todo plan de inversión para extorsionar con asegurarse la continuidad. Esta desidia incluye el abandono de mantenimiento, lo cual llevó a un catastrófico derrame el año pasado en la planta de bombeo que se ubica en el límite entre Río Negro y Neuquén. El anunciado gasoducto Néstor Kirchner aún no cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado, y ya la comitiva presidencial fue recibida con una protesta de las comunidades mapuches que objetan la ausencia de toda instancia de consulta cuando la obra cruzará sus territorios.

Para salir del laberinto hace falta terminar con este régimen de saqueo, cuya preocupación central es contar con las divisas necesarias para afrontar el repago al FMI. Ello requiere la nacionalización de toda la industria energética y del comercio exterior, para invertir las riquezas generadas en un plan de desarrollo al servicio de las necesidades productivas del país, garantizando energía y combustibles a tarifas accesibles para la población en lugar de dolarizar el precio del gas que es el insumo base de toda la matriz energética.

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