El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, anunció incentivos para los pequeños y medianos productores de soja y maíz. Se trata de un aporte no reintegrable destinado a subvencionar los gastos en semillas y fertilizantes para la próxima campaña, que podría implicar una erogación de $14 mil millones. Así las cosas, los beneficiarios recibirán entre $6.000 y $6.500 por hectárea sembrada con soja y $20.000 por cada hectárea sembrada con maíz. El objetivo del gobierno es, por un lado, paliar los efectos de la sequía, y, a su vez, compensar a algunos sectores que no pudieron aprovechar el dólar soja fruto de haber liquidado antes su cosecha, ya que no contaban con la espalda suficiente para acopiar granos.

Solo podrán acceder al beneficio aquellos productores que posean hasta 400 hectáreas de soja y 100 de maíz, que no hayan liquidado al dólar soja y que no conserven al 31 de octubre más del 15% de la producción de su última cosecha. Se estima que entre 18 mil y 20 mil productores podrían ser alcanzados por la medida. Los fondos provendrán de la recaudación extra obtenida vía retenciones debido a la mayor liquidación que suscitó el dólar soja.

Como vemos, el gobierno solo busca promover cultivos ligados a la exportación, como la soja y el maíz, preocupado por el ingreso de divisas en función de cumplir con la meta de reservas impuesta por el Fondo Monetario. En cambio, la producción hortícola, que está directamente asociada a nuestra alimentación cotidiana, queda completamente relegada. En consecuencia, prima la escasez en la oferta de hortalizas, repercutiendo fuertemente en los precios finales.

En septiembre, según los datos de la consultora Alimentos Frescos Argentinos (Alfa), el tomate aumentó un 45,52% intermensual en el Mercado Central de Buenos Aires, la papa un 23,56% y la cebolla un 31,60%. Sucede que los cinturones hortícolas ocupan una porción muy pequeña dentro de la superficie agrícola de Argentina -dominada por el monocultivo- con lo que cualquier evento climático que afecte a la cosecha deriva en una merma ostensible en la oferta y los precios de los productos pegan un salto. Más teniendo en cuenta el precario desarrollo tecnológico que caracteriza a este tipo de explotaciones por la falta de estímulos estatales.

A lo anterior hay que sumarle que la horticultura requiere insumos dolarizados, como los fertilizantes, la maquinaria y los pesticidas. A su vez, como el alquiler de los campos está atado al quintil de soja, el encarecimiento del poroto llevó a que el precio del arrendamiento se dispare. “La siembra cuesta al menos US$3.000 o US$4.000 por hectárea, depende la zona, y no todos tienen la espalda (…) a un pequeño productor se le hace imposible, porque todo lo que ganó lo tiene que volver a poner en la siembra” (Diario Ar, 23/10).

Lo anterior afecta enormemente a la población trabajadora, que debe pagar el kilo de cebolla o de papa por encima de los $400. Sin embargo, el gobierno no toma una sola medida para revertir este cuadro, por el contrario, colma de beneficios al agronegocio en detrimento de los cultivos que verdaderamente forman parte de nuestra alimentación. Como consecuencia de esta política, tenemos que 7 de cada 10 personas que acuden a los comedores populares padecen inseguridad alimentaria.

Finalmente, el rumbo fondomonetarista en el cual está inmerso el gobierno se da de bruces con la necesidad de planificar la producción de alimentos en base a las necesidades sociales. Esto último implicaría nacionalizar la tierra, el complejo agroexportador y la industria alimentaria bajo control obrero y popular. Frente al encarecimiento de los alimentos debemos ganar las calles para defender los ingresos de la población trabajadora.

 

 

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