Es común escuchar a los políticos de los partidos tradicionales decir que el desempleo y la proliferación de la informalidad laboral son un producto de la “rigidez” de los convenios colectivos de trabajo o de los derechos de la clase obrera en general. Uno de los defensores más acérrimos de esta idea es Javier Milei. No por nada el diputado libertario es un fanático del gobierno de Carlos Menem. La experiencia menemista ha demostrado que, por el contrario, “los problemas del trabajo” son una consecuencia del avance contra las conquistas de los trabajadores.

Menem llegó al poder prometiendo una “revolución productiva” y anunciando que se venía un “salariazo”. Su política llevó a que ocurra todo lo contrario. Con la convertibilidad que reivindica Milei, la desocupación y la pobreza crecieron sistemáticamente independientemente del resto de las variables económicas (baja de la inflación, por ejemplo). El Plan Cavallo significó un ataque histórico contra la clase obrera y reforzó el estatus semicolonial de Argentina en el concierto de naciones.

En la década del ‘90, el gobierno peronista despidió a decenas de miles de trabajadores estatales lo que vino de la mano de la privatización de empresas (petróleo, gas, agua, ferrocarriles, correos, etcétera). A su vez, con la privatización de las jubilaciones (AFJP) avanzó en una confiscación contra los jubilados y de los trabajadores activos. Al calor de este proceso se fue formando una casta que se enriqueció con el robo de las cajas jubilatorias, cuyos fondos se utilizaban para realizar todo tipo de maniobras especulativas. Las patronales, entretanto, eran beneficiadas con una rebaja de sus aportes, lo que fue mantenido por todos los gobiernos hasta la actualidad y explica en cierta medida la quiebra de la Anses.

En el mundo del trabajo, el régimen de Menem y Cavallo estableció una intensificación de los ritmos y profundizó la flexibilización laboral, incluso en convenios de sectores importantes como el automotriz, el de la siderurgia o la alimentación. Esto fue acompañado por el incremento de las horas de trabajo, la facilidad de las patronales para despedir, un ataque a los convenios especiales para la insalubridad, y una ofensiva en regla contra la organización de la clase trabajadora con el objetivo de atomizarla.

Esta superexplotación casi sin precedentes de la fuerza de trabajo no trajo consigo un incremento de la riqueza material sino que solo sirvió para acrecentar las ganancias de los empresarios. Esto fue probado por estudios oficiales realizados en el año 1996, que evidenciaron cómo el aumento del rendimiento del trabajo no era la consecuencia de un desarrollo tecnológico (introducción de mejoras técnicas, por ejemplo).

En ese mismo año, un cuarto de los establecimientos industriales habían perecido como producto de la política menemo-cavallista, mientras se daba rienda libre a los negociados especulativos y financieros. En 1999, la producción industrial caía a un ritmo del 15% anual y la desocupación afectaba a más de 4 millones de personas. Menem rompía récords, superando el derrumbe social dejado por el alfonsinismo.

Página/12, en un artículo de la época, señalaba que en la provincia de Buenos Aires un 38% de la población “tenía problemas laborales” y que en Bahía Blanca, la ciudad que tenía mayores índices de desocupación, un 22% se encontraba en la misma situación. En el debut del Plan Cavallo, la desocupación se ubicaba en un 6,6%. En 1995, trepó a un 18,6%, un número histórico. La subocupación crecía al compás de ese proceso; la suma de trabajadores ocupados y subocupados, desde ese periodo en adelante, osciló en un 30%, porcentaje que se elevaba al 40% en zonas como La Matanza o Florencio Varela, y que era más alto en otras como Tartagal, Mosconi o Cutral Co, cunas del movimiento piquetero combativo. Menem terminó su mandato con casi un 39% de pobreza y un 15% de desocupación. Los críticos índices de desnutrición y analfabetismo, y el nivel en el que se hallaba el salario real de los trabajadores argentinos daban cuenta de una verdadera bancarrota social.

Este retroceso en las condiciones de existencia de la población trabajadora era el producto de esa ofensiva capitalista contra los derechos de la clase obrera. El desempleo masivo es un arma de las patronales y sus gobiernos para reforzar la competencia y la división entre los trabajadores, en función de reducir los salarios. Y es una expresión de la crisis del capitalismo, un régimen social que ni siquiera puede darle de comer a sus explotados.

No obstante, los trabajadores resistieron los embates, y en varios casos lograron torcerle el brazo al gobierno y los empresarios. Los obreros de Telefónica y Metrovías vencieron la tentativa patronal de despedir personal, los docentes de San Luis impidieron la instalación en esa provincia de escuelas charter como las que quiere Milei, los trabajadores de la británica Perkins derrotaron con su lucha un intento de rebajar salarios, y el movimiento piquetero, nutrido por ejemplo con obreros petroleros despedidos, se organizaba contra la desocupación, protagonizando jornadas históricas en el norte de Salta y en Neuquén. Más tarde, en diciembre de 2001, la lucha de clases recrudecerá y los trabajadores terminarían con el gobierno antiobrero, hambreador y asesino de De la Rúa y Cavallo.

Los gobiernos que vinieron después del menemismo han mantenido intacta esta estructura laboral regresiva. Los niveles de precarización laboral que hoy imperan en Argentina son astronómicos. A esto nos han llevado peronistas, kirchneristas, macristas y radicales. Milei quiere seguir el mismo sendero antiobrero transitado por la casta política que tanto critica.

La experiencia demuestra que las conquistas de la clase obrera no son el problema, sino que lo son las patronales explotadoras a la cuales Milei (empleado de Eurnekián) representa y defiende.

https://prensaobrera.com/juventud/carlos-saul-milei-contra-la-juventud

https://prensaobrera.com/sindicales/sutna-una-lucha-y-triunfo-de-caracter-historico

Una clase social y un régimen político en el banquillo de los acusados