El Ministerio de Economía, en el día de ayer, ratificó mediante un comunicado que prevé reducir los subsidios energéticos del 2,2% del PBI al 1,5% del PBI para el año que viene. No obstante, el texto en cuestión dejó en claro que los privilegios de las petroleras y las empresas prestadoras de servicios públicos se mantendrán intactos, ya que esta reducción será compensada con un esquema de tarifazos segmentados en la luz y el gas, afectando al bolsillo popular.

Esta resolución forma parte del las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2022 y busca cumplir con las exigencias del FMI acerca de reducir el gasto público como garantía de pago de la deuda. De esta manera, el gobierno pretende ahorrar, en materia de subsidios energéticos, nada menos que 600 millones de dólares el próximo año. La publicación dominical realizada por la cartera conducida por Guzmán, aclarando que esta medida no perjudicará en nada a las empresas que intervienen en la cadena energética, tuvo la finalidad de “tranquilizar” a la clase capitalista frente a distintas versiones que circularon en los medios.

En primer lugar, es preciso señalar que hablar de “tarifas segmentadas”, es decir, pautar aumentos más elevados en aquellas zonas de mayor poder adquisitivo, es una forma de aceitar una suba generalizada en las boletas del conjunto de la población, repercutiendo también en los sectores populares. Lo anunciado se suma a los incrementos sufridos este año, del 6% en el gas y del 9% en electricidad, y echará leña al fuego del espiral inflacionario.

El tarifazo segmentado se funda en la idea de que los subsidios energéticos serían “pro-ricos” debido a igualan las tarifas de usuarios de distintos ingresos, cuando en realidad el carácter “pro-rico” de los subsidios radica en que están destinados a beneficiar a las petroleras y a las empresas de servicios públicos. Lo único que cambiará en 2022 es que el gobierno procederá a descargar una mayor parte de esa factura encareciendo el precio de las tarifas, para ahorrarse recursos fiscales en función de pagar la deuda.

Finalmente, permanece inalterable el precio sostén del gas en boca de pozo, establecido en el Plan Gas 4, de 3,5 dólares por millón de BTU, el cual no guarda relación alguna con los costos de producción. Este subsidio dolarizado para complacer a los pulpos petroleros no hace más que encarecer toda la cadena y vaciar las arcas del Estado. Según el último informe de ejecución presupuestaria presentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en los primeros ocho meses del 2021 se han dilapidado $615.553 millones, provenientes de los fondos públicos, en subsidios energéticos. Los mismos se han incrementado un 85,7% entre agosto 2020 y agosto 2021.

Sin embargo, las prebendas a las multinacionales que explotan las cuencas gasíferas se han mostrado infructuosas a la hora de revertir el déficit energético del país. Como consecuencia, la importación de gas ha insumido 1.240 millones de dólares en lo que va del 2021. Ocurre que la inversión de las empresas de hidrocarburos no despunta: este año comprometieron desembolsar apenas 5.247 millones de dólares para exploración, mientras el promedio de inversión anual en el período 2012-2019 fue de 7.500 millones de dólares.

Mientras el gobierno se apresta a reducir los subsidios energéticos para bajar el gasto público y cumplir con los requisitos del Fondo, por otro lado impulsa una ley de Hidrocarburos que agrega un sinfín de exenciones impositivas para las petroleras. La solución a esa contradicción será costeada con un mayor ajuste sobre la población trabajadora.

Así las cosas, se perpetúa un esquema parasitario compuesto por subsidios y tarifazos permanentes, a costa del bolsillo popular. Quienes vaticinaban que luego de la derrota electoral el gobierno iba romper con su política de ajuste se equivocan; la coalición oficial profundizará los ataques a los trabajadores en función de congraciarse con el FMI, más allá de los oropeles que pueda llegar a anunciar en los próximos días.

Frente a esta ofensiva en puertas, se vuelve necesario abrir los libros de toda la cadena energética -producción, transporte, distribución- para evaluar los costos reales. Por otra parte, es preciso nacionalizar bajo control obrero los hidrocarburos para terminar con el saqueo de los pulpos petroleros y abrir paso a un plan de desarrollo del país, al servicio de las mayorías. Fuera FMI, no al pago de la deuda usuraria.