Vencida la cuarta prórroga del plazo para llegar a un acuerdo con los tenedores de los bonos en dólares bajo legislación extranjera Ticade y Tideneu, y tras incumplir el pago de un cupón de intereses por 13,7 millones de dólares, el gobierno de Neuquén acaba de informar una nueva prórroga hasta el 24 de noviembre.

No solo ha extendido el plazo, sino que a través de “enmiendas” que “mejoran los términos y condiciones” a los bonistas. El gobierno festeja que entre el Comité Ad Hoc, formado por fondos de inversión internacionales (con sede en EEUU, Gran Bretaña, Hong Kong y España), y otros bonistas ha llegado a un 69,45% de aceptación, muy cerca del 75% que se necesita. De modo que apuesta a que finalmente se llegue a un canje que significará un corto “alivio”, pero que abulta los pagos en años venideros.

Entre las nuevas concesiones a los bonistas se cuenta un pago en efectivo de 34,55 dólares por cada 1.000 dólares de deuda en circulación, un incremento de las tasas de interés y una modificación de los plazos de las amortizaciones pendientes.

Un tema central para el bono Ticade es no tocar el fideicomiso por el cual se garantizan los pagos a partir de las regalías hidrocarburíferas, e incluso aportar fondos extra que garanticen esos pagos durante 2022 y 2023 si se quedan cortas las regalías.

Es decir que el alivio sería apenas por el año entrante.

En su presentación del Presupuesto 2021 en la Legislatura, el ministro de Economía Guillermo Pons afirmó que la provincia emitirá, entre fin de año e inicios del que viene, nueva deuda en pesos pero linkeada al dólar. Tiene para ello la aprobación que le dieron todos los bloques (excepto el Frente de Izquierda) para emitir títulos por el equivalente a 140 millones de dólares.

La contracara de esto es el otro anuncio del ministro Pons, acerca que el gobierno da por caído el compromiso de actualizar salarios, y por ende jubilaciones, por el IPC. O sea que a través de una bicicleta de endeudamiento (se emiten bonos para pagar otros anteriores) acentúa la hipoteca que consumo los recursos provinciales.

Desde el Partido Obrero rechazamos este mecanismo de coloniaje, y le contraponemos la defensa de los salarios y jubilaciones.