El 13 de abril todas las organizaciones de derechos humanos y de izquierda que componen el encuentro Memoria Verdad y Justicia, firmaron una declaración común titulada “Basta de represión en las redes y en las calles”. Junto a una caracterización breve de la política general del gobierno y la continuidad represiva con los gobiernos anteriores la declaración fue suscitada por la represión de Kicillof y Berni contra los trabajadores del frigorífico Penta y las más de 20 detenciones por distintas expresiones de oposición al gobierno resultado de la modalidad de “ciberpatrullaje” lanzada por la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic.

Es una declaración acotada sobre hechos represivos, del tipo que una organización de izquierda adhiere o promueve de manera sistemática, en tanto defensora de las libertades de las masas contra el Estado. Solo dos organizaciones no suscribieron el pronunciamiento. Una, el PCR, integrado a la coalición oficialista del Frente de Todos, defiende abiertamente las políticas del gobierno. La otra, el grupo de Jorge Altamira, mostrando el alcance de su descomposición política, puesto que viene de defender la “coerción del Estado” para aplicar la cuarentena.

El martes 14 se dio a conocer un pronunciamiento contra la militarización de dos barrios populares en Lomas de Zamora por la policía de Insaurralde y Kicillof. La denuncia plantea el avance a la constitución de ghettos cercados por la policía. Lo acompañan un centenar de organizaciones políticas, piqueteras, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos que actúan en la zona. Nuevamente el grupo de Altamira se negó a firmar.

En los hechos se ve el carácter profundamente conservador y reaccionario que tienen las posiciones de defensa del uso de las fuerzas represivas con declarados objetivos asistenciales, tal como lo marcó Juan García en un artículo en Prensa Obrera. Han rechazado colocarse en la elemental defensa del derecho de los trabajadores a manifestarse contra los despidos y de que no se persiga a jóvenes por lo que manifiestan en sus redes sociales. No solo están por detrás de las obligaciones de quien se pretende un revolucionario, ni siquiera podrían reivindicar ser demócratas consecuentes.

Pero Altamira se caracteriza por decir lo mismo y lo contrario en general, y para atacar al Partido Obrero, en particular. Veamos su método.

La pobreza política y moral de Altamira

La larga respuesta subida por Jorge Altamira a su blog Política Obrera impacta de entrada por su carácter profundamente antisocialista. Los ataques personales y acusaciones contra Juan García se entrelazan con una lluvia de chicanas a otros militantes del PO, pariendo finalmente una pieza política signada por la calumnia y el improperio. Estamos ante una cuestión de método de fondo, que delimita al lumpenismo político del legítimo debate entre corrientes obreras y socialistas. Pasar por alto este hecho sería un error garrafal, que dañaría irremediablemente a la izquierda argentina. Sucede que, correctamente, ante las acusaciones de los centroizquierdistas y nacionalistas, nosotros hemos defendido siempre la polémica y el debate en el seno de la izquierda, explicando que es un método insustituible para arribar a conclusiones y para ayudar a que los trabajadores puedan hacerse una caracterización propia de la situación que deben enfrentar y las tareas que deben desarrollar. Pero para ello la polémica debe estar guiada a esclarecer los puntos en debate. Altamira, en cambio, hace lo contrario. Busca la reyerta en vez del esclarecimiento y sustituye el argumento por la descalificación. El trabajador que accidentalmente acceda a un texto así se vería forzado a pensar que la izquierda argentina es una cloaca. Delimitarnos de este método podrido, ajeno al socialismo, es el primer deber de quienes construimos el Partido Obrero en todo el país.

En la dialéctica de la realidad la forma suele ser la expresión del contenido. Y en este caso esa regla se cumple hasta el final. La descalificación permanente y el insulto abierto están al servicio de confundir al lector, atribuyendo al Partido Obrero posiciones que no tiene y ocultando las posiciones propias de Altamira y su grupo. Ejemplo: Altamira nos acusa de denunciar que estamos en un estado de sitio de hecho y, aún más, que caracterizamos la situación actual como si fuese “la previa a la dictadura militar o incluso a la dictadura misma”. Un delirio completo que nadie nunca encontrará en la literatura del PO. Pero si uno ve la Política Obrera quien lo dice son ellos. El 22 de marzo, a pocos días de decretada la cuarentena, Altamira publicó un artículo con el título “el estado de sitio infecta”; dos días después una declaración del 24 de marzo titulada “no al estado de sitio”. ¿De qué estamos hablando entonces? La falta de seriedad supera todo lo visto y coloca a Altamira en el terreno mismo del absurdo.

En tren de inventar y quedar siempre en el centro de la escena, Altamira afirma que Prensa Obrera se copia de él cuando puso en su tapa del 9 de abril “atentan contra la cuarentena”. Es más, para Altamira Juan García habría sido refutado tardíamente por nuestro periódico. ¿De qué habla? Si se hubiese tomado el trabajo simple y serio de leer nuestros textos, debiera haber visto que en el número inmediatamente posterior a que se decretara la cuarentena Prensa Obrera puso en su tapa: “Control popular de la cuarentena”. ¡El periódico fue publicado el 26 de marzo! Altamira en cambio llamaba a luchar el 24 de marzo contra el estado de sitio. ¿Queda claro que estamos ante un debate insano y no ante una polémica política seria?

Nuestra posición se caracterizó por su máximo rigor. Reclamamos antes que nadie el cese de la producción de todo lo que no sea esencial, para preservar la salud pública y la vida de los trabajadores. Denunciamos, a la vez, que el gobierno y el Estado no podían tomar esta tarea en sus manos de modo adecuado, por un lado porque ceden a la presión patronal como buen gobierno capitalista, y del otro porque rechazan asistir a los trabajadores que se ven afectados por el parate económico. Presentamos un programa integral, que incluye el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Y planteamos la necesidad de que la clase obrera se organice para pelear por este programa. En relación a la coerción estatal, rechazamos las medidas represivas contra los trabajadores y la pretensión de convertir en ghettos a los barrios populares. Nuestra denuncia del uso de las FF.AA. en el reparto de la asistencia social fue y es completamente correcta, porque es una medida que busca "dar vuelta la página de la dictadura" -usando una expresión del propio Alberto Fernández que toda la izquierda independiente argentina denunció en el documento de Memoria, Verdad y Justicia el 24 de marzo.

El tono provocador y francamente desatado del texto de Altamira es una muestra de la desesperación que atraviesa, a casi un año de la ruptura que protagonizó contra el Partido Obrero. Su grupo no solo no logra un desarrollo político, sino que se fragmenta la modesta base de apoyo que han reunido.  El artículo original defendiendo la militarización de la clase obrera por “razones sanitarias“ es un rabioso ataque de su denominada “mesa ejecutiva” contra un artículo enviado por un simpatizante del grupo. Su método descalificador y su contenido han sido reprochados por decenas de militantes y simpatizantes del grupo en las redes sociales. Es en este marco, evidentemente, que la crítica publicada en Prensa Obrera por Juan García poniendo de manifiesto la capitulación del grupo frente a la militarización y la “unidad nacional” ha tocado una fibra íntima.

Un apoyo “sanitario”… a Alberto Fernández

Altamira, cuando vira de la denuncia del estado de sitio a la reivindicación de la política del Estado patronal en la aplicación de la cuarentena, se está colocando en el campo del apoyo del gobierno. Plantea en su artículo “estamos, con una posición política independiente, con la posición de mantener la cuarentena y profundizarla (‘estatismo’), contra el gran capital que la quiere levantar (‘privatismo’), poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores”. La disputa “estatismo” versus “privatismo” reproduce los mismos términos en que el propio Fernández y sobre todo sus corifeos izquierdistas tratan de presentar las constantes concesiones a la UIA a costa de la salud de los trabajadores como resultado de una pulseada entre un gobierno preocupado por la “vida” y los “miserables” que sólo piensan en “la economía”. La referencia a que se integran de manera “independiente” al campo del gobierno, en el vocabulario político del trotskismo, solo refuerza la claridad de que han elegido el bando de defensa del gobierno de Alberto Fernández. Demás está decir que la política de Fernández, incluido su inocuo decreto contra despidos y suspensiones, deja un inmenso campo de acción de los patrones contra los trabajadores. La única posibilidad de defensa de los intereses de los trabajadores es desarrollando la lucha de clases, bajo las condiciones que impone la cuarentena contra los patrones, que son todos “estatistas” y “privatistas” en determinadas proporciones.

La pandemia no cancela la lucha de clases

El artículo de Altamira reclama un descubrimiento original. “Nadie ha advertido, creo, que el aislamiento social como reivindicación obrera se encuentra en contradicción con la premisa más importante de una revolución, que es la concentración social del proletariado”. De verdad, el proletariado, que reivindica un aislamiento sanitario, se ve privado de hacerlo, tanto por la obligación a seguir concurriendo a trabajar a riesgo de su vida en tareas no esenciales como obligado a permanecer en sus barrios sin ingresos, alimentos, ni condiciones de salud e higiene. Cualquiera que mire aunque sea de reojo la Prensa Obrera notará la acumulación diaria de decenas y decenas de conflictos y denuncias que los militantes elaboran sobre la base de la experiencia y las iniciativas de las masas.

Las condiciones de la cuarentena no anulan las contradicciones de clase sino que las agravan. Altamira nos acusa de infantilismo de izquierda por promover una rebelión popular en el marco de la pandemia. En realidad hemos formulado un programa transicional, pero sin duda para que Argentina madure hacia el proceso que caracterizó a toda América Latina en la previa de la pandemia, la rebelión de sus pueblos y trabajadores contra la descarga de la crisis sobre las masas. Manu Ginóbili ha planteado su  “temor a una rebelión del proletariado ante el hambre” que plantea esta crisis en perspectiva. Altamira se coloca a su derecha. El capital, por su parte, a través de despidos masivos y una reestructuración de las condiciones de producción y trabajo, apunta a que cuando la pandemia sea dominada, la subordinación de la fuerza de trabajo al capital alcance su mayor grado histórico.

 El desarrollo de un programa transicional de los reclamos de la clase obrera permite intervenir en cada etapa, en la actual de conflictos importantes en todo el mundo, aunque relativamente aislados y en un futuro no muy lejano en vistas al desastre social y económico que el desenlace de la pandemia va a dejar en pie para las masas de Argentina y el mundo. La receta de renunciar a la lucha de clases y dejar hacer a la patronal y al Estado durante la cuarentena es el fruto de una impotencia política profunda, y un suicidio para los trabajadores si le prestaran atención.

Los bruscos y desopilantes giros políticos de Jorge Altamira han mostrado que el grupo que ha fundado carece de lugar en la situación política y en las masas. Su fundación ha sido el resultado de un capricho personal. El vacío político que la caracterizó está siendo llenado por las presiones más disímiles y negativas. Quien carece de claridad y valentía para plantarse frente a la persecución del Estado a los trabajadores no va a lograr consideración de ningún tipo en el enorme entramado de luchadores que recorre nuestro país. Llamamos a todos los elementos honestos a romper con este grupo que sigue el desquicio personal, moral y político de un hombre hundido en el resentimiento.