Nuevamente el pueblo mapuche está siendo utilizado como chivo expiatorio para justificar un avance represivo sobre la Patagonia. Las diatribas provienen tanto de la oposición derechista y sus medios afines, como de los gobiernos provinciales de Río Negro y Chubut que ponen a disposición sus fuerzas policiales para amedrentar los procesos de recuperación de tierras que vienen protagonizando las comunidades. El gobierno nacional, por su parte, hace demagogia con el punto. Sin embargo, acaba de enviar a Gendarmería, a la Policía Federal, a Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que se aposten en la zona andina de Río Negro, completando así un cuadro de militarización. Se trata de todo un régimen político dispuesto a defender los intereses de los grandes latifundistas, pulpos inmobiliarios, petroleras y mineras que saquean la región, en detrimento de las mayorías y de la población originaria en particular.

En ese sentido, el Ionko Facundo Jones Huala, en su último Comunicado de Prensa, desmintió las versiones de que el oficialismo estuviera en estos momentos bregando por su excarcelación y repatriación a Argentina, denunciando que a sus audiencias “concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al Poder Judicial a que no me suelten”. Recordemos que el dirigente de la Lof Cushamen, líder del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, fue detenido en 2017 en Argentina y extraditado a Chile en 2018, acusado de incendiar una propiedad en el país vecino en el 2013; detención de características ilegales puesto que el resto de los acusados fueron absueltos tras comprobarse que los testimonios en su contra habían sido arrancados bajo tortura.

Es en el penal de Temuco donde se encuentra cumpliendo su condena a nueve años de prisión y se le niega el derecho a la libertad condicional que le corresponde luego de haber completado los cuatro años de cárcel. Jones Huala es un preso político, sobre el cual se descarga una pena ejemplificadora en función de desalentar la lucha que lleva adelante la comunidad mapuche por el territorio.

 

Intereses en juego

Finalmente, la militarización de la región andina de la Patagonia está al servicio de preservar la apropiación privada de la tierra, donde el grado de concentración y extranjerización de la misma llega al paroxismo. A su vez, busca allanarle el camino a distintos negociados que suponen un mayor saqueo de los recursos naturales y vienen siendo rechazados por la movilización popular, como el proyecto minero en Chubut, de la mano de Pan American Silver, o el emprendimiento inmobiliario al pie del Cerro Perito Moreno, fogoneado por Lewis.

Estos negociados capitalistas chocan de frente con el camino emprendido por el pueblo mapuche hace aproximadamente treinta años, el cual busca recuperar su territorio ancestral del que fue despojado por medio del genocidio conocido como la “Campaña del Desierto” (en la actual Patagonia) y la “Pacificación de la Araucanía”(en lo que hoy pertenece a Chile), ocurrido a fines del siglo XIX. A partir de allí, la zona fue usurpada por los grandes terratenientes, mientras los integrantes de las comunidades originarias que sobrevivieron a dicha masacre se vieron empujados a una urbanización forzosa -poblando paulatinamente los barrios más pobres del sur del país, como el Alto de Bariloche-, a trabajar en los campos conquistados o expulsados hacia la frontera cordillerana.

Sin ir más lejos, la Lof Cushamen (a la que pertenece Jones Huala), ubicada en la frontera noroeste de Chubut, está asentada desde el 2015 sobre 1.200 hectáreas cuyo título de propiedad está a nombre de Luciano Benetton, de nacionalidad italiana, dueño de un imperio textil que entre 1991 y 1997 acumuló 690.000 hectáreas en la Patagonia (cuenta con 924 mil en todo el país), donde se dedica a la producción de lana. Allí cuenta con 280 mil ovejas que producen 1,3 millones de kilos de lana por año. El holding tiene tiendas en 120 países y carga con el prontuario de haber sido denunciado por reclutar mano de obra infantil en Turquía y por un derrumbe en su fábrica de Bangladesh; a su vez, factura más de USD 11 mil millones al año y posee acciones del grupo Pirelli, en la minera Min Sud y en el banco de inversiones inmobiliarias 21 Investimenti (La Tinta, 2017). Estos son los intereses que defendió la Gendarmería de Macri-Bullrich el 1° de agosto de 2017 cuando reprimió sin miramientos a la comunidad mapuche radicada allí, llevándose a Santiago Maldonado para luego asesinarlo; uniformados que Alberto Fernández mantiene en sus puestos, pintando de cuerpo entero una continuidad política en materia de represión al servicio del capital.

De la misma impunidad gozan los miembros de Prefectura implicados en el operativo represivo donde fusilaron por la espalda a Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, radicada en Villa Mascardi, Bariloche. La policía provincial reprime constantemente a la comunidad, a la vez que monta actos vandálicos para criminalizar a los mapuche. Los “vecinos” de Villa Mascardi que están detrás de esta persecución son los empresarios hoteleros, el Obispado de San Isidro que posee terrenos allí y millonarios dueños de mansiones de lujo, como el estadounidense Grehan, que ven con preocupación el despliegue de la población indígena en la zona. El gobierno nacional tomó partido por los privados y salió a aclarar que la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Ambiente que dirige Cabandié, continuaba siendo querellante en la causa por “usurpación” contra miembros de esa Lof.

En esa línea, existe una amenaza de desalojo sobre la Lof Fvta Xayen, ubicada en Vaca Muerta, en beneficio de la explotación hidrocarburífera del yacimiento. Por otra parte, la Sociedad Rural de Chubut viene hostigando a la pobladora mapuche de 78 años, Isabel Catriman, con el objetivo de que abandone el terreno fiscal donde habita -lindero a Los Alerces- en favor de la empresa Los Tercos SRL, la cual recibió la habilitación para la explotación agrícola, ganadera, forestal y minera del lugar por un período de 99 años (Tierra Viva, 1/10).

Dentro del listado de empresarios foráneos con grandes extensiones de tierras en la Patagonia también podemos encontrar a los estadounidenses Douglas Tompkins, Ted Turner (fundador de la CNN), Ward Lay (dueño la firma Lay´s de papas fritas) y George Soros, entre otros. A esto hay que sumarle el puñado de multinacionales que explotan las cuencas hidrocarburíferas e impulsan la megaminería en la región.

Comarca Andina

El arribo de las fuerzas federales, que anunció el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, tiene entre sus objetivos terminar de desalojar a la Lof Quemquemtreu, la cual se halla recuperando su territorio en la zona de Cuesta del Ternero, en El Bolsón. La comunidad fue duramente reprimida el pasado 24 de septiembre, donde la Policía de El Bolsón irrumpió a los tiros bajo el pretexto de “pedido de identificación”, se llevaron detenidas a cuatro personas y tiraron al piso a un niño de 8 años, apoyándole la rodilla sobre la espalda. Paso seguido se estableció un cordón policial que impide la entrada de ayuda humanitaria al asentamiento. Esto, en medio de una campaña mediática donde se le quiere adjudicar al pueblo mapuche los recientes incendios ocurridos en la Oficina de Turismo y en el Club Andino.

La orden de desalojo, firmada por la fiscal Betiana Cedón, busca defender el uso de esas tierras fiscales para el lucro privado. En ese lugar los terratenientes Alberto Osvaldo y Rolando Rocco poseen permiso para forestar y se dedican a la plantación de bosques cultivados de pino destinados a la industria maderera y del papel, violando la ley provincial N° 279, la cual establece que para acceder a una tierra fiscal hay que vivir en ella para trabajarla. A su vez, el monocultivo de pinos es la principal causa de deforestación de bosque nativo en la región, y, además, impacta sobre la calidad del suelo por el alto consumo de agua y acidificación. Lo anterior es uno de los motivos por los cuales se propagó tan rápidamente el fuego en el último incendio.

 

Otro negociado que intentan pavimentar en El Bolsón por medio de la fuerza es la construcción de una villa turística al los pies del Cerro Perito Moreno, zona protegida por la legislación ambiental. Las tierras que pretenden lotear para realizar este emprendimiento fueron adquiridas en 2011 por la empresa a cargo de la concesión del centro de esquí de dicho cerro, “Laderas del Perito Moreno SA”, a través de una maniobra fraudulenta de triangulación. En 2013, los vecinos obtuvieron una resolución para anular el loteo “argumentando que la zona era sensible por las nacientes de los ríos” (Vaconfirma, 2017), no obstante, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, hizo aprobar en el Concejo Deliberante un código de planificación del área junto con el proyecto que incluye el loteo y la construcción de una villa turística por parte de “Laderas”. En la actualidad, el proyecto se encuentra en un impasse debido al recurso de amparo presentado por la población local.

Detrás de este emprendimiento está el empresario británico Joseph Lewis, quien en 2017 instaló un cable de alta tensión -talando cipreses y sin realizar ningún estudio de impacto ambiental- para proveer de electricidad a la región que se pretende lotear. Si bien su nombre no aparece en los papeles, uno de los socios de Laderas Perito Moreno es hermano de la directora de la empresa Hidden Lake, propiedad de Lewis. Por otro lado, el magnate es dueño de 12 mil hectáreas en las cercanías del El Bolsón, que rodean al Lago Escondido impidiendo su acceso público. Incumpliendo de este modo el fallo judicial de 2009 que lo instaba a habilitar la libre circulación al lago.

Los verdaderos usurpadores

Como se ve, en la Patagonia aparece de manera muy nítida el problema de la extranjerización de la tierra. Es un fenómeno que existe a escala nacional, donde 12,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros, de las cuales 1,8 millones pertenecen a sociedades off-shore, radicadas en paraísos fiscales (Chequeado, 2018). Es decir, un puñado de corporaciones internacionales explotan los recursos naturales del país, depredando el ambiente y expulsando a las comunidades.

La Ley de Tierras, sancionada por el kirchnerismo en 2011, la cual limita el número de hectáreas que puede comprar un extranjero, no modificó un ápice esta situación ya que no afecta las posesiones adquiridas previamente; es decir, el patrimonio de los Lewis y los Benetton permaneció intacto. A su turno, la legislación no toca la propiedad terrateniente concentrada en manos de argentinos, algo que hubiera perjudicado las tenencias de la propia familia Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Luego, bajo el mandato de Macri se flexibilizó la normativa con el argumento de incentivar las “inversiones internacionales”, las cuales nunca arribaron.

Como contrapartida, ningún gobierno garantizó la aplicación de la ley de Emergencia Territorial Indígena -aprobada en 2006 y que deberá ser prorrogada este año para permanecer vigente- la cual prohíbe desalojar a las comunidades originarias de sus territorios. La normativa supone un “relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas” que prácticamente no fue llevado adelante (desde que existe la ley apenas se han relevado 745 comunidades de las 1.760 existentes según el INAI). Así como también se incumplió con la asistencia económica prevista en la ley. En ese sentido, tanto el gobierno de Alberto Fernández como la oposición patronal rechazan de plano el reclamo de las comunidades originarias a recibir un título de propiedad comunitaria sobre la tierra que habitan, dado que los partidos del régimen no están dispuestos a tocar los intereses del gran capital. Por el contrario, promueven la militarización de la Patagonia para arredrar al pueblo mapuche y cuidarle el bolsillo a los que se adueñan de las riquezas del país.

Solo una reorganización social encabezada por la clase trabajadora podrá resolver las demandas de los pueblos originarios, ya que es la única clase social dispuesta a expropiar a los capitalistas, terminar con el saqueo nacional y dar respuesta a las necesidades sociales.

¡Libertad a Facundo Jones Huala, basta de persecución al pueblo mapuche, justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, fuera los milicos de la Patagonia, tierra para vivir!

 

https://prensaobrera.com/politicas/un-regimen-que-se-une-para-defender-la-campana-del-desierto-y-la-represion-contra-los-que-luchan/