Después de varias idas y vueltas, las cosas terminaron de modo previsible. Como no podía ser de otro modo, la mesa de Juntos por el Cambio resolvió apoyar el acuerdo del gobierno con el FMI y anticipó que lo acompañará en el Congreso. El anuncio fue hecho por todos los miembros del espacio, incluida Patricia Bullrich que había pedido que el gobierno saque el acuerdo por decreto. Cuando se trata del FMI, no hay lugar para divisiones entre “halcones” y “palomas”. Se impuso el criterio del FMI, que había advertido que su directorio solo trataría un acuerdo que tenga la aprobación del Congreso. La exigencia, claro, no responde a un apego institucional sino a la intención de que todas las fuerzas patronales pongan sus huellas en el pacto y asuman el costo de su aplicación.

La decisión de apoyar el acuerdo dejó atrás el reclamo elemental formulado por varios de sus dirigentes de conocer la “letra chica” antes de fijar una posición definitiva. Optaron, así parece, por brindar un apoyo incondicional, algo clásico cuando se trata de acuerdos con el FMI. El pedido de “que no haya aumento de impuestos” no debe entenderse siquiera como condición, ya que el proyecto de ley que llegue al Congreso con seguridad no entrará en esos detalles. Además, la solicitud debe tomarse como de quien viene. No puede pasarse por alto que Larreta viene de crear un impuesto a las tarjetas de crédito en la Ciudad y estableció un aumento del ABL y de Ingresos Brutos. Los gobernadores radicales, por su lado, suscribieron el llamado “Consenso Fiscal” que implica impuestazos por parte de los Estados provinciales. Así, el reclamo se reduce a que no se suban las retenciones, algo que estaría por demás justificado ante el aumento internacional del precio de la soja.

El apoyo dado por el macrismo también anticipa que el conflicto abierto entre el Estado nacional y el de la Ciudad por la transferencia de los colectivos y los subsidios a la energía eléctrica marcha a un compromiso. Es que no se puede apoyar un acuerdo con el FMI y a la vez rechazar sus principales reclamos, entre los que figuran los tarifazos a los servicios y al transporte público.

Según los voceros del macrismo y de sus aliados, el apoyo se funda en que debe evitarse el “default”. Sin embargo, el argumento carece de sustento y contradice lo que señalaron varios de sus economistas, que advirtieron que en el mejor de los casos el acuerdo posterga por un par de años los pagos, con el agravante que coincidirán con los principales vencimientos de la deuda privada reestructurada. Por este motivo a partir del 2025 empiezan a acumularse vencimientos por completo impagables para el país. Varias agencias internacionales ya anticiparon que una nueva reestructuración de deuda es inevitable, lo cual seguirá dejando por las nubes el riesgo país e impedirá el acceso al financiamiento internacional.

Llamativamente, la decisión de Juntos por el Cambio coincidió con el anuncio de varios diputados camporistas de que los diputados que responden a Máximo Kirchner se “abstendrán” para no entorpecer al gobierno nacional. Como se ve, la presión del FMI abarca desde la derecha a la izquierda de la burguesía. Lo que se dice, una cuestión de Estado.

La unanimidad que va alcanzando en la politiquería local no asegura la reciprocidad del FMI y de los principales Estados que controlan el mayor número de votos. Los voceros del Fondo siguen presionando públicamente por tarifazos, quita de subsidios, devaluaciones y más ajuste. Atienden a su propia interna, generada por sectores del capital financiero que quieren un ajuste que permita la revalorización de los bonos que tienen en su cartera. Es que los partidos que nos han gobernado en los últimos años han reducido a la Argentina al estatus de colonia financiera.

El apoyo del macrismo al acuerdo debiera ser suficiente para eliminar toda duda sobre su carácter ajustador y entreguista. A la vez, el arrugue de La Cámpora, que no se anima ni a un voto en contra pasivo, redobla la responsabilidad de la izquierda y de los sectores que se movilizaron el martes 8 para profundizar una campaña que tienda a conquistar a la mayoría de los trabajadores y sectores populares en la posición de rechazo y de movilización contra el pacto. Esta es, sin duda, la batalla que se viene.