La inflación no solo pega en el bolsillo de los trabajadores por la desvalorización del salario en sí misma. También lo sacude por otros flancos, como la actualización por debajo del aumento de precios a los montos que ponderan el pago del Impuesto a las Ganancias o el cobro de asignaciones familiares, como la Universal por Hijo (AUH). Así, cada vez más asalariados quedan abarcados en la retención de este impuesto o exentos de la AUH. Esto funciona como un obsequio a las patronales, ya que tensar hacia abajo las negociaciones paritarias debido a que un aumento que “cruce la línea” lleva a los trabajadores a perder por otra ventanilla.

Para el cobro de esta última el techo se mantiene en los $158.366 de salario bruto. Efectuados los descuentos pertinentes (jubilación, obra social y demases), que devuelven un neto menor, se le negará el cobro de asignaciones por hijo a las familias en que un integrante perciba este monto; que queda a fin de cuentas inclusive por debajo de la canasta básica. En los próximos días conoceremos la nueva valorización de este índice, que actúa como umbral divisorio de la población bajo condición de pobreza, y que de acuerdo al último cálculo, correspondiente a julio, ya alcanza los $115.000. Teniendo en cuenta que la medición del Indec no estipula gastos como el alquiler, que representan un gasto de gran porcentaje en las economías familiares, estamos ante una clara confiscación de salarios que con suerte cubren las necesidades elementales.

A su vez, las familias que perciban en total una suma por encima de los $130.000 mensuales (y, claro, donde ningún salario en particular supere los $158.366), la AUH baja a unos miserables $6.830, un monto que siquiera llega a cubrir, por citar ejemplo, los pañales y la leche que necesita por mes un bebé. Esto porque, en sintonía con las “faltas de actualizaciones”, el gobierno aumentó los montos de la asignación solo para los trabajadores en relación de dependencia con ingresos brutos familiares menores a los $130.000. Los que cobran por encima tuvieron un aumento para el año del 49,2% en noviembre, cuando la inflación habrá alcanzado, según se estima, un 90%. En tanto, lo ejecutado para su pago quedó un 31% por debajo de la inflación interanual.

Lo propio ocurre con el Impuesto a las Ganancias que paga una capa de los asalariados. Este año el piso arrancó en $225.937 y fue prorrogado para que alcance los $280.792 del bruto, contemplando la suba del índice salarial del Ripte entre octubre 2021 y marzo 2022. Pero otra vez las “desactualizaciones”: teniendo en cuenta el aumento del indicador entre abril y julio, el piso debería situarse en $344.812. Así, nuevos trabajadores serán empujados a pagar Ganancias.

Esta “presión impositiva” es impulsada tanto por el oficialismo como por la oposición patronal, que vienen de dar media sanción a la prórroga de una serie de tributos, entre ellos Ganancias y su aplicación sobre la remuneración de los trabajadores. Es un contraste con las exenciones que reciben los capitalistas, que ya es superior al déficit fiscal, y cuando se anuncian regímenes de beneficios para grandes multinacionales que incluyen devolución por este gravamen. Así, tenemos el colmo de que los laburantes pagan Ganancias y los empresarios quedan a menudo libres de cargos.

En ninguno de estos casos de “faltas de actualización” se trata de una desatención. Es una política del gobierno para aumentar la recaudación fiscal a costa de los salarios y al servicio del pacto con el FMI. Se vale para ello de una inflación que ya de por sí desvaloriza los ingresos de los trabajadores y jubilados al tiempo que engrosa las arcas del erario público vía los impuestos al consumo, como el IVA. Urge pelear por la eliminación del pago de Ganancias sobre los salarios, borrando la cuarta categoría del gravamen, y derogar los topes al cobro de las asignaciones familiares.

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