El gobierno sigue limitando la cobertura médica que las empresas de medicina prepagas está obligadas a brindar a sus afiliados. A partir de ahora los beneficiarios de planes cerrados (que son la enorme mayoría, porque son los más accesibles) solo podrán pedir el reintegro de medicamentos y tratamientos si son recetados por profesionales de la cartilla… de la propia prepaga. La salud de la población condicionada a la ganancia de las empresas, que mientras vienen aumentando sus cuotas al doble de la inflación.

Ni el gobierno ni las prepagas se quieren hacer cargo de la cobertura de los tratamientos más caros. La misma resolución sostiene: “resulta imprescindible implementar medidas que equilibren el derecho de los beneficiarios al acceso a tratamientos y medicamentos, con la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de las Obras Sociales y las Entidades de Medicina Prepaga, para evitar poner en riesgo la continuidad de la atención sanitaria”.

Al gobierno no le importa en absoluto el “derecho de los beneficiarios al acceso a los tratamientos y medicamentos”, al contrario, ahora los usuarios van a quedar rehenes de los negocios entre prepagas y laboratorios. Uno de los argumentos del gobierno es que la medida vendría a terminar con los “vínculos con laboratorios o proveedores de tecnología médica que comprometen la objetividad en sus decisiones”. Pero es fácil imaginar que estos negociados existen gracias a convenios entre grandes prepagas, como Swiss Medical o Medicus, y laboratorios que dominan el mercado como Roemmers o Bagó, en el acceso al consumo masivo de medicamentos. Además, son los mismos representantes de las prepagas a los que el Ejecutivo les brindó un cargo en la Secretaría de Salud, eso desmiente cualquier intención por terminar con un conflicto de intereses.

El foco de la cuestión está puesto especialmente en los medicamentos de alto costo, porque el único objetivo de la medida es avanzar con el plan de ajuste oficial. De no hacerlo, las prepagas y obras sociales no podrán solicitar el reintegro correspondiente que administra el Estado, renuncia que ninguna cobertura parece estar en condiciones de asumir.

Esta orientación es la misma que viene llevando el gobierno desde que asumió, desregulando el mercado de prepagas, habilitando incrementos que superan el 200% en 5 meses, vaciando las obras sociales, recortando los fondos solidarios y compensatorios, y vaciando la salud pública, que se encuentra colapsada.

Esta es una nueva estafa contra los trabajadores y sus familias. No lo podemos permitir. Es fundamental acompañar la lucha de los trabajadores de la salud y ganar las calles para tirar abajo el plan oficial antipopular y antiobrero. Además hay que exigir la apertura de los libros de las empresas de medicina privada al control de los afiliados para evaluar los costos y los márgenes de ganancias de las empresas.

En realidad es fácil imaginar que estos convenios existen sobre todo entre grandes prepagas y laboratorios en el acceso al consumo masivo de medicamentos.

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prensaobrera.com