Tras frenéticas negociaciones, nuevas modificaciones y compromisos endebles, el gobierno obtuvo dictamen para el tratamiento de la Ley Bases en el recinto del Senado, mientras resta confirmarse lo mismo para el paquete fiscal, en un intento de apuntarse una victoria en las gestiones del nuevo jefe de Gabinete Guillermo Francos, en medio de la crisis del gobierno y su gabinete, y con un final abierto.

El dictamen oficial es el resultado de un trabajo a contrarreloj, con firmas en disidencia y modificaciones a último momento, sin contar aún con las mayorías para imponer el mismo en el Senado. Una manifestación de la crisis del oficialismo fue lo obrado por Martín Lousteau (presidente de la UCR) quien decidió no acompañar al gobierno y anunció la presentación de un dictamen propio.

Francos fue a la carga del Senado para obtener una victoria “simbólica” en medio de su designación, tratando de reivindicar su capacidad de gestión ante la oposición patronal. Lo conseguido implica un arma de doble filo, dependiendo del final del paquete legislativo oficial, que ya ha sufrido diversas modificaciones y aún no convence.

Reformas en la Ley Bases

Las modificaciones difundidas sobre la Ley Bases y el paquete fiscal parecen responder a aspectos parciales de las negociaciones emprendidas por el gobierno más que a un espíritu general del proyecto oficial.

Respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), el dictamen oficial agrega que las provincias deberán adherir al mismo, cediendo cierta autonomía a los gobernadores y sus patronales mandantes. Y se incorpora el fomento del “desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el Rigi” tras los reclamos de las patronales locales por “competencia desleal”.

También se habilita la adhesión al Rigi de proveedores de mercadería importada, extendiendo las facilidades, exenciones fiscales y beneficios a otros sectores patronales vinculados a los proyectos principales. Junto a la presentaciones, por parte de los inversores, de su plan de desarrollo compatible con el “mercado local” y los negocios de las patronales de cada lugar.

Como parte de las negociaciones por el dictamen se incorporan organismos del Estado que no podrán ser “disueltos” (Incaa, Conae, Inti, Incucai, etc.), aunque nada los exime del vaciamiento.

Respecto a las privatizaciones no se disminuye el listado de empresas públicas apuntadas por el presidente, y solos e amplia de 30 a 120 días el plazo de la Auditoría General de la Nación para evaluar los procesos de privatización.

En cuanto a los trabajadores se da marcha atrás a la posibilidad de los empleados públicos de rechazar los “aportes solidarios” a los sindicatos, medida que beneficia a la burocracia sindical. También se restringe el pase a disponibilidad de trabajadores con licencias especiales, aunque tan solo hasta que las mismas cesen.

Respecto al despido con “justa causa” por piquetes de fábrica solo se baja el carácter categórico de la imputación de la acción de “injuria laboral grave”, a una redacción que deja la cuestión en manos de la Justicia.

Retoques en el paquete fiscal

Para el caso de las medidas fiscales el punto clave es el atinente al Impuesto a las Ganancias. El gobierno fijó en un 22% adicional el piso para los trabajadores de las provincias patagónicas, donde el costo de vida es más elevado. Además de refrendar las exenciones en ítems salariales propias de los regímenes de trabajadores petroleros y de Tierra del Fuego. También, se habilitan deducciones de hasta el 100 de los intereses en créditos hipotecarios UVA, alentando los negocios de la banca.

Otro de los puntos que le valió la firma de un senador santacruceño a Francos fue el de ampliar el límite de las regalías mineras que pueden aplicar las provincias de 3 al 5%, aunque esto tampoco implica ninguna garantía contra la expoliación capitalista que ejercen las grandes multinacionales del sector.

También se ampliaron las limitaciones para que familiares de funcionarios públicos puedan acceder al blanqueo de capitales.

Ley “sin” Bases

El gobierno llega al recinto del Senado con un dictamen con quitas y modificaciones sobre reformas anteriores en Diputados y sin sustento ni garantías de viabilidad para la votación en el recinto. A estas alturas, la Ley Bases ya se ha convertido en un objetivo en sí mismo. Por lo menos es así para Francos y la vicepresidenta Villarruel en cuanto a sus capacidades como “interlocutores” del gobierno.

Pero el final se encuentra más que abierto. A pesar de las sucesivas reformas los capitalistas temen por el impacto de las medidas fiscales y el Rigi, principalmente, en sus negocios. Mientras que el gobierno transita una tras otra crisis económica y política, mostrando sus dificultades para asentar su plan económico en medio de una recesión que se agrava y una fuerte presión devaluatoria que pueda hacer saltar nuevamente la inflación.

El gobierno busca tentar a los gobernadores y los intereses patronales que estos defienden en sus provincias, de allí que toda modificación siempre está supeditada a satisfacer la viabilidad de los negocios petroleros, mineros, etc.

Un escenario que deja planteada la tarea de reforzar la movilización popular independiente de cara al tratamiento del paquete antiobrero de Milei en el Senado, previsto para el 12 o 13 de junio, con la convicción de que no se puede depositar ninguna expectativa en ninguno de los bloques políticos patronales.

Qué hay detrás de la crisis de gabinete

–

prensaobrera.com

Reprimen a los obreros del neumático en Congreso

El Sutna movilizó hacia la Secretaría de Trabajo en el marco de la lucha contra los despidos en Fate. –

prensaobrera.com