Si bien desde su asunción a la presidencia Milei ha despedido funcionarios todas las semanas, muchos de ellos de rango relevante en el organigrama del Poder Ejecutivo, la salida del jefe de gabinete Nicolás Posse representa un salto en calidad en la crisis política del gobierno libertario. Posse, más allá de su bajo perfil público, era una persona destacada en el estrecho círculo presidencial. Había aportado una parte significativa de los cuadros técnicos y, más importante aún, tenía a su cargo el aparato de inteligencia del Estado. Ese manejo estaba asociado a sus vínculos internacionales que llegaban hasta la propia CIA. De ahí que algunas de las versiones que circularon sobre las divergencias entre el presidente y su ahora ex jefe de gabinete tenían que ver con la oposición de éste al alineamiento tan estrecho de Milei con Trump y la ultraderecha mundial. Ese alineamiento, incluso, podría jugarle en contra al gobierno en sus pedidos al FMI para una mayor asistencia financiera para incrementar las reservas y salir del cepo cambiario.

Pero más allá de estas circunstancias, la relevancia que cobró la salida de Posse tiene que ver con la acumulación de fracasos políticos y económicos del gobierno. La prueba más contundente de este fracaso fue que en vez del “pacto de mayo” rodeado por la mayoría de los gobernadores, Milei debió contentarse con un acto en soledad en la provincia de Córdoba, con una concurrencia menguada de algunas miles de personas. Muchos destacaron que su discurso fue “moderado”, lo cual en el caso de Milei equivale a un recule político. En vez de denunciar a la “casta” como en otras oportunidades, debió pedir que le aprueben la Ley Bases, ante el temor de que si esto no sucediera podría derivar en un agravamiento de la situación económica y financiera. Y por sobre todo un golpe político demoledor al gobierno.

Golpe a la línea de flotación

Es que la corrida cambiaria y el salto del riesgo país pegó en la línea de flotación del gobierno. Milei, que venía ridiculizando a los economistas afines a su espacio que cuestionaban el “atraso cambiario”, quedó en ridículo con la devaluación de los distintos tipos de cambio alternativos. El Banco Central debió salir a vender dólares para parar la corrida, rememorando las maniobras clásicas del massismo. El aumento de la brecha, incluso, podría demorar más la liquidación de la cosecha gruesa, que ya de por sí viene demorada porque el capital agrario apuesta a una mayor devaluación del tipo de cambio oficial. Los especialistas han advertido que la situación del Banco Central es muy comprometida, pues la acumulación de reservas ha sido escasa teniendo en cuenta que en el segundo semestre, en general, las ventas de dólares son mayores a las compras. Ni que hablar con que una devaluación en regla llevaría nuevamente a un incremento de la inflación, cuya caída es el único índice que el gobierno puede mostrar como logro “positivo”, aunque se base en un cementerio productivo. La suba del riesgo país, además, no sólo dificultará la renovación de deuda que a partir del año que viene tiene vencimientos impagables, sino que golpea el intento de armar una reactivación económica mediante la reanudación del crédito.

Ante este cuadro, el discurso de Milei en Córdoba demostró un alto grado de irrealidad. Su promesa de bajar impuestos si se aprueba la Ley Bases, incluso el impuesto País, carece de todo fundamento. Hasta los diarios afines al oficialismo debieron señalar que esa promesa es incumplible, en la medida que la recaudación del impuesto País es superior en la actualidad al 100% del superávit fiscal; dicho de otro modo, si se lo elimina vuelve el déficit. La vuelta del impuesto a las Ganancias sobre el salario que está incluido en la parte fiscal de la Ley Bases traería aparejada una mayor recaudación, pero debería compensar lo que se deje de recaudar por la reducción de Bienes Personales a los capitalistas. La imposibilidad del gobierno de eliminar el impuesto País tiene una importancia que supera lo fiscal, pues está atado a la existencia del cepo cambiario, que los empresarios reclaman anular como condición para la realización de inversiones. Por otro lado la vuelta de Ganancias agravará la caída del consumo, porque reducirá el dinero en el bolsillo del sector que consume un poco más. Esto producirá una caída en la recaudación de otros impuestos. A esto se suma el aumento de tarifas y servicios, que va de los combustibles a la energía, salud, peajes, etc.

Al revés de lo que dice el gobierno y el propio Milei, la dependencia de estos impuestos caracterizados como “distorsivos” es más mayor que antes, dada la caída de la recaudación fiscal como consecuencia de la recesión. Comparado el primer cuatrimestre del 2024 con el del año anterior, la recaudación cayó un 5%. Si a pesar de ello hay superávit se debe exclusivamente a que el recorte de gastos ha sido mayor. La caída de la recaudación difícilmente puede revertirse en medio de una recesión que amenaza en convertirse en depresión. Es lo que avizora la caída de la industria un 9,8% en abril y el retroceso de la construcción y en el comercio. Una estadística elaborada por el Banco Provincia da cuenta de un derrumbe del consumo del 35% en abril en la zona abarcada por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En el sur del conurbano ese retroceso habría alcanzado el 42%.

A esto hay que sumarle el crecimiento de los despidos, tanto en el sector público como en el privado. De acuerdo con un informe del Banco Central las cuentas sueldos en abril habrían caído en 275.000. Con cuentas sueldos cobran sólo los trabajadores registrados. Por lo tanto, habría que agregar acá la pérdida de fuentes de trabajo de quienes están en la informalidad. Es probable que bien sumada, la cifra final se acerque peligrosamente al medio millón de puestos de trabajo menos.

