YPF informó un nuevo aumento en el surtidor: del 11,5% en promedio para los combustibles Premium y del 9,5% para los combustibles básicos. La suba responde al alza en el precio internacional de petróleo que encarece las importaciones a cargo de YPF para abastecer la demanda local. Por su parte, las cadenas Shell, Axion y Puma también anunciaron que incrementarán sus precios. Este segundo naftazo del año recalentará la inflación en ascenso, constituyendo un nuevo golpe al bolsillo popular.

Si bien es cierto que el barril de petróleo se encareció un 50% con respecto a febrero -cerrando el viernes pasado en USD 112 dólares-, como resultado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, las razones por las cuales YPF se ve forzada a aumentar las importaciones de crudo hay que buscarlas en la huelga de inversiones que protagonizan las petroleras asentadas en suelo local, las cuales, además, venden parte de su producción al exterior, desabasteciendo el mercado interno.

Por un lado, la huelga de inversiones imperante se constata en la caída del 7,2% interanual de la producción de petróleo convencional. Solo creció la producción no convencional, concentrada en Vaca Muerta, pero lo hizo muy por debajo de sus posibilidades. Sucede que el “pico productivo” en dicho yacimiento no estuvo ligado a un salto en la cantidad de perforaciones -para lo cual se requiere un mayor nivel de inversión- sino a la optimización de los pozos ya existentes a partir de realizar más fracturas en cada uno ellos. Algo que no puede sostenerse en el tiempo sin que decaiga la producción, ya que los pozos de no convencional declinan rápidamente y es necesario realizar nuevas perforaciones de manera constante.

Por otra parte, para que los pulpos petroleros radicados en Argentina puedan sacar provecho de los altos precios internacionales -que duplican los precios locales que pagan las refinadoras- el gobierno les permite exportar hasta la tercera parte de su producción, a pesar de que no se llegue a cubrir la demanda interna e YPF deba suplir ese déficit importando mayores volúmenes de petróleo a un precio cada vez más elevado, el cual viene siendo descargado sobre la población mediante aumentos en el combustible. Un verdadero subsidio indirecto por parte de la “estatal” YPF al resto de las empresas hidrocarburíferas que deriva en sucesivos naftazos.

Este esquema de saqueo se profundizará, ya que las multinacionales del sector le exigieron a Martín Guzmán, en su paso por Huston, la libre disponibilidad del 50% de los dólares que facturan como condición para invertir en el país. El ministro, por su parte, se mostró predispuesto a conceder esa demanda, afirmando que “se pueden hacer cosas y esperamos hacerlas en las próximas semanas” (Clarín, 14/3). De avanzar en esa dirección, no solo continuará el drenaje de divisas para importar petróleo mientras el 10% de la producción local se exporta dado que es una opción más conveniente para las petroleras, sino que además, se liquidarán en el país cada vez menos dólares provenientes de esas ventas al exterior si se flexibiliza efectivamente el cepo cambiario para estas compañías. Ahora bien, no es seguro que Guzmán pueda cumplir su promesa, ya que entra en choque con el reclamo del FMI de acrecentar las alicaídas reservas del BCRA para utilizarlas en el pago de la deuda.

Como vemos, la orientación capitalista del gobierno lo convierte en rehén de estos intereses parasitarios. Por un lado, busca cumplir con el Fondo y sumar dólares a las reservas a través de otorgarle prebendas a las petroleras para fomentar la exportación y con la esperanza de que incrementen los niveles de inversión y así poder reducir la cantidad de petróleo que importamos. Sin embargo, estas empresas exigen desangrar aún más las reservas como requisito para realizar tales inversiones. En definitiva, son las contradicciones con las que debe lidiar el oficialismo, asediado por el síndrome de la “sábana corta” que vuelve imposible conformar a todos los sectores patronales, sumado al contexto internacional mencionado que enardece el precio de los hidrocarburos.

El punto es que los platos rotos de toda esta política los pagamos los trabajadores a la hora de cargar combustible y padeciendo a la vez el aumento generalizado de precios que producen los naftazos al impactar sobre los costos de logística. Finalmente, que YPF tenga mayoría estatal pero se siga rigiendo bajo las reglas del mercado no le reporta ningún beneficio a los sectores populares, por el contrario, la empresa es pionera en aplicar aumentos periódicos en sus estaciones de servicio. Por lo tanto, debemos avanzar en una estatización de la toda la industria hidrocarburífera donde el control lo tome la clase obrera, la única clase social dispuesta a iniciar un curso de desarrollo del país donde se priorice dar respuesta a las necesidades del pueblo.