En medio de la novela del “congelamiento” de precios, el gobierno se lanzó a hacer relevamientos sobre áreas del mercado que contempla la medida. Desde la Secretaría de Comercio y el Instituto Patria encomendaron la conformación de distintos informes sobre la “concentración de mercado” (Ámbito, 5/11) en el discurso que mantienen de que la escalada inflacionaria está dada por los grupos concentrados. La pregunta nodal de la cuestión es: ¿tiene autoridad el gobierno para hablar de la monopolización?

Veamos. Por parte de los medicamentos, el Centro de Economía Política (Cepa) ya prepara un informe. Advierten, cómo no, que hay un enorme grado de concentración. Las primeras diez firmas facturan el 50% del total, y las primeras veinte el 70%. Este poderío que detentan los principales pulpos farmacéuticos del país es el mismo que acicateó el gobierno especialmente durante la pandemia, concediéndoles acuerdos millonarios aunque representaran una estafa a la población mientras se sumaban las muertes por Covid-19 (como los principios activos que exportó Sigman o las Sputnik “locales” que Richmond le cobraba al Estado más caras que las rusas). Esto es, sin embargo, figurita repetida. Vale señalar que el jefe de Gabinete, un agente de los monopolios y en particular de las farmacéuticas, Juan Manzur, le dio a Sigman la exclusividad de las vacunas contra la gripe porcina por diez años en 2009, en el momento cúspide de la epidemia.

Aquí se coloca la cuestión de las licitaciones públicas con los laboratorios, cuyos beneficiarios casi siempre son los mismos tres: el nombrado Richmond, Investi Farma (grupo Roemmers) y Fabra. Una y otra vez tanto el Estado nacional como los provinciales rubricaron acuerdos de provisión para hospitales e instituciones de salud pública, que incluían, por ejemplo, cláusulas de obligatoriedad de compra de distintos medicamentos. De esta manera, durante el desenvolvimiento de la pandemia los nosocomios comenzaron a apilar distintos fármacos de los que ya estaban sobrestockeados porque eran excluyentes para hacerse de drogas que ayudan a combatir o paliar los efectos del Covid-19. Esta vía de un gobierno de los laboratorios para preservar sus márgenes de ganancias es un robo a mano armada. Pero no fue la única: vale señalar que algunos de estos ítems útiles para tratar a pacientes positivos de Coronavirus aumentaron hasta un 1.000% en el pico de la pandemia con la firma de conformidad del gobierno nacional.

Otro tanto sucede con los productos alimenticios. La “resistencia” que mostraron al congelamiento los principales productores fue, como señalamos, para arrancarle mayores concesiones a un gobierno golpeado. Esto se constata en que la mayoría de ellos están nucleados en la Copal, que reclama en la primera línea y a viva voz la reforma laboral que el gobierno pone en marcha. A esto le siguen todos los planes de estímulos fiscales, subsidios y exenciones de los cuales se ven favorecidos. Los principales pulpos alimenticios del país también acaparan en unas pocas manos el grueso del mercado, con la particularidad de haber creado varias marcas cada uno para un mismo producto. Es lo que explica que, según el propio Cepa, el 80% de los yogures vendidos sea de Danone, el 79% de los fideos de Molinos del Plata, el 59% de las harinas de Molinos Cañuelas o el 57% de las leches de Mastellone.

Hablamos de los mismos que retacearon productos, cambiaron etiquetas, lanzaron “nuevos productos” o bajaron la calidad de los anteriores para burlar todos los programas previos de controles de precios ante la inacción cómplice del gobierno. Pero son también los mismos que frente a esta pasividad vienen avanzando en los hechos con las premisas angulares de la reforma laboral como los despidos, la polifuncionalidad y la precarización. Basta con decir que para esta altura del año pasado Danone anunciaba a nivel internacional 2.000 despidos, que tenía entre sus objetivos cruciales avanzar con la robotización en sus plantas industriales.

El recordado recule del gobierno a siquiera una intervención de Vicentín para reestructurarla en términos capitalistas comprueba que abunda mucho en palabras contra la concentración, pero no le toca ni un pelo a los grupos concentrados. Son ellos mismos quienes la favorecieron y la favorecen. Es incluso anecdótico que este proceso haya pegado un salto cualitativo durante los años del kirchnerismo, fundamentalmente entre los pulpos de la alimentación. Lo verdaderamente clarificador al respecto es que toda la batería de estímulos para la “reactivación pospandémica” va a parar en vuelo directo y sin escalas a los bolsillos de estos mismos grupos que acaparan el mercado.

Frente a la impostura oficial el Frente de Izquierda – Unidad levanta un planteo tan claro como conciso. Hay que abrir los libros de toda la cadena, de los productores a los supermercadistas, para constatar los valores reales. Nacionalizar bajo control de sus trabajadores y sin indemnizar a cualquiera de estos pulpos que cierre o despida, tal como ocurre con Molino Cañuelas; que presentó recientemente el concurso de acreedores haciendo peligrar 3.000 puestos de trabajo. Nacionalizar la banca, el comercio exterior y romper con el pago de la deuda externa para detener las causas fundamentales de la inflación.

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