Alberto Fernández se jacta de “pelear todos los días con el FMI” mientras Macri y los suyos “brindan en Miami”, pero lo cierto es que la plana mayor de su gobierno negocia en Washington un nuevo programa de espaldas al pueblo argentino. Tanto es así que el presidente creyó oportuno desmentir con un tuit la tapa de Clarín para aclarar que “queremos lograr ese acuerdo tan pronto como se den las condiciones”.

El ministro Martín Guzmán y el flamante jefe de gabinete Juan Manzur viajaron a Estados Unidos a participar de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, para aprovechar a entrevistarse con los funcionarios del organismo y del gobierno norteamericano en función de avanzar en un acuerdo de repago de la deuda. Simulando un tire y afloje en torno a la sobretasa de interés que se le cobra al país, el Frente de Todos oculta a la población el contenido del programa que se busca firmar y tutelará la economía nacional por al menos una década.

El ministro de Economía se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y David Lipton, asesor del Tesoro norteamericano y exsegundo del Fondo cuando fue otorgado el crédito a la Argentina. Todo el discurso oficial refiere a las negociaciones en torno a lograr que se exima al país del pago de la sobretasa del 4% que se paga actualmente -contra el 1% de los programas habituales. Estos intereses implican el pago extra de hasta unos 1.200 millones de dólares al año, una usura con la que se cumple religiosamente cada tres meses desde la asunción de Alberto Fernández.

Como sea, Georgieva adelantó que en las discusiones dentro del organismo “hay reservas en cuanto a congelar los sobrecargos” (Ámbito Financiero, 13/10). Al igual que sucede con aquel reclamo explicitado por Cristina Kirchner, acerca de acordar un plazo de 20 años para el repago (cuando el máximo de los programas del organismo es de 10 años), ya de antemano los negociadores criollos avisaron que se contentarían con la incorporación de una cláusula pari passu -es decir que si se modifican los estatutos del FMI, o si se concede un trato flexible a otros deudores, esas mismas condiciones valdrán para la Argentina. Una tirada de toalla antes de empezar la pelea.

Todo lo dicho, hasta cierto punto, es una pantalla para ocultar la sumisión ante los dictados que impone el Fondo como condiciones para firmar un acuerdo, los cuales regirán toda la política fiscal, cambiaria y monetaria. Parte de esto fue puesto de manifiesto por el candidato a legislador porteño del Frente de Izquierda Unidad, Gabriel Solano, quien remarcó desde su cuenta de Twitter que una de las exigencias es una “unificación cambiaria”, lo cual significa una devaluación y por elevación “un ajuste enorme de los salarios, las jubilaciones y desvalorización del gasto social”.

Ello pone la lupa sobre las consecuencias que tendrá un nuevo programa fondomonetarista sobre las condiciones de vida de los trabajadores del país. Entre los puntos inflexibles que fijaron desde el staff del FMI se incluye una reducción del déficit fiscal a niveles inferiores al 1% del PBI, y eso exclusivamente en caso de que se respete una “emisión cero” y el Estado se financie puramente mediante deuda. Sobre cómo deben equilibrarse las cuentas públicas tampoco hay recetas nuevas: el informe sobre “Perspectivas Económicas Mundiales”de la asamblea anual del Fondo hace énfasis en recortar subsidios y exenciones impositivas, lo cual plantea un norte de tarifazos en todos los servicios públicos.

Es por eso que todo se trama de espaldas a la misma población a la que le piden el voto. Lo mismo aplica para el proyecto de Presupuesto 2022, que descuenta un acuerdo con el FMI pero no establece condiciones. No es el mismo trato que reciben los capitalistas. Alberto Fernández, exultante tras su cónclave en la Casa Rosada con un puñado de magnates como Mindlin, Bulgheroni o Eurnekian, aseguró que “los empresarios nos expusieron su acompañamiento, a la vez que nos manifestaron satisfacción por escuchar de nuestra parte la estrategia de la negociación, compartida por todo el espacio del frente que integramos” (Página 12, 13/10). Es que la clase capitalista plantea como requisito indispensable, antes de invertir un solo peso, un acuerdo con el Fondo que garantice mayor libertad cambiaria para poder fugar sus ganancias al exterior.

Sin embargo, según recogen los medios, en el directorio del organismo son conscientes de que para eliminar el cepo es necesario recomponer las reservas del Banco Central, y por eso entre las metas se incluye una recuperación de 5.000 millones de dólares al año. Si en 2021, récord absoluto en exportaciones gracias al alza de las commodities, no se logró sumar divisas, los interrogantes acerca de este objetivo son dominantes. En realidad, detrás de la orientación de suscribir un nuevo programa fondomonetarista lo que asoma es la intención de volver al mercado de crédito internacional para endeudarse en divisas, que serán usadas para pagarle al FMI. Es una condena a seguir por décadas condicionados por un hipoteca fraudulenta.

Hay otro aspecto que conecta los anhelos de los empresarios argentinos con el acuerdo con el Fondo Monetario, y es la reforma laboral. Otra condición sin la cual anticipan que no habrá inversión alguna. Oportunamente, desde enero asumirá en el FMI como director para el Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn, expresidente del Banco Central brasileño durante el gobierno golpista de Michel Temer e impulsor de la reforma laboral votada en el parlamento carioca. Con esta agenda promercado Guzmán y Manzur agasajarán este viernes en el consulado argentino en Washington a ejecutivos del gran capital financiero internacional, como BlackRock y el JP Morgan. La campaña electoral del Frente de Todos tiene su eje muy lejos de “la mesa de los argentinos”.

Esta entrega nacional es lo que está detrás del robo de la movilidad a los jubilados, el ajuste a la salud en plena pandemia, los recortes a la asistencia social en medio de un crecimiento de la desocupación y la indigencia. Cuando el Frente de Izquierda Unidad sostiene la necesidad de romper con el FMI está formulando una medida elemental para empezar a revertir las consecuencias del saqueo e indispensable para abrir un nuevo curso para la Argentina.