Con las repercusiones de la anunciada suba de precios del mes de enero (3,9%), con una fuerte incidencia de los alimentos (4,9%), el gobierno analiza distintas medidas para “controlar precios”, las cuales no pasan de un intento propagandístico. Fideicomisos al trigo y maíz, subsidios a productores y la amenaza de una empresa estatal de alimentos, son la nueva cortina de humo mientras el ajuste fondomonetarista desata la inflación.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, impulsa la conformación de un fideicomiso para el trigo, primero, y el maíz, después, para evitar el traslado de los precios internacionales, el cual consistiría en un “subsidio” intra sector privado para garantizar “bajos precios” en fideos secos y harinas.

La iniciativa es resistida por las patronales, encargadas de ofrecer una propuesta, la cuales se tiran la pelota entre a quién estará depositada dicha financiación: si en cabeza de los exportadores o de molinería y fideos, o conjuntamente.

De concretarse, la medida ya es adelantada como un fiasco total, ya que solo afectaría parcialmente a la cadena de valor de los productos alimenticios finales (panificados, alimentos secos). Los precios finales no estarían exentos del impacto del aumento de los combustibles y la luz, necesarios para la producción y comercialización de los bienes alimenticios, así como tampoco de la incidencia de la devaluación.

Esta “solución” ya tiene su antecedente fallido, con el fideicomiso aceitero, medida que tampoco logró detener la suba del precio de los aceites en las góndolas, al mejor estilo de los programas de “regulación de precios” del gobierno.

El gobierno también “trabaja” en un acuerdo con el Mercado Central para financiar a “pequeños productores” y ampliar la oferta de verduras en el mercado, que podría devenir en una nueva sociedad de Estado. Sin embargo, se trata de medidas acotadas y publicitarias, que rememoran programas de oferta municipal “low cost”, episódicos, de frutas y verduras, en algunos puntos céntricos.

Otros funcionarios, como el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, proponen la creación de una “Empresa Nacional de Alimentos” para que el Estado “compita” con las privadas generando precios de referencia para el mercado.

Se trata de otro disparate publicitario ya que para funcionar debería implicar una nacionalización de la producción alimenticia, algo poco probable para un gobierno que retrocedió en chancletas ante medidas más acotadas, como la nacionalización de Vicentín y el Congelamiento de Precios, y que su programa económico está orientado por el ajuste fiscal. No se plantea la apertura de libros de las empresas, ni la nacionalización del comercio exterior para evitar el impacto de los precios internacionales.

Las medidas que prepara Feletti son viejas recetas fallidas, nada que vaya a alterar el curso de acción emprendido con en las negociaciones con el FMI, las cuales plantean una liberación de tarifas y precios, y devaluación, que impactarán en toda la cadena de valor y en los precios de los productos finales.

La solución a este rompecabezas radica en desechar el acuerdo con el FMI y proceder a un programa económico de los trabajadores, que implica la nacionalización del comercio exterior, la apertura de los libros de las empresas alimenticias y un control obrero de toda la cadena de valor, garantizando que las familias obreras puedan acceder a una canasta familiar con una recomposición general de los salarios.

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