¿Gobierno de consenso?

Ante el agravamiento de la crisis que eyectó a Nicolás Posse, muchos auguran que su reemplazante, Guillermo Francos, vendría a representar un giro en búsqueda de un gobierno de consenso. El propio Francos abona esta hipótesis al definirse como un ministro que actúa como articulador entre Milei y la “casta”. Sin embargo, la efectividad del propio Francos hasta ahora no ha sido probada, al menos si vemos las dificultades para avanzar en la Ley Bases. Las idas y venidas en las negociaciones han representado para el gobierno un desgaste objetivo, que será compensado sólo parcialmente con una aprobación amputada y tardía en el parlamento. Es que más allá de que el engendro legislativo del gobierno represente para el pueblo trabajador nuevas confiscaciones, no reúne las condiciones para superar el impasse de fondo de la política económica oficial.

Quien más consciencia tiene de ello es el propio Milei, que no casualmente ha decidido valerse de este recambio ministerial para designar a Federico Sturzenegger como nuevo ministro. La función del expresidente del Banco Central de Macri, que estuvo procesado durante años por el megacurro del canje de deuda bajo el gobierno de De la Rúa en el 2001, será llevar adelante un “reforma del Estado” que implicará en la práctica privatizaciones y despidos masivos. En la lista entra Aerolíneas Argentinas, que el gobierno no quiere quitar de la lista de empresas a privatizar, el desguace de empresas ligadas a YPF, Aysa, Arsat y despidos masivos en dependencias públicas y medios de comunicación en manos del Estado. Mientras escribimos esta nota los trabajadores del Inti están en guardia ante las versiones de 1.000 despidos en el instituto y los del Sutna movilizados contra los despidos. Esta es la escala de agresión por venir.

Así, lejos de un gobierno de consenso, el ingreso de Sturzengger al gabinete representa un salto en un régimen de poder basado en los decretazos. Para poder ir a fondo en esta política el gobierno no puede prescindir del Congreso, del que depende la delegación de facultades al Poder Ejecutivo que está incluida como una de las partes más importantes de la Ley Bases. Los senadores y diputados que voten esta ley estarán convalidando el reforzamiento de un gobierno por decreto para llevar adelante el ajuste.

Los desafíos para los trabajadores

Por los intereses de clase que representa y por su propia característica constitutiva, el gobierno de Javier Milei está obligado a redoblar una ofensiva contra el pueblo. Si tiene o no las condiciones políticas para hacerlo no puede responderse a priori, o sea, antes de las propias luchas que se librarán. Dentro de la propia burguesía se van armando por las dudas planes alternativos. En esa línea deben entenderse los movimientos “destituyentes” que muchos le atribuyen a la vicepresidenta Victoria Villarruel con gobernadores y sectores empresarios. Pero incluso para que estos movimientos se activen será necesario que la crisis pegue varios saltos adicionales. Es probable, además, que los “destituyentes” quieran que Milei haga la mayor parte del trabajo sucio, ya que ese es un programa que unifica a toda la clase capitalista. Dentro de este trabajo sucio está la persecución y represión contra las organizaciones piqueteras, que el gobierno lleva adelante con el concurso de la Poder Judicial y de los medios de comunicación. Las camarillas judiciales se han alineado en esta política, más allá de sus divergencias y choques internos. Un papel relevante asumieron los jueces vinculados al peronismo, que siempre vieron a las organizaciones piqueteras como rivales estratégicos en las barriadas populares. Para el peronismo el movimiento piquetero independiente es aún más peligroso que para la camarilla libertaria anclada en el gobierno.

Para los trabajadores, que son quienes están sufriendo la crisis, la necesidad de una respuesta de conjunto se hace imperiosa. La burocracia sindical está dejando pasar los despidos porque no quiere chocar con los capitalistas, a quienes define como víctimas de la política “industricida” del gobierno. Sin embargo, esos mismos capitalistas presionan por la reforma laboral y aplican despidos y desvalorización del salario. El ejemplo de Fate es elocuente. Madanes Quintanilla, representante clásico de la burguesía nacional, está en un plan de guerra contra sus trabajadores para descargar sobre ellos el peso de la crisis.

La movilización que se está preparando contra la Ley Bases en el Senado ofrece la oportunidad para poner en pie una respuesta de conjunto. Por abajo, en fábricas y seccionales se está desarrollando un debate para garantizar una movilización de masas. Incluso elementos intermedios de la burocracia sindical participan de esa planificación convocando a plenarios o reuniones, siempre restringidos al propio aparato sindical. Para el activismo esta situación debe ser aprovechada para impulsar reuniones y convocatorias, para realizar una manifestación de masas. Un hecho de este tipo sería de utilidad no sólo para luchar contra la aprobación de la ley sino para estar en mejores condiciones para hacer frente a la ofensiva capitalista contra los puestos de trabajo y el salario.

El Plenario de trabajadores ocupados y desocupados reunido el sábado en la Plaza Congreso -presidido por la consigna de plan de lucha hasta derrotar todo el plan Milei, que fue respaldada por todos los asistentes- fue un punto de agrupamiento para impulsar esta política. El Partido Obrero, que fue promotor de este plenario, llama a una gran campaña contra la aprobación de la Ley Bases, contra los despidos y la represión al movimiento piquetero y a todos los luchadores.

Inflamable: ¿nos quedamos sin gas para pasar el invierno?

La ola polar puso al desnudo las consecuencias del ajuste y de la política energética del gobierno. –

prensaobrera.com