La firma del Consenso Fiscal entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, con la única excepción de Horacio Rodríguez Larreta, es indicativa de los tiempos que corren. En plena crisis política, visible desde el hundimiento del Presupuesto 2022 a las divisiones públicas dentro de los diferentes bloques políticos, este acuerdo “trasversal” muestra la voluntad unánime de descargar sobre la población trabajadora el costo del repago de la deuda al FMI, sobre la base de viabilizar impuestazos y de ajustar el gasto público.

Es inequívoca la afirmación presidencial de que “este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo, porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales”. Veamos los pormenores.

Consensuando el ajuste

El nuevo Consenso Fiscal, que viene a reemplazar el que firmaran las provincias con el gobierno nacional de Macri en 2017, sostiene uno de sus pilares: la fijación de un tope en la ampliación del gasto de los Estados provinciales.

El discurso oficialista celebra que el límite a las erogaciones ya no sea establecido en función de que no supere la inflación, sino en torno al crecimiento del PBI, para ocultar la esencia ajustadora de este nuevo pacto fiscal; máxime cuando el saqueo de las reservas del Banco Central y la corrida cambiaria presionan por una devaluación de la moneda que impactaría de lleno con una depreciación del producto bruto nacional. La mayor recaudación impositiva que se habilita con este acuerdo no irá a aminorar los recortes presupuestarios sino a viabilizar los compromisos con el FMI sobre la base de eximir al Estado nacional de mayores giros. El gobierno recortó en el primer semestre de este año las transferencias no automáticas a las administraciones provinciales un 27,2% en términos reales, según Iaraf.

Ya en el propio mensaje del malogrado Presupuesto 2022 se observaba que, tomadas en conjunto, las provincias habían registrado superávit fiscal en 2020. Esto a pesar de una caída del 5% en la recaudación tributaria por las restricciones sanitarias, ya que el gasto cayó un 7%. ¿Por dónde vino la poda? Menores gastos “en personal (partida con elevada incidencia en el total), acompañada por las disminuciones en los gastos por prestaciones a la seguridad social, en las transferencias a municipios y en la reducción, significativa, de los egresos de capital” (léase parálisis de la obra pública).

Presión tributaria… sobre los consumidores

El punto fuerte del nuevo Consenso Fiscal es eliminar el esquema de reducción de las alícuotas del impuesto sobre Ingresos Brutos a distintas ramas de la economía. Este tributo, que representa tres cuartas partes de la recaudación de las provincias, es uno de los más regresivos porque grava la actividad económica y termina siendo trasladado a los consumidores. Por ejemplo, la incorporación del rubro servicios digitales (donde revistan plataformas como Netflix, HBO, Spotify, entre tantas otras) será con seguridad facturado a los clientes.

La UIA, la banca y numerosas cámaras patronales pusieron el grito en el cielo, incluso adelantando que repercutirá sobre los precios. Este enojo por la presión tributaria es sintomático de los problemas que plantea la senda del acuerdo con el FMI, porque mientras los capitalistas reclaman a coro erradicar el déficit fiscal al mismo tiempo ninguno quiere pagar las consecuencias. Es un dilema similar al que plantea el recorte en los subsidios energéticos, porque un aumento generalizado repercutirá también sobre los costos de producción y la inflación, echando leña a los reclamos salariales. Como sea, un nuevo programa fondomonetarista de ninguna manera traerá armonía a la economía nacional, sino que exacerbará las contradicciones.

El resto del Consenso Fiscal reafirma esta dirección. Sube las alícuotas máximas en el impuesto Inmobiliario y crea un organismo para unificar los parámetros de valuación fiscal, pero la realidad es que se mantendrán muy por debajo de los valores reales de mercado favoreciendo a los grandes terratenientes. La ley impositiva 2022 de Kicillof que se apresta a tratar la Legislatura bonaerense consagra un Inmobiliario Rural irrisorio que representa el 2,5% de la recaudación, inferior al período de Vidal, cuando se trata de tierras de la zona núcleo sojero-ganadera. Lo mismo vale para la potestad de incorporar impuestos a la herencia o donaciones de inmuebles, que ataca la única vía para el traspaso de una vivienda familiar sin recargos prohibitivos.

Ofrenda a Washington

La foto “de consenso” tiene así como destinatario principal a las oficinas del Fondo Monetario Internacional, desde donde habían pasado factura al gobierno por su fracaso en la sanción del Presupuesto 2022. Ajuste y recaudación tributaria regresiva son puntos nodales de la tarea de “ordenar las cuentas fiscales” que encomendó el organismo multilateral a los funcionarios de Economía y el Banco Central que viajaron recientemente a Estados Unidos a avanzar en las negociaciones.

Los gobernadores de la oposición pusieron el gancho, preservando intereses de caja. El rechazo del jefe de gobierno porteño obedece a la disputa que dejó planteada la baja de la coparticipación a la Ciudad el año pasado, y de ninguna manera a un cuestionamiento de la presión impositiva cuando aumenta tasas y grava hasta las compras con tarjetas de crédito indiscriminadamente. No hay grietas en cuanto a facturar la “responsabilidad fiscal” a la población. Donde gobierna, a Juntos por el Cambio se le presenta la misma disyuntiva, al punto de quedar pegados con las críticas de las patronales a la presión tributaria del Frente de Todos. Cuando la coalición oficial atraviesa fuertes tensiones centrífugas, este hecho no deja de mostrar los problemas de la derecha para posicionarse como variante de recambio.

Para los trabajadores la cuestión se plantea de manera inversa. Finalmente, cuando sí se redujo la carga impositiva ello fue embolsado como sobreganancia por los capitalistas. Sin la apertura de los libros de las empresas al control obrero nunca podría garantizarse que la baja de la presión tributaria redunde en beneficio de las familias trabajadoras. Por lo demás, el grueso del gasto tributario (es decir, de las exenciones impositivas) son beneficios al capital y no a la población.

La lucha por un sistema impositivo progresivo, que grave escalonadamente a las grandes riquezas y rentas capitalistas en lugar de a los consumidores y propietarios de vivienda única o bienes elementales, es indisociable de la pelea por derrotar el pacto con el FMI.

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