Políticas
19/3/2025
El gobierno busca amedrentar la movilización por los jubilados advirtiendo que "va a reprimir"
Milei y Bullrich demuestran nuevamente que representan un peligro para los trabajadores.
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Mensaje intimidante en la estación de tren.
El gobierno nacional montó un megaoperativo de represión y amedrentamiento para intimidar a las miles de personas que saldrán este miércoles a las calles para defender a los jubilados. Las inmediaciones del Congreso están inundadas de policías –varias calles están cortadas–, en las pantallas y los altoparlantes de las distintas estaciones de trenes se reproducen mensajes amenazantes y desde el Ministerio de Seguridad anunciaron que recompensarán con 10 millones de pesos a quien colabore con “identificar a los violentos” que “atacaron” a las “fuerzas de seguridad” en la manifestación del miércoles pasado.
Aproximadamente a las 7:00 horas, grupos de policías comenzaron a levantar vallas cerca del Congreso. Policías de distintas fuerzas y gendarmes, que estacionaron sus camiones hidrantes, ya están custodiando las calles. Según La Nueva (19/3), el gobierno duplicó la cantidad de efectivos de la Federal, Gendarmería y Prefectura. También amenazó con detener micros que ingresen a CABA desde la provincia de Buenos Aires.
A su vez, en las pantallas y el sistema de audio de las estaciones de trenes se reproducen mensajes intimidatorios. “Protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República”, dicen. Gabriel Solano, legislador y dirigente del Partido Obrero, señaló que “los cárteles amenazando con la represión policial constituyen sin lugar a dudas un delito de intimidación pública del gobierno a la población”. A lo Stalin, Milei y Bullrich utilizan literalmente todos los instrumentos del Estado para intentar regimentar a la población y divulgar propaganda gubernamental reaccionaria.
Por otro lado, Seguridad anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre aquellas personas que hayan provocado “disturbios” en Congreso el miércoles pasado. Con disturbios el gobierno se refiere a hacer uso del legítimo derecho a la protesta. Bullrich acusa a los manifestantes de barrabravas violentos y de portar “armas blancas y de fuego” y otro tipo de elementos peligrosos; de desestabilizadores, sediciosos y de atentar contra el orden constitucional. Una gran farsa.
La semana pasada Bullrich presentó a los manifestantes como golpistas y delincuentes. Y ahora busca abrirles causas por “sedición”. La ministra no tiene ninguna prueba para sustentar las imputaciones. Es que quienes se movilizan son trabajadores, jóvenes y jubilados que hacen uso de su derecho democrático a defenderse de los agravios de los capitalistas y su Estado.
Así quedó demostrado, además, cuando la jueza Andrade dictó la liberación de los más de 100 detenidos durante la marcha pasada por falta de pruebas. Patricia Bullrich los había acusado de “delitos de atentado, resistencia, lesiones y daños”.
El gobierno libertario preparó la arquitectura represiva junto a los capos de la Side, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, en las oficinas de Santiago Caputo (Página 12, 19/3). Según la ley de inteligencia, ningún organismo del área puede “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal”. Otra vez los estafadores actúan en la ilegalidad.
Esto reviste una gravedad inusitada habida cuenta que el operativo represivo se orquestó con espías que tienen datos sensibles sobre personas y organizaciones políticas, sindicales y sociales. En este sentido, el gobierno viene de aumentar el presupuesto de la Side.
A sabiendas de que la causa de los jubilados adquiere cada vez más apoyo popular, Milei y Bullrich desarrollan una política represiva y criminal para evitar que los trabajadores salgan masivamente a las calles para defender a los jubilados y luchar por sus reivindicaciones. La represión criminal que el miércoles pasado descargaron contra los movilizados terminó con decenas de heridos –el fotoperiodista Pablo Grillo sigue luchando por su vida– y cientos de detenidos. Como dijo Solano, “no caben dudas que esta intimidación pública es una muestra de debilidad de un gobierno que teme como a la peste desatar una rebelión popular”.
Este miércoles, además, se discute en Diputados el DNU libertario que autoriza el nuevo endeudamiento con el FMI. La diputada del Partido Obrero, Vanina Biasi, presentó una moción de orden para que se levante la sesión hasta que se retire el operativo represivo; 140 diputados votaron en contra y 3 se abstuvieron. La complicidad es total. Para hacer pasar los planes antiobreros de los capitalistas y los buitres necesitan reforzar el despotismo estatal y las atribuciones represivas de las fuerzas policiales.
Milei y Bullrich demuestran nuevamente que su permanencia en el poder entra en contradicción con la vida de los trabajadores. Que se vayan. Copemos las calles en defensa de los jubilados.
