Con una puntualidad inconmovible, el gobierno pagó otros 345 millones de dólares al FMI, como lo hace religiosamente el primer día hábil mensual cada tres meses para honrar los vencimientos de intereses con el organismo -sobretasa incluida- por ese préstamo reconocidamente fraudulento.

Así, el Fondo lleva cobrados ya unos 1.000 millones de dólares en el año, lo cual implica que se llevó uno de cada siete dólares del saldo de las compras de divisas del Banco Central por el ingreso récord derivado de los altísimos precios de la soja. Es sin embargo apenas un aperitivo de lo que se viene en los próximos meses, en los que comienzan además vencimientos de capital: en lo que queda hasta fin de año el gobierno gatillará más de 5.000 millones de dólares.

Para arrancar la campaña electoral sin suspicacias acerca del rumbo oficial, la propia Cristina Kirchner asumió la tarea de confirmar que los Derechos Especiales de Giro que repartirá el FMI para atender gastos relativos a la pandemia será destinados a pagarle al propio organismo. La imputación al macrismo por el carácter parasitario del megacrédito de 45.000 millones de dólares, por haber sido adjudicado a cancelar vieja deuda y financiar la fuga de capitales, es autoincriminatoria -y lapidaria para cualquiera que se precie de nacionalista.

Este nuevo desembolso llega tras una última semana de julio en que se esfumó de un saque el 30% de las compras de divisas del mes por el Central, entre los 230 millones de dólares que se depositaron al Club de París como adelanto y el incremento el ritmo de las importaciones. Además del déficit energético, los mayores pedidos al exterior de bienes de capital e insumos industriales obedecen a la previsión de las patronales de que en el segundo semestre el fin de la cosecha implicará menor oferta de billetes norteamericanos, pero también una cobertura ante posibles saltos devaluatorios.

Es apenas una foto de cómo pesa sobre la economía nacional esta hipoteca, que consume las divisas que en otro caso podrían utilizarse para invertir en el desarrollo productivo del país. Por lo demás, es también una muestra de subordinación al capital financiero internacional; mientras los voceros oficiales ruegan que al Fondo que deje de cobrar la sobretasa usuraria, cumplen su pago puntualmente -al igual que se reconoció al Club de París nada menos que una tasa del 9% anual (que triplica la media de endeudamiento de la región).

Es por este motivo que la pax cambiaria sigue siendo precaria, sostenida apenas con un cepo cada vez más reforzado y una bicicleta financiera en pesos (tanto con el BCRA como con el Tesoro) que contiene una estampida solo a costa de ofrecer pingües negocios a la banca privada y los fondos de inversión, y con la única garantía de un ajuste del gasto público. Como se trata por supuesto de un compromiso inestable, que depende de la capacidad del gobierno para imponer los recortes a los trabajadores, la clase capitalista exige un reaseguro en el propio acuerdo con el FMI.

Es esto lo que está detrás de la confiscación de los salarios del sector público, de la desindexación de la movilidad jubilatoria, o de los tarifazos “segmentados” que se vienen después de las elecciones. En el fondo, es esta trama de saqueo la que convierte en una vana falsedad el intento de polarizar la campaña electoral entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ya que ambos pactarán luego en el Congreso los lineamientos fijados por el nuevo programa fondomonetarista y tutelados por esa cueva del imperialismo. Para enfrentar el ajuste, la única alternativa es el Frente de Izquierda Unidad.