28/11/2020

El gobierno nacional se lava las manos por la represión en la despedida popular a Maradona

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una denuncia contra Larreta y Santilli.

Lidia Barán @ojoobrerofotografia

Tras el papelón mundial que significó la bestial represión en la despedida popular a Diego Maradona, el gobierno nacional montó una maniobra que es en realidad una autoinculpación. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una presentación en la Justicia porteña contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su vice Diego Santilli, quien como titular del Ministerio de Justicia y Seguridad es la máxima autoridad de la Policía de la Ciudad.

La presentación pide que se investiguen a los funcionarios por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona. Según los funcionarios, la despedida popular «venía desarrollándose en forma tranquila y ordenada hasta que, cerca de las 14:00, intervino la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevando adelante un operativo para cortar abruptamente el flujo de la fila, alterando a la gente que aún no había podido ingresar. Ese corte se produjo a la altura de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, y miles de personas vieron frustradas sus intenciones de despedir Maradona».

La denuncia detalla algunos de los brutales atropellos cometidos contra las decenas de miles de familias e hinchas que habían acudido hasta el centro porteño para despedir al ídolo popular. Se, trata, sin embargo, de un burdo intento de autoabsolverse por el la incapacidad de garantizar siquiera que la población pueda procesar este sensible momento colectivo. La propia Presidencia estaba a cargo del operativo, del que también formaron parte la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuarias; y urde esta maniobra para lavarse la manos por no haber estado a la altura de las circunstancias.

La bestialidad de la Policía de la Ciudad es innegable, corriendo a la gente a balazos, gases, palos y carros hidrantes. La Policía Federal también fue identificada avanzando contra la muchedumbre. Sin embargo, la negligencia caracterizó a todo el operativo desde el origen. Las autoridades presidenciales habían previsto la concurrencia de un millón de personas, a pesar de lo cual dispusieron apenas diez horas de velorio abierto al público en la Casa Rosada.

Por lo tanto, cuando se acercaba el horario de finalización seguían acudiendo en masa nuevos contingentes de personas. El gobierno nacional estaba entonces a cargo de un evento en el que miles de personas que no podrían entrar a la despedida a la que fueron convocados. Que los funcionarios aleguen no haber dado la orden a los responsables de las fuerzas que actuaban en el terreno, no los absuelve de haber preparado el terreno para que la policía de Larreta despliegue la represión. Por lo tanto, si Larreta y Santilli son responsables de por la represión, ello inculpa también el gobierno nacional.

La otra arista de la exculpación pasa por asignar a las barras bravas de los clubes el origen de los disturbios. El propio Alberto Fernández sostuvo en una entrevista radial que debió «haber previsto la presencia de barrabravas» en la Casa Rosada. Dejando de lado la estupidez de pretender hacer creer a la población que imaginaba una despedida del astro del fútbol sin hinchadas ni barras, hay una mentira de patas cortas. Los medios de comunicación registraron la presencia nada menos que del líder de La 12, Rafael Di Zeo, y otros integrantes de la barra de Boca, en el velorio íntimo que se brindó en la mismísima Casa Rosada.

Debajo de esta absurda postura, que expone la negligencia oficial, emerge además el encubrimiento de la relación de las propias barras con los aparatos políticos de los partidos patronales. Las mafias del fútbol no podrían ser uno de las ramas más lucrativas y frondosas de la economía internacional sino fuera al amparo de los Estados. En la Argentina, el crimen de Mariano Ferreyra expuso como pocos los vínculos entre las barras, como fuerza de choque de la burocracia sindical ferroviaria, con los negocios fraudulentos al calor de la corrupción estatal -a costa de la superexplotación laboral. Los vasos comunicantes del Estado con las barras es inocultable.

Las declaraciones de Alberto Fernández, y la maniobra de la presentación judicial, no pueden esconder que este gobierno devaluado y desorientado, a la merced del Fondo Monetario Internacional, es incapaz de garantizar al pueblo argentino una despedida a su mayor ídolo popular. La represión policial del gobierno nacional y los gobernadores está a la orden del día porque vivimos un ajuste frontal contra los trabajadores.

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