El lunes 31 de enero tendrá lugar una nueva audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) donde se determinará el precio de la oferta mayorista de gas natural. Para la ocasión, la Secretaría de Energía preparó un informe donde anuncia que prevé reducir hasta un 33,49% los subsidios estatales al precio que ofrece esta porción mayorista de la oferta de gas, lo que se podría traducir en un aumento del 47% de la boleta que abonan los usuarios.

En la audiencia anterior habían tomado la palabra distintos empresarios pertenecientes a otros eslabones de la cadena. A grandes rasgos, las transportistas reclamaron un aumento del 87,4% de su tarifa, que representa hasta un 10,6% para el usuario final. Por su parte, las distribuidoras, en la voz de Metrogas, exigieron una suba del 76,23% para este año, lo que se traduciría en un incremento del 33% para las tarifas residenciales (Ámbito, 19/1).

Como al monto final de las boleta de gas lo determinan diferentes componentes (producción, transporte, distribución e impuestos), resta esperar a la próxima audiencia, que definirá el precio de la oferta mayorista de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), para conocer la magnitud del tarifazo que se viene. Se trata del precio que abonan las empresas distribuidoras a las petroleras, el cual se encuentra subsidiado por el Estado.

El documento mencionado anteriormente ya adelanta que el gobierno pretende reducir drásticamente esos subsidios, en pos de arrimarse a las metas de equilibrio fiscal que exige el FMI para arribar a un acuerdo. Entonces, en lugar de cubrir el 70,9% del precio mayorista del gas natural como sucede en la actualidad, pasaría a subsidiar el 44,4% (El Cronista, 24/1). La diferencia será descargada sobre los usuarios con aumentos en la boleta que pueden trepar al 47%, mientras que las ganancias de los capitalistas involucrados no se verán perjudicadas. Lejos quedó la promesa oficial de que los tarifazos a los servicios públicos no superarían el 20% en todo el año.

Esto, en un contexto donde el precio mayorista de gas se viene encareciendo, producto del auge en el precio internacional del gas y el GNL que importa Argentina -con lo que se espera abastecer al 17% de la demanda en el 2022. A su turno, las petroleras que explotan las cuencas gasíferas del país presionan por emparejar los precios criollos con los internacionales en alza, al igual que bregan por trasladar la suba mundial del precio del combustible a los surtidores locales.

Así las cosas, pasamos de un esquema de subsidios millonarios al capital a costa de los fondos públicos -cuya erogación viene teniendo como contrapartida un ajuste sobre las prestaciones sociales, jubilaciones inclusive, y las sumas devengadas en el 2021 superaron ampliamente la inflación del período- a uno de subsidios estatales más reducidos, pero donde los pulpos petroleros y las empresas distribuidoras salen indemnes de dicha poda, pues los platos rotos del ajuste fondomonetarista los paga el bolsillo popular con nuevos tarifazos sobre la boleta de gas.

Lo que permanece intacto es el secreto comercial capitalista, ya que el gobierno desembolsa subsidios y habilita tarifazos a libro cerrado, sin exigir en ningún momento la apertura de los libros de toda la cadena -producción, distribución, transporte- para evaluar los costos reales. Empezando por lo inviable de que el propio insumo base, el gas en boca de pozo, posee un precio dolarizado estipulado en el Plan Gas, que de ninguna manera guarda relación con los costos de producción y encierra el peligro de que una potencial devaluación podría dispararlo.

Consiste en un régimen parasitario por donde se lo mire, teniendo en cuenta que tales prebendas no tienen como correlato una mayor inversión en la infraestructura de la red de gas. Nos encarecen el servicio mientras barriadas enteras en todo el territorio natural no cuentan con acceso al mismo y deben recurrir a la compra de garrafas.

Frente a este nuevo golpe a las condiciones de vida de la población trabajadora, se hace preciso  pelear por la apertura de los libros, la suspensión del tarifazo y la nacionalización bajo control obrero de los hidrocarburos, de manera tal que la producción gasífera pase a planificarse en función del desarrollo nacional y de las necesidades sociales. La ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria son fundamentales en esa dirección.

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