El dinero destinado por el gobierno en el 2021 al pago de haberes previsionales, es decir, los que recibe la masa de jubilados y pensionados, cayó un 5,3% en términos reales respecto de la inflación acumulada del año pasado y fue el más bajo desde el año 2015 (La Nación, 21/1). Mientras que la inflación del año pasado fue del 51,9%, las transferencias totales al pago de jubilaciones y pensiones subieron solo un 41,91 por ciento.

La nota de La Nación indica que esa baja compensó el incremento en los subsidios destinados al transporte y a la energía, es decir, a llenar los bolsillos de los que han sido responsables de los masivos cortes de luz que han sufrido centenas de miles de personas en los últimos días y que crecieron un 34% también en términos reales, es decir, más allá de la inflación. Así, destaca que mientras el dinero destinado a haberes previsionales se redujo en el 2021 de 9,51 al 8,01 por ciento del PBI, los subsidios a esos dos sectores pasaron de 2,55 al 3 por ciento.

Es decir que la reducción de las jubilaciones y pensiones no solo compensó con creces el aumento en los subsidios sino que cubrió la mitad del dinero que se llevaron las patronales del transporte y los pulpos de la energía. De esta manera, el congelamiento relativo de las tarifas no lo están pagando el Tesoro nacional ni los grandes consumidores capitalistas, sino los espoliados jubilados que, en su inmensa mayoría, no alcanzan a cubrir con sus haberes la canasta de indigencia.

Pero esto que destacan los analistas consultados por La Nación, y que el diario transcribe (y secciona) de manera interesada, es solo un aspecto del proceso de ajuste del cual son parte de las víctimas principales los jubilados y pensionados y los trabajadores estatales con la depresión de sus salarios. Es que el recorte del gasto previsional y salarial por parte del Estado no solo fue para compensar esos subsidios, sino todos los demás distribuidos dispendiosamente a distintos sectores capitalistas, con el argumento de la pandemia, como la cobertura parcial de salarios privados, reducción de aportes jubilatorios, entre muchos otros.

Esto no lo cita La Nación porque con la nota apunta a impulsar la eliminación de los subsidios energéticos como requiere el FMI y que se compensen con tarifazos que también se descargarán sobre las espaldas de los trabajadores, los jubilados y los demás sectores populares.

La caída en cascada de los haberes previsionales también vuelve a poner de relieve el viejo cuento de campaña de Alberto Fernández, cuando prometió un aumento inmediato del 20 por ciento en las jubilaciones y pensiones, recortándoselos a los intereses que devengan las Leliq, que son un gran negocio de la banca a costa de las arcas del Estado. No solo no los recortó sino que los mismos se duplican cada año y en el 2021 fueron equivalentes a 46 millones de jubilaciones mínimas, según destacamos en Prensa Obrera.

Así, la “mejora” en el déficit fiscal, que bajó del 6,37% en el 2020 al 3,04% el año pasado, se asienta en los recortes y ajustes sobre los sectores populares, como ocurrió también con el dinero destinado a paliar los efectos de la pandemia entre trabajadores ocupados y desocupados. Del 3,5% del PBI destinados en 2020, se redujeron al 1% del producto el año pasado cuando las consecuencias de la pandemia y de la crisis golpeaban –y golpean- con fuerza sobre las condiciones de vida de la población trabajadora, activa y jubilada.