A una semana del anuncio del pacto del gobierno con el FMI, se dan a conocer los nuevos elementos del ajuste hacia el pueblo. En el rumbo de lograr el “equilibro fiscal” y la reducción de subsidios a los servicios públicos, el gobierno del Frente de Todos evalúa avanzar con la transferencia definitiva a la Ciudad del transporte automotor de pasajeros que circula dentro de los límites de ese distrito. Los subsidios actuales son de $13 mil millones. De concretarse la medida, abarcará 32 líneas de colectivos que no cruzan la General Paz y el Riachuelo, es decir que sólo se mueven en territorio porteño. Las interjurisdiccionales (que transportan pasajeros por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires) seguirán bajo la órbita de Nación (Clarín, 6/2). Quienes terminarán pagando los platos rotos, serán los usuarios del transporte, mediante la suba en el boleto que encarecerá aún más su vida en la Ciudad.

Si bien las tarifas no aumentan en el Amba desde 2019, no debemos olvidar que entre 2015 y 2019 se ejecutaron subas del 600%. En cambio, en el interior del país los tarifazos nunca se detuvieron. Las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe hicieron punta este año y aumentaron 38% interanual sus boletos de transporte urbano. También aumentó en Salta y Neuquén. Actualmente, el boleto mínimo en Necochea cuesta $80; en San Martín de los Andes, $79.89; en Bahía Blanca, $76; en Villa La Angostura, $65; en Bariloche $62; en Villa Merlo, $60; en Junín $60; en Corrientes $60 y en Mar del Plata $59,90 (La Nación, 2/2). La perspectiva es que el Amba vaya equiparando el costo de los boletos del interior.

En línea con otros tarifazos, como en el gas y el agua, el gobierno apunta reducir los subsidios destinados al transporte, que no son transferencias a los usuarios como se pretende mostrar, sino a las empresas que prestan el servicio. Un recorte dictado por el FMI, en función de achicar el gasto público como garantía de repago de la deuda. En ese sentido, dentro del Presupuesto 2022 presentado por Guzmán, dichas partidas contemplaban una caída real del 3%, en relación a la meta de inflación proyectada, y del 22,1% si lo comparamos con la pauta inflacionaria que prevé el Banco Central para el 2022 (Prensa Obrera, 21/12/21).

Esta política tiene un antecedente cercano. Durante el gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri resolvió en 2018 el traspaso de las empresas distribuidoras Edesur y Edenor a la órbita de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, apenas había pactado con el FMI, justamente para ahorrarse esos subsidios. Frente a la imposibilidad de las provincias a afrontar los costos, la medida dio marcha atrás.

En caso de efectuarse este traspaso la reducción de subsidios será compensada con tarifazos sobre los usuarios en CABA y de mayor ajuste frente a las partidas que sí tenga que subsidiar. Finalmente, el gobierno les concede el beneficio de aplicar aumentos en el boleto, sin antes exigir la apertura de los libros para evaluar los costos reales del servicio todos estos años. Una nueva concesión a las patronales, que no destinaron la partida en nuevas unidades, en mejorar la frecuencia, ni siquiera en mejoras salariales frente a los reclamos de sus trabajadores.

Planteamos que se se congelen los aumentos, se realice una auditoría sobre los verdaderos costos de las empresas de transporte y un boleto educativo universal. Es necesario nacionalizar el transporte bajo control obrero, a fin de mejorar el servicio y terminar con el vaciamiento de las patronales.

https://prensaobrera.com/politicas/del-pacto-venenoso-con-el-fondo-a-la-masacre-de-la-cocaina-envenenada/