El gobernador Rodolfo Suárez decidió aumentar las tarifas de electricidad en la provincia en un 10%, además de aumentos en el servicio de agua y transporte. Estas subas en la energía se acumulan a las dispuestas durante el año pasado que sumaron un total de un 43% y serán revisadas a mediados de año nuevamente.

El incremento será el siguiente: un 7,5% para usuarios residenciales con consumos menores a los 300 kWh, otro 7,5% para los que consumen entre 300 y 600 kWh, y un 9,1% de suba para usuarios con consumos mayores a los 600 kWh. Estas sumas serán disputadas en las audiencias públicas que tendrán las empresas en el mes de junio y que buscarán acercar a los valores de la inflación.

El gobierno de Mendoza impuso #tarifazo en agua, transporte público y electricidad, ¿el pueblo que paga accede a la contabilidad de esas empresas públicas? Apertura de los libros contables de estas empresas de servicios públicos e investigación popular para que dejen de robar!

— Sole Sosa (@solesosa_mza) January 14, 2022

 

Edemsa, propiedad de José Luis Manzano y Daniel Vila, es la principal beneficiaria de estos tarifazos que le hacen ingresar varios miles de millones de pesos mensualmente -una firma parasitaria ya que no ha cumplido con múltiples inversiones y le han condonado varias deudas. Le sigue en mucha menor medida la empresa Edeste del este provincial y cooperativas de servicios regionales. En las audiencias públicas realizadas durante el año pasado propusieron al Ejecutivo subas superiores a las obtenidas pero que finalmente han sido aprobadas en beneficio de las empresas.

Las empresas se vienen beneficiando desde hace rato con estos tarifazos que no se corresponden ni de lejos con la calidad del servicio recibido. En épocas de calor, con un gran consumo, los cortes se producen permanentemente, en especial sobre las barriadas obreras, que están tristemente acostumbradas a los cortes continuos de servicios.

Pese a que estas tarifas significan una parte importante de los salarios de los trabajadores, no son tenidas en cuenta a la hora de establecer paritarias o de debatir las condiciones del servicio ofrecido. El Estado se coloca como garante de las ganancias de las empresas y no audita si realmente se garantiza el servicio.

En el marco de la crisis actual, y con salarios de hambre, la política de tarifazos es sumamente antiobrera. El servicio de electricidad no es controlado ni auditado por los trabajadores de Mendoza y no responde a la satisfacción de las necesidades populares sino solamente al lucro y la especulación. Rechazar el tarifazo, reclamar la apertura de los libros  para demostrar el desfalco y el uso parasitario de los recursos, la nacionalización del servicio bajo control de los trabajadores es la salida para dejar de subvencionar acumuladores del capital y garantizar los servicios para las necesidades de los trabajadores.

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