El BCRA anunció otro aumento de las tasas de interés para contener la suba de precios y desincentivar la compra de dólares a partir de estimular la bicicleta financiera. Este es un recurso que la entidad viene utilizando asiduamente en lo que va del año pero que no surte los efectos deseados, puesto que la inflación sigue batiendo récords. A la vez, encarece el financiamiento del consumo y los créditos, mientras se continúa pulverizando el poder adquisitivo de los salarios.

En un contexto donde la estampida inflacionaria y la devaluación empuja a las familias a financiarse para poder acceder a productos de primera necesidad, las políticas del gobierno para cumplir con el Fondo ponen en jaque la capacidad de endeudamiento de los trabajadores. Las tarjetas de crédito y el financiamiento en cuotas son las herramientas principales a las que recurren crecientemente, no ya solo para compras excepcionales como electrodomésticos, sino también para alimentos, ropa y útiles escolares, entre otros artículos elementales. El aumento de las tasas de interés eleva el precio final de estos productos, a la vez que encarece los créditos y los únicos obtienen un beneficio exclusivo son la banca y los especuladores.

De esta manera, el gobierno les garantiza una tasa de interés por encima de la inflación pero sobre todo por encima de la tasa de depreciación del peso, de manera tal que funcione como reaseguro y que ofrezca rendimientos positivos en dólares. La contraparte es el encarecimiento de los créditos personales y, por ejemplo, de los créditos UVA, una hipoteca contraída con los bancos por parte de todas aquellas familias trabajadoras que no cuentan con los recursos económicos para acceder a un techo propio. El monto del capital y de las cuotas son convertidos a esta Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), las cuales dependen del CER que sigue la evolución de la inflación y el Índice de Precios al Consumo (IPC), y el valor de las mismas aumentó un 800% en los últimos 5 años.

Casi totalidad de los hipotecados UVA pasaron de abonar cuotas que implicaban alrededor de un 25% de sus ingresos hasta más del 75% de sus salarios. Esto se debe al carácter usurario que posee el crédito en sí mismo y a que los salarios, durante estos años, no acompañaron a la inflación, la cual fue ganando lugar, incrementando los valores de las cuotas y el capital adeudado, por lo cual muchos de estos créditos se tornan impagables. Ahora, con el nuevo aumento de tasas, se verán encarecidos nuevamente, lo que perforará aún más los ingresos de los hipotecados y pondrá en jaque la preservación de su vivienda.

El acceso al mercado de crédito se encuentra cada vez más restringido por el aumento de tasas, pero a su vez la inflación aplica un carácter prohibitivo al consumo de las familias, por lo que deben endeudarse igualmente a tasas carísimas. El gobierno le ofrece casi un 100% de interés a la banca y a los especuladores, mientras las últimas paritarias cerraron entre 55% y 65% de aumento, frente a una inflación anual proyectada que ya supera el 90%. A su vez, la medida es recesiva, puesto que también encarece los créditos para la producción como es el caso de la industria, en el marco de una tendencia decreciente de la actividad productiva. El costo se trasladará al producto final, alimentando un alza en los precios que también echará leña al fuego inflacionario.

Queda claro que los que se encuentran entre la espada y la pared, por todos los frentes, son los trabajadores. El acuerdo con el FMI solo promete mayores penurias para que la crisis la paguen quienes viven de su salario. Los trabajadores debemos intervenir para romper los techos paritarios, y arrancar salarios y jubilaciones acordes a la canasta básica. Para terminar con la especulación financiera a costa del bolsillo popular y de la economía del país es necesario nacionalizar la banca y concentrar los recursos financieros en un plan de desarrollo que contemple facilidades de financiamiento a la familias.

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