El gobierno nacional acaba de anunciar la postergación de la convocatoria al Consejo del Salario, que estaba prevista para el próximo 18 de agosto, para que tenga lugar el día 22, luego de que el gobierno se reúna con las patronales para fijar un nuevo “acuerdo de precios y salarios”: un ancla para las negociaciones salariales.

Alberto Fernández hizo este anuncio en un reciente acto en Lomas de Zamora donde afirmó que “en el transcurso de esta semana vamos a convocar a empresarios y sindicalistas de la Argentina a una mesa para marcar una hoja de ruta para alinear precios y salarios por 60 días para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios”.

Por esta vía, el gobierno supedita el aumento del salario mínimo a un supuesto acuerdo-consenso con las patronales, del cual nadie espera nada y que ya ha fracasado en el pasado y solo ha servido para que las patronales justifiquen paritarias a la baja.

Está claro que en esta situación el orden de los factores sí altera el producto, ya que se subordina la actualización del piso salarial de referencia al relato del gobierno de una supuesta política de control y regulación de precios y a la “buena” voluntad de las patronales.

La convocatoria a las patronales también contará con la presencia –como en anteriores oportunidades- de la burocracia sindical de las centrales obreras y estará a cargo de los nuevos secretarios Matías Tombolini (Comercio) y José Ignacio de Mendiguren (Industria), un agente directo de la UIA.

La burocracia es convidada a una nueva maniobra para hacer pasar el ajuste, mientras las paritarias del 60% son enterradas por la inflación y el salario mínimo se encuentra por debajo de la canasta de indigencia. Incluso continúan asignándole un contenido en favor del gobierno ajustador a la convocatoria a marchar el próximo 17 de agosto: una capitulación ante la ofensiva antiobrera.

La historia de los “acuerdos de precios y salarios” atravesó distintos momentos, todos ellos dañinos para los trabajadores, llegando al punto de que el propio programa de bandera del gobierno en la supuesta regulación de precios, Precios Cuidados, no pasa de una política de “consensos” y sin auditoría del Estado.

Una muestra palpable de este fracaso es lo ocurrido con la suba del precio del trigo y el maíz, y sus derivados (como el pan), frente al salto de los precios internacionales, que produjo ganancias millonarias para los capitalistas y el encarecimiento de una parte sustancial de los alimentos que consume la clase trabajadora y sus familias.

El aumento del salario mínimo no puede esperar más dilaciones, ni puede depender de las maniobras oficiales y las especulaciones de la burocracia sindical, sino que debe estar atado al cálculo que el Indec realiza respecto al valor de la canasta básica, hoy en $105.000.

Las negociaciones salariales tampoco deben subordinarse a las palabras y/o compromisos vacíos de las patronales y el gobierno, sino a una verdadera recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que demanda una intervención independiente en la crisis, con el paro nacional y el plan de lucha para derrotar el ajuste antiobrero y conquistar una recomposición general de los salarios.

Este es el camino emprendido por la docencia combativa, los trabajadores del Sutna, la Unidad Piquetera y los distintos sectores en lucha para quebrar el ajuste.

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