El gobierno, mientras hace demagogia con que “no arreglará con FMI a costa del hambre del pueblo” continúa dilapidando reservas del Banco Central en el pago de vencimientos de deuda con el organismo. Así es como en los próximos días desembolsará USD 428 millones para cancelar compromisos con el Fondo, de los cuales USD 389 millones son en concepto de intereses y USD 39 millones corresponden a los cargos netos por el uso de los DEGs.

A esto hay que sumarle que en noviembre empieza a regir la sobretasa del 4,05%, tras haberse cumplido los 36 meses de que el país superó la cuota de endeudamiento estipulada. Por lo tanto, antes que finalice el mes se pagarán cargos extra por USD 111 millones. Se trata de un interés cuatro veces superior a la tasa mínima de 1,05% que aplica el FMI, constituyendo un gasto adicional de USD 1.000 millones por cada año que dure el acuerdo, proyectado a diez años.

En ese sentido, el reclamo del gobierno en la negociación con el FMI es que la tasa de interés se reduzca a 1,05%, y, de esta manera, poder ahorrarse USD 10.000 millones. Atrás quedó la exigencia de extender los plazos de pago a 20 años, mostrando una adaptación cada vez mayor a las condiciones impuestas por el Fondo.

Más allá de cuál sea el desenlace de la negociación, es preciso señalar que mientras el oficialismo bate el parche contra el carácter “excesivo” de la sobretasa del 4,05%, en los hechos viene rescatando esta usura desde el momento que paga un interés del 3,05% en cada vencimiento que cancela, un costo 3 veces superior al que abonan otros países.

A su vez, Alberto Fernández descartó de plano la posibilidad de destinar $45 mil millones en el lanzamiento de un cuarto IFE, mientras gasta más de $53 mil millones para afrontar los compromisos de noviembre con el FMI (calculado al cambio oficial), todo un retrato de las prioridades gubernamentales. Esto, sin mencionar que entre la presidencia de Macri y la actual gestión se le ha pagado al Fondo la friolera de USD 6.069 millones (casi USD 4 mil millones desde que asumió el Frente de Todos). Estamos hablando de un monto 2,5 veces superior al presupuesto devengado en los primeros 9 meses del 2021 para el pago de jubilaciones y pensiones, y, como si fuera poco, se avecina un nuevo vencimiento por USD 1.890 millones en diciembre. A contramano del discurso oficial, se le está pagando al FMI con el hambre del pueblo, un rumbo que el gobierno no hará más que profundizar.

El drenaje de divisas al servicio del pago de la deuda es uno de los motivos por los cuales hoy en día las reservas líquidas del BCRA están en mínimos históricos, a pesar de que este año hubo ingreso récord de dólares como resultado del alza en el precio internacional de las commodities que exporta Argentina. Como vemos, perpetuando este esquema de saqueo, no hay desarrollo nacional posible.

Por otra parte, el oficialismo y la oposición patronal ven en el acuerdo con el FMI la llave para reingresar al mercado de crédito internacional. Sin embargo, vale recordar que la razón por la cual nos encontramos “afuera del mundo” es justamente la bancarrota nacional en la que estamos inmersos, producto de haber rescatado sistemáticamente la deuda usuraria bajo los sucesivos gobiernos. Lo cierto es que dicho acuerdo persigue la finalidad de volver a endeudarse en dólares para cancelar vieja deuda, y tendrá costos altísimos para los trabajadores, quienes pagaremos con más miseria y ajuste, como lo deja entrever el proyecto de Presupuesto 2022 presentado por Guzmán.

Solo repudiando la deuda fraudulenta y rompiendo con el FMI podremos salir de esta encerrona y destinar el ahorro nacional en un plan de desarrollo del país y en dar respuesta a las necesidades sociales. Lo anterior es un elemento constitutivo del programa del Frente de Izquierda Unidad en función de construir una salida de los trabajadores a la crisis.

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