Como sabemos, el FMI pone el acento en la reducción de los subsidios energéticos y de transporte como forma de viabilizar los objetivos de reducción del déficit fiscal acordados con el gobierno. Esta exigencia ya ha despertado los primeros choques entre el gobierno nacional y los provinciales, puesto que ningún mandatario quiere perjudicar a las patronales ni asumir el costo político de aplicar tarifazos sobre la población, a pesar de que todos cierran filas detrás del acuerdo con el Fondo.

Tal es el caso del conflicto desatado entre el Ejecutivo nacional y Rodríguez Larreta a raíz de que el primero pretende dejar de subsidiar a las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por CABA. El gobierno porteño, por su parte, aduce no tener fondos para costear dichos subsidios, y, por consiguiente, de efectuarse el traspaso el precio del boleto se duplicaría. Desde la presidencia sostuvieron que se trataba de una decisión ecuánime, ya que la Ciudad dejaría de tener un trato diferencial y pasaría a recibir las mismas transferencias al transporte que el resto de las provincias, algo que fue respaldado por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien manifestó estar “cansado del porteñismo ilustrado”. Como vemos, el “espíritu federal” del cual se jacta el oficialismo no es más que la democratización de los tarifazos sobre el bolsillo de los trabajadores en todo el territorio nacional.

Otros que han encendido sus alarmas en la misma dirección han sido los gobernadores de las provincias del noroeste y noreste del país. En estos momentos se está desarrollando en Iguazú la 8° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, con la presencia de Gildo Insfrán por Formosa, Osvaldo Jaldo por Tucumán, Raúl Jalil por Catamarca, Ricardo Quintela por La Rioja, Jorge Capitanich por Chaco, Gerardo Morales por Jujuy, Gustavo Valdés por Corrientes y Gustavo Sáenz por Salta. Allí, oficialistas y opositores consignarán el reclamo de que Nación conceda tarifas diferenciadas en sus respectivas jurisdicciones sobre las que acechan altas temperaturas, temerosos de que el encarecimiento de la boleta de luz despierte un repudio generalizado entre la población sumamente empobrecida. Contradictoriamente, son los mismos gobernadores los que acompañan la hoja de ruta del FMI, al punto tal que firmaron el Consenso Fiscal de ajuste e impuestazos y expresaron su apoyo al preacuerdo alcanzado.

Sucede que por más que el gobierno quiera disimular la magnitud los aumentos que se avecinan, asegurando que no superarán el 20% y solo el sector con mayor poder adquisitivo deberá afrontar una suba mayor, a nadie se le escapa que estamos frente a un esquema de tarifazos permanentes, donde los incrementos pautados para marzo serán solo el comienzo.

Sin ir más lejos, el interventor de Energas, Federico Bernal, ha dado a conocer mediante documentos oficiales, que, finalizadas la audiencias públicas, en marzo se harán efectivos los aumentos para las distribuidoras y transportadoras, los cuales se traducirán en una suba del 20% en la boleta de gas. No obstante, los subsidios al precio de la oferta mayorista de gas permanecerán intactos, donde el Estado nacional asume el 70,9% del mismo. Cabe destacar que la resolución anunciada se halla bajo la forma de Proyecto de Adenda al Acuerdo Transitorio de Renegociación, con lo que si el gobierno decide finalmente reducir los subsidios, las empresas encargadas de la distribución y transporte que hoy aceptaron determinado aumento forzarán nuevos.

Mención aparte merece la suba concedida con el único fin de incrementar los márgenes de ganancia de los empresarios involucrados, a libro cerrado, sin evaluar los costos reales ni la inversión realizada hasta el momento, sin dudas deficitaria teniendo en cuenta que el 34% de los hogares del país no tiene acceso al gas de red, según el Indec.

De todas formas, el gobierno no podrá dilatar indefinidamente la reducción de dichos subsidios si pretende arribar a las metas fiscales y de restricción a la emisión monetaria impuestas por el FMI. Para mantenerlos en los niveles actuales, “la Secretaría de Energía necesitaría sumar $81.000 millones a los $135.000 millones que ya tiene asignados presupuestariamente al fin de subsidiar los consumos de gas” (El Cronista, 11/2). Como hemos mencionado, con las revisiones trimestrales del Fondo se abre un régimen de cogobierno y chantaje donde los desembolsos del organismo quedarán condicionados a la evolución del ajuste y la tendencia a capitular por parte de Alberto Fernández se acentuará. Incluso, el propio documento presentado por la cartera oficial para las audiencias públicas sugería que los subsidios estatales debían cubrir solo el 44% del precio mayorista del gas, compensando esta poda con aumentos de hasta el 47% en la boleta.

Esto, sumado a los altos costos que acarrea la importación de gas -cuyo precio internacional se encuentra en alza- para suplir el déficit energético. En ese sentido, entre el 10 y 15 de marzo llegará un cargamento de GNL importado a la planta regasificadora de Escobar a “a un precio de US$ 27,24 por millón de BTU, una cifra estratosférica que más que triplica la media de 2021” (Ecojournal, 8/2). A su vez, se estima que en el año a la planta ubicada en Bahía Blanca arriben 20 cargamentos de GNL provenientes del exterior por un costo aproximado de USD 1.500 millones. También se acaban de licitar cargamentos de gasoil y fuel oil por USD 800 millones para abastecer a las centrales termoeléctricas ante la falta de gas natural, por los cuales se deberá pagar entre USD 13 y USD 16 por encima del precio del Brent.

Con todo, la llegada de nuevos tarifazos en el gas y la luz está asegurada, así como también la inminente suba en el transporte de CABA adelanta un encarecimiento del boleto en todo el país. Lo anterior coloca en una encerrona al gobierno que se apresta a cumplir con los dictámenes del FMI, sin embargo camina con pies de barro ante la posibilidad de una irrupción popular contra estas medidas. El mismo temor envuelve al conjunto del régimen político y ese es el trasfondo de las diferentes disputas alrededor de los subsidios. Finalmente, existe plena conciencia de que los deteriorados ingresos de la población trabajadora no resisten un nuevo golpe y que, por otra parte, las políticas fondomonetaristas han atizado la llama de los recientes levantamientos latinoamericanos y hasta el propio aumento de tarifas ha actuado como detonante en muchos casos.

A este andamiaje inviable de subsidios millonarios al capital y tarifazos permanentes debemos contraponerle la apertura de los libros de las empresas en pos de frenar los aumentos en puerta y fijar tarifas acordes las necesidades populares. A su vez, es preciso avanzar en la nacionalización bajo control obrero de la industria energética y el trasporte para terminar con la huelga de inversiones imperante, contribuir con el desarrollo productivo del país y poner estos recursos al servicio de las mayorías.

 

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