En el día de ayer Javier Milei, precandidato a legislador porteño por el Frente Avanza Libertad reconoció haber sido asesor económico del genocida Antonio Bussi, en su paso por el Congreso Nacional. El promotor acérrimo de “la libertad” defendió haber sido su asesor, alegando que “Bussi llegó al Congreso mediante el voto popular”.

La lista que compone también la integra Victoria Villaruel, abogada de genocidas en la última dictadura militar argentina; y que integró a Gómez Centurión es también conocido por su participación en los alzamientos carapintadas de 1986 y 1987, que buscaron la impunidad de los genocidas de la dictadura militar. Pero con este reconocimiento se cae un poco más la careta de quienes “defienden la libertad”… y el último genocidio en nuestro país.

Milei fue asesor económico de Bussi en los 90. El prontuario del genocida es extenso: el 24 de marzo de 1976 asumió como interventor y jefe militar de Tucumán, fue responsable de los más de 30 centros clandestinos de detención y 1.000 desaparecidos de la provincia. “La Escuelita” de Famaillá fue el primer sitio documentado por la Conadep montado especialmente para torturar y asesinar a personas secuestradas (Página 12, 1/9). Producto de las leyes de impunidad, Bussi fundó su propio partido -Fuerza Republicana- y fue electo diputado en 1993; dos años después, se consagró como gobernador tucumano. En 1999 volvió a ser electo diputado, pero esta vez, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado cuentas offshore en Suiza 1993; y la Cámara de Diputados no le permitió asumir su cargo.

Producto de la movilización popular y de los organismos de DD.HH, en 2008 fue condenado a prisión perpetua por uno de los mil crímenes que cometió, la desaparición del senador Guillermo Aignasse. El dictador reconoció que el terrorismo de Estado ya estaba implementado con anterioridad al 24 de marzo, lo que se llamó el Operativo Independencia, bajo el gobierno de Isabel Perón. Aún en la última declaración en juicio, Bussi sostuvo: “los delincuentes buscaban convertir el país en un satélite del comunismo internacional”.

En última instancia, el planteo de Milei de ir a un ajuste brutal en el gasto público e impulsar una reforma laboral que extermine los derechos adquiridos por los trabajadores (y sus organizaciones), solo puede ser impuesto por la fuerza a costa de choques sociales. Ese es el punto en común con el programa de la última dictadura, que fue un plan sistemático, diseñado para descabezar al movimiento obrero combativo y a las organizaciones revolucionarias, y por eso tuvo como involucrados directos a grandes patronales como Blaquier o Mercedez Benz.

La lista «antisistema» de Milei se presenta como la novedad, pero su lista está poblada de exfuncionarios macristas, defensores de genocidas y negacionistas del terrorismo de Estado; aparte de enemigos de los derechos de las mujeres y las diversidades y del aborto legal. No defienden la libertad, sino lo más rancio del sistema.

Para los trabajadores, la juventud, los desocupados, los jubilados, que sufren las consecuencias económicas y sociales de los que gobernaron las últimas décadas. El voto al Frente de Izquierda es el único que les duele a los dueños del poder.