El ajuste sobre los salarios de los trabajadores no tiene descanso. Tras un acumulado de la inflación para el primer semestre que se calcula en un 32%, el mes de julio viene con una batería de aumentos en los precios, gran parte de estos en el terreno de los “precios regulados” por el Estado.

Las principales víctimas de esta escalada inflacionaria son los trabajadores, que vienen de cerrar paritarias que no reflejan una actualización real del poder adquisitivo, dando lugar a un abaratamiento de la mano de obra para las patronales.

Julio de terror

El gobierno enarbola un discurso contra la inflación como si se tratara de “agentes externos” que intervienen en la economía contra los bolsillos populares, con el slogan contra los “formadores de precios”. El mes de julio, y lo que trae, revela que el gobierno es uno de estos formadores. Quizás el principal.

Se trata del mes en el que comenzarán a llegar las boletas de gas y electricidad con aumentos del 20% aplicados en junio. Además del aumento previsto para el agua en la zona del Amba, que es del 20% en julio y otro 10% en octubre. Se espera que este mes el gobierno disponga el aumento del transporte público en un orden del 40%, pasando el mínimo de $18 a $25,20. Un sacudón para las familias obreras, con sello oficial.

Otro punto clave es el de las telecomunicaciones: un terreno donde el gobierno dice “regular” pero en el cual las patronales se evaden de los aumentos fijados por medio de sucesivos fallos judiciales en su beneficio. Así y todo, el gobierno les habilita, “legítimamente”, un aumento del 9,5% autorizado por el Enacom para telefonía, internet y televisión por cable, que vienen de un incremento en mayo, acumulando un 20% en los primeros siete meses del año.

Las empresas de telefonía móvil ya acumulan aumentos superiores al 25%, independientemente de lo que diga o haga el gobierno.

En materia de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó un cronograma de aumentos de las prepagas, que vienen de un 8% en mayo y 10% en junio. Ahora toca un 4%. Con lo que arrastran desde principio de año, los aumentos ascienden por arriba del 50% en poco más de un semestre.

Para culminar, los “Precios Cuidados” ascienden un 3%, según la revisión trimestral pactada con el gobierno, afectando a 1.763 productos de primera necesidad y consumo masivo.

Enterrando las paritarias

Con ingresos promedio de la población asalariada bordeando los $65.000 para el primer trimestre y una canasta básica de pobreza que asciende a los $100.000, el gobierno no repara en seguir atacando los bolsillos obreros con su política.

El cierre de las negociaciones paritarias privadas, promediando aumentos del 60% en cuotas, parece quedar distante si uno dimensiona los efectos de la política oficial, que se suma a una escalada de precios impulsada por las patronales y ahora agravada por los efectos de la devaluación.

Este ajuste se combina con una política recesiva, de recorte en el gasto público y la obra pública, y crecimiento de la desocupación y la pobreza: un coctel explosivo contra los trabajadores.

La política de “control de precios” se ha demostrado un fiasco total, la cortina de humo de una ofensiva antiobrera. Los trabajadores, ocupados y desocupados, requieren de una intervención inmediata para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y alcanzar una  verdadera canasta familiar, junto a un seguro universal al desocupado que cubra la canasta básica, como piso.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/comedores-populares-como-se-usa-el-autofinanciamiento-de-los-desocupados

https://prensaobrera.com/sindicales/moratoria-jubilatoria-dos-millones-de-adultos-mayores-sin-beneficio