El Congreso está discutiendo una prórroga de una serie de impuestos nacionales, que se coparticipan entre la Nación y las provincias y que vencen a fin de año (Ganancias, Bienes Personales, al cheque, entre otros y asignaciones específicas), puesto que según la Constitución Nacional los tributos directos siempre deben ser fijados por un período determinado. Es la prórroga de un sistema impositivo regresivo, que confisca los magros ingresos de los trabajadores cuando el Estado solo busca cumplir la meta de ajuste fiscal que impone el FMI. Quienes viven de su salario pagan la deuda de su bolsillo, mientras los capitalistas gozan de todo tipos de exenciones y compensaciones.

Es el caso de los impuestos al consumo, como el IVA que representa la tercera parte de la recaudación nacional, y que tiene su correlato en las provincias con gravámenes como Ingresos Brutos que son trasladados a los precios finales. Lo es también del Impuesto a las Ganancias, que en su cuarta categoría abona aproximadamente un millón y medio de trabajadores -desde salarios apenas por encima de una canasta familiar.

Mientras se llenan la boca hablando de presión tributaria, oficialismo y oposición coinciden en llevar la vigencia de estos tributos hasta 2027, garantizándole los ingresos al próximo gobierno. El macrista Laspina, por ejemplo, se quejó de la presión impositiva a los empresarios asegurando que “los obligan negrear al trabajador”, evidenciando que cuando despotrican contra la presión impositiva lo hacen exclusivamente desde el punto de vista de los capitalistas y contra los laburantes. La diputada Romina Del Plá (FIT-PO) le contestó: “Nadie está obligado a negrear a un trabajador. Es una decisión patronal explotadora”.

Con una inflación que corroe poder adquisitivo sistemáticamente y con paritarias que no se acercan ni por asomo a los índices inflacionarios, se sostienen gravámenes que continúan confiscando los magros ingresos de miles de trabajadores. No hay grietas en cuanto a facturarle la “responsabilidad fiscal” a la población.

En esa misma línea también va el Consenso Fiscal que Alberto firmó con los gobernadores para avanzar en impuestazos provinciales y ahorrarse giros desde Nación, y que fue votado por unanimidad en el Senado mostrando el consenso de los bloques patronales en descargar sobre la población laboriosa el costo del repago de la deuda al FMI, mientras ajustan el gasto público. Esto último tuvo su expresión más reciente en el recorte presupuestario nacional, lo que implica un desfinanciamiento de esferas públicas elementales como lo son salud, educación y vivienda, entre otras.

A su vez, las patronales pugnan por mayores prebendas impositivas, aún siendo los que están al frente de la evasión fiscal. Esto se contrapone con la meta de ajuste que impone el FMI, lo que augura mayores choques entre el gobierno y los capitalistas, quienes reclaman a coro erradicar el déficit fiscal pero no quieren pagar las consecuencias.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Estados Unidos a ofrecerle exenciones impositivas a las multinacionales, como ya lo hizo con las automotrices a quienes les otorgó la eliminación de retenciones, en un acto desesperado por fomentar el ingreso de divisas al país para nutrir las quebradas arcas del Central y cumplimentar la meta de reservas que estipula el pacto con el Fondo.

A este sistema impositivo regresivo le oponemos gravar escalonadamente a las grandes riquezas y rentas capitalistas, a la vivienda ociosa y la especulación financiera, en lugar de a los consumidores y a sus ingresos. Es un planteo indisociable de la pelea por una reorganización de fondo cuyo punto de partida es derrotar el pacto con el FMI.

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