El Frente de Todos convocó finalmente a la sesión del 28 de diciembre para tratar el presupuesto bonaerense 2022 junto a la Ley Fiscal que lo acompaña y la ley de ministerios. Esta última obligará a un reajuste y redistribución de las partidas para financiarlos. El “supermartes”, como lo llaman algunos medios de prensa, podría incluir una ley que deje sin efecto o limite la prohibición de la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria del 28 confirma un grado de entendimiento con Cambiemos en la Legislatura para que no se repita el fracaso del Congreso que culminó con la derrota política del gobierno de Alberto Fernández y la prórroga del presupuesto nacional por decreto de la presidencia.

Consenso buitre

El paquetazo viene con un mayor endeudamiento como garantía de pago los bonistas buitre. El “canje” de Kicillof reconoció integralmente la “pesada herencia” de la deuda externa (mayoritariamente en dólares) fraudulenta y usuraria acumulada bajo los gobiernos de Vidal y Scioli. Canje mediante, los bonos en default se revalorizaron en un 60% y desde el 2022 comenzarán a pagar los intereses devengados por “mora”. En el debe, y por fuera del acuerdo con la mayoría de los bonistas, quedaron dos fondos de inversión que siguen litigando en EE.UU. contra el Estado provincial.

Entre las garantías que ofrece Kicillof están el impuestazo a la vivienda única y sobre las patentes en plena escalada inflacionaria. Está muy claro que el impuestazo a los trabajadores forma parte del programa de ajuste fiscal del FMI. El miércoles 22, el Frente de Izquierda Unidad movilizó junto a organizaciones sindicales combativas para rechazar el proyecto de Presupuesto 2022 enviado a la legislatura en nombre del ejecutivo.

Como denunciaron el diputado Guillermo Kane y la bancada del FIT Unidad, el presupuesto de “Todos Juntos” entrega la parte del león a la Bonaerense y el aparato represivo (47.000 millones de pesos). El desalojo brutal y quema de merenderos en el Barrio 1° de Noviembre de la Matanza el 24 de diciembre se dio poco días después de que Kicillof anunciara un aumento para la policía provincial reafirmando los palos a los reclamos populares.

La ley de ajuste

Este “cogobierno legislativo” del Frente de Todos con Cambiemos funciona desde la propia asunción de Kicillof cuando este prorrogó por decreto el presupuesto de Vidal durante todo el 2020, para más tarde votar por “consenso” el presupuesto provincial 2021. Dos años de gobierno “nacional y popular” desnudan quién y quiénes le hacen el juego a la derecha.

A pesar de los acuerdos en marcha -traficados a un alto costo por las exigencias de Cambiemos-, y del “pase” de una diputada de Juntos por el Cambio al oficialismo, el resultado final de la votación es todavía incierto por la fragmentación política que dejaron las elecciones de noviembre  y por la crítica situación social, económica y sanitaria.

En particular cuando la Argentina está entrando de lleno en la tercera ola Covid con variantes de mayor contagiosidad y un número de infectados que ya alcanzó los 16.400 diarios en todo el país y más de 4.000 en la provincia de Buenos Aires. Chocando con este crecimiento exponencial de la pandemia, el proyecto de presupuesto, que se tratará el 28 no incluye el “refuerzo Covid” y de hecho implica una reducción nominal de las partidas para salud.

Desde el gobierno pretenden zafar afirmando que “de ser necesario” se repondrán estos recursos; una forma artera de encubrir el ajuste en seco a la salud pública. Ahora es cuando si se pretende concretar la vacunación completa, la inoculación de la tercera dosis cada vez más necesaria, y si quiere garantizar las camas de terapia y aparatología en la emergencia sanitaria: el “fondo Covid” no solo debe mantenerse sino actualizarse e incrementarse para fortalecer el sistema sanitario antes del inicio de clases y de los primeros fríos.

El presupuesto bonaerense llega al filo del año con distintos flancos abierto, máxime cuando la votación de la ley de leyes y de ministerios requiere mayoría simple pero la ley fiscal que debe votar el impuestazo y nuevo endeudamiento necesita de los dos tercios en ambas cámaras de la Legislatura. Una y otra son un combo inescindible para que los trabajadores paguemos la crisis. En disputa está la forma y los tiempos de distribución del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que los intendentes de Juntos quieren que lleguen directamente a las comunas por un total de casi 89.000 millones de pesos. Esta presión cuenta con el “acompañamiento” de los barones del PJ en un juego de desgaste sobre la gobernación. La debilidad política de Kicillof acentúa las tendencias centrífugas en el peronismo.

Otro tanto ocurre con las partidas para las intendencias del “fondo de seguridad” que los alcaldes quieren recibir sin pasar por el filtro del ministerio de “seguridad” de Sergio Berni. En las negociaciones en curso para el “presupuesto de consenso”, los legisladores cambiemitas pidieron mayor mano libre para que los jefes comunales puedan meter mano libre en el Fondo Educativo. El paquete incluye la asignación de cargos “de control” a la oposición derechista en el aparato del Estado. La sujeción ante los bonistas expone como nunca al Estado como un botín en disputa de los capitalistas y sus partidos.

Contra los salarios y las jubilaciones

Kicillof tiró lastre con el bono provincial (por única vez) frente a la caída en picada del salario por debajo de la canasta de pobreza, lo que pone en evidencia y, a su pesar, la impostura cómplice de las burocracias sindicales que firmaron 8% del “último tramo” de la pauta salarial 2021. Del bono de 20.000 pesos para los estatales, docentes y trabajadores de la salud quedan excluidos los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) quienes recibirán sólo 8.000 pesos, siempre y cuando su jubilación no supere la mínima. Una poda gigantesca. A la fecha no hay una definición del bono en los municipios bonaerenses siendo que los trabajadores municipales son el eslabón más débil y atrasado en materia de salarios. La miseria salarial golpea de lleno en el “territorio”.

Los condicionamientos para el pago del bono a los jubilados son una radiografía de la crítica situación del IPS, vaciado por el saqueo capitalista, los bajos salarios, la reducción de los aportes patronales y la precarización laboral. La paralización y demora de los trámites jubilatorios corre pareja con la desfinanciación del Instituto de Previsión -que debe ser investigada-, y provoca un cuello de botella para apurar la reforma jubilatoria en la provincia de Buenos Aires, incluyendo una forma de “armonización” con la Anses en los montos y cálculo de haberes a la baja. Desde las nuevas autoridades del IPS se habla de la “inviabilidad” de un sistema previsional provincial con los mismos argumentos que usaban Vidal y el macrismo apelando a una manipulada relación entre trabajadores activos y pasivos.

La lucha por la defensa del IPS y de las jubilaciones, por un salario en blanco no inferior a los 100.000 pesos, y el fin de la precarización laboral,se opone frontalmente al presupuesto de ajuste de Kicillof que debe ser rechazado.

Reelección y crisis política

La sanción de la ley de leyes 2022 depende también, como dijimos, de la presión cada vez más ostensible de la “liga de intendentes” y del PJ para que se eliminen los obstáculos legales para la reelección después de un segundo período. Desde las Paso y las elecciones generales de noviembre, Kicillof viene gambeteando una definición a favor de la reelección indefinida en nombre de un “acuerdo integral”, y a sabiendas que se trata de una ofensiva que lo perjudica.

Las acciones políticas del gobernador están devaluadas como consecuencia de su puja perdidosa con los barones del PJ, la designación de Insaurralde como interventor y jefe de gabinete provincial, los encontronazos con Cristina y Máximo Kirchner y la falta de apoyaturas políticas al interior del peronismo bonaerense con la excepción del “ministro en tránsito” y represor Sergio Berni, y las burocracias sindicales de Suteba y Ate.

El proyecto del diputado del Frente de Todos, Walter Abarca, para que se habilite la reelección de los intendentes, agitó las aguas en el oficialismo y en Juntos por el Cambio. La pelea por la reelección se convirtió en un despliegue de fuerzas a ambos lados de la grieta y dentro de las propias coaliciones oficialista y opositora. En vísperas del tratamiento del presupuesto 2022, el PRO está dividido: los senadores bonaerenses De la Torre y Allan impulsan una modificación a la reglamentación firmada por Vidal en el 2019 que habilitó como salida a su propia ley la posibilidad de que los intendentes vuelvan a presentarse nuevamente en el 2023, previo corte del mandato con una licencia o asumiendo otro cargo. Este proyecto que modificaría el artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades fue profusamente difundido por los alcaldes macristas enfrentados a Vidal como vendetta por la avanzada de la exgobernadora en la provincia de Buenos Aires. Un contragolpe contra quien pretendió exponer el pacto reeleccionista que están negociando intendentes peronistas, del macrismo y la UCR.

Si el “supermartes” incluye finalmente la reelección indefinida o una variante para sortear los límites legales en el 2023, el complicado consenso que busca Kicillof con Juntos puede seguir el mismo camino fracasado del presupuesto nacional. Está por verse cómo votan los legisladores massistas que deberían desandar su propia ley.

La reelección de los jefes comunales es también la revancha que buscan el PJ y los “barones” frente a la “lapicera de Cristina”. Para un Kicillof cada vez más aislado, la votación del presupuesto es casi un acto de sobrevivencia política, si esto no prospera el “Kici” sumará un nuevo fracaso que facturarán sus adversarios puertas adentro y afuera del peronismo.

Rechazo al presupuesto de los bonistas y el FMI

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad sostiene una campaña activa de rechazo a este presupuesto ajustador oponiendo las reivindicaciones urgentes de las masas por salario, trabajo, salud, educación y viviendas al ajuste en beneficio de los bonistas buitres La bancada del FIT Unidad anticipó su voto de rechazo con la movilización de más de 5000 trabajadores la semana pasada, y volverá a manifestarlo el 28 dentro del recinto y en la calle.

Abajo el presupuesto de hambre y ajuste, no al pago de la deuda externa usuraria y confiscatoria